La inversión en primera infancia es la más redituable a lo largo del ciclo de vida (Heckman, 2006). El rendimiento de esta inversión se refleja en mejor desempeño escolar; reducción de la necesidad de recursos públicos para la asistencia social; mayor probabilidad de obtener mejores empleos e ingresos; incluso rompe con la pobreza intergeneracional (Calman, L y Tarr-Whelan, L, 2005).
Es necesario que existan políticas públicas dirigidas a atender a la primera infancia. Actualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no es distribuible por grupo etario. Este trabajo estima la inversión potencial en primera infancia propuesta en el PEF 2022 a través de la Ruta de Inversión Pública Para Primera Infancia (RIPPI), utilizando un enfoque de derechos y de inversión para el desarrollo sostenible.
La inversión en la primera infancia es la más rentable en la vida de las personas. La inversión en programas de alta calidad para las personas desde el nacimiento y hasta los cinco años de edad puede llegar a tener un rendimiento anual de hasta el 13% (Heckman, 2006). El rendimiento de esta inversión se refleja en mejor desempeño escolar; reducción de la necesidad de recursos públicos para la asistencia social; mayor probabilidad de obtener mejores empleos e ingresos; incluso rompe con la pobreza intergeneracional (Calman & Tarr-Whelan, 2005). Estos efectos de la inversión en primera infancia abonan al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucra políticas económicas y sociales. Estas políticas deben permitir el ejercicio del conjunto de derechos de los que la niñez es titular, además de combatir la pobreza y desigualdad (UNICEF, 2012). En México, 54.3% de la población menor de 5 años se encuentra en situación de pobreza (CONEVAL, 2020). Por lo tanto, resulta necesario que existan estrategias y políticas públicas con presupuesto donde participen activamente los gobiernos de los distintos niveles, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad, en pro de la primera infancia (UNICEF, 2012).
Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aspiran a un mundo más justo basado en derechos, lo cual compromete a todas las partes interesadas a trabajar en la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, en el desarrollo social y la protección ambiental que beneficie a toda la población, incluyendo a la primera infancia y las generaciones futuras (PNUD México, 2019). Por ello, vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con acciones y programas que trabajen por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 es necesario. Si no existe esta correcta vinculación no es posible saber si los recursos se están invirtiendo en los destinos que abonan al desarrollo y se dificulta hacer el seguimiento de sus resultados (SHCP y PNUD, 2017).
La presente investigación tiene como objetivo estimar la inversión en primera infancia que realiza el Gobierno de México en 2022, desde un enfoque de derechos y para alcanzar el desarrollo sostenible que propone la Agenda 2030. Este ejercicio permite identificar las brechas de financiamiento y áreas de oportunidad para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la población entre cero y cinco años de edad, así como las acciones que abonan a alcanzar los ODS que benefician a las generaciones presentes y futuras. Los resultados de este trabajo son el inicio de una agenda de investigación. La identificación del presupuesto completo para la primera infancia y la estimación de brechas para alcanzar los ODS permiten establecer líneas de acción futuras para impulsar la inversión en primera infancia desde los gobiernos federal y locales, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la filantropía.
Actualmente, dentro del PEF, no se hace distinción explícita de la inversión pública anual que se destina a la primera infancia. Sin embargo, existen algunos estudios que han construido metodologías para tratar de identificar el gasto que se le destina (Pacto por la primera infancia, 2021; UNICEF, 2011; UNICEF et al, 2015).
Los trabajos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2011) y el Pacto por la primera infancia (2021) realizaron un análisis de los programas presupuestarios (PPs). Ambos estudios parten del anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (ATANNA). Además, clasifican el gasto en los cuatro derechos fundamentales que establece la Convención de los Derechos del Niño (CDN):
- Supervivencia
- Desarrollo
- Protección
- Participación
UNICEF (2015) clasifica el presupuesto de acuerdo con 10 temáticas de gasto. A diferencia de la literatura preexistente, este estudio hace un análisis completo del presupuesto, lo que permite identificar una gama más amplia de los PP que pueden beneficiar a la primera infancia. Además, al incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible se permite una visión de la inversión de la primera infancia con impactos interseccionales tangibles en el largo plazo.
La pregunta de investigación que se responde en este trabajo es: ¿Cuál es la inversión en primera infancia que se puede identificar en el presupuesto federal y cómo esta abona a los ODS? Para responderla, se construye una Ruta de la Inversión Pública en Primera Infancia (RIPPI) que identifica el presupuesto público federal asignado a la primera infancia. Esta RIPPI parte del PEF y emplea un enfoque de derechos que incluye la Convención de los Derechos del Niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (LGPSACDII) e incorpora la agenda para lograr el desarrollo sostenible.
La metodología utilizada en este trabajo puede ser replicable a otros contextos y otros tiempos, lo que es una oportunidad para que los gobiernos locales puedan identificar de forma más amplia la inversión pública en la primera infancia.
Otra aportación de este trabajo es la estimación de las brechas de financiamiento existentes en la inversión de los ODS con perspectiva de primera infancia. Lo anterior con el objetivo de señalar en qué ODS se puede aumentar la inversión y, que hacerlo a través de la primera infancia, es redituable e integra una visión de sostenibilidad de largo plazo. Estas brechas de financiamiento podrán ser utilizadas para que los diferentes agentes económicos (gobierno federal, gobiernos locales, empresas, ayuda internacional y otros) puedan identificar áreas de oportunidad para potenciar la inversión a primera infancia con perspectiva de desarrollo sostenible.
Este documento menciona en primer lugar, una serie de motivaciones por las cuales la inversión en primera infancia es rentable y necesaria. En segundo lugar, se aborda el marco teórico normativo del trabajo, el cual comprende tres apartados:
- El marco normativo internacional y mexicano de los derechos de la niñez.
- La planeación y presupuestación para la primera infancia.
- El desarrollo sostenible.
En tercer lugar, se discuten las metodologías, que existieron previas a este trabajo, para identificar la inversión en primeria infancia y se describe la metodología utilizada en este documento. La metodología que se propone en este trabajo es una de las principales aportaciones a la construcción del conocimiento sobre la inversión en la primera infancia ya que incorpora la visión de desarrollo sostenible a diferencia de sus antecesoras. En cuarto lugar, se presentan los resultados de la RIPPI. Aquí se identifica el financiamiento destinado a atender los derechos de la primera infancia y se calcula la brecha de financiamiento para inversión en primera infancia para alcanzar los ODS. Este último resultado puede servir como referencia para los agentes interesados en invertir en la agenda para el desarrollo. Finalmente, se plantean las conclusiones y futuras líneas de investigación.
