Columna de Héctor  Villarreal Paez en el periódico Milenio – 31 de agosto de 2015

Hace poco más de tres meses comenzó lo que hoy se conoce como Colectivo por un Presupuesto Sostenible (www.colectivopeso.org). El colectivo lo conforman nueve organizaciones de la sociedad civil, plurales y con enfoques metodológicos muy heterogéneos. Con todas las diferencias entre ellas, existe una fuerte coincidencia de diagnóstico: el sistema fiscal mexicano no cumple con las expectativas de la población, su rol como acicate del desarrollo es en el mejor de los casos limitado y en su estado actual simplemente no es sostenible.

Es necesaria una reforma fiscal a fondo que evalúe y proyecte gastos, ingresos y deuda del gobierno en lo inmediato y en el largo plazo. La sociedad civil tiene la madurez para ser parte de este proceso de transformación. Con un largo trabajo de trasfondo, puede ser un complemento muy valioso de los actores políticos tradicionales. En este espacio quiero resumir la discusión que se ha tenido sobre el replanteamiento del gasto público federal en un marco presupuestario.

Los esfuerzos por transparentar el gasto público a nivel federal han sido notables. Sin embargo, transparencia no implica calidad en el gasto. Uno de los problemas principales se deriva de que hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) descansa sobre una estructura programática arcaica. Muchos de los programas que la conforman no cuentan con reglas de operación; varios de ellos no han sido evaluados; la gran mayoría de las evaluaciones son de gestión (no de impacto), por lo que es difícil saber que efectos tiene el gasto público; por último, es poco lo que se toman en cuenta las evaluaciones para diseñar presupuestos.

Quizá el cambio más necesario, por el lado del gasto, es abandonar el enfoque de quién gasta (qué dependencia realiza el ejercicio) y sustituirlo por uno de para qué se quiere gastar. Esto implicaría ser muy explícitos en cuáles son las funciones del gobierno. Teniendo los objetivos claros, lo siguiente es evaluar la incidencia: quién se beneficia y cómo se financia ese gasto, para posteriormente revisar su sostenibilidad (viabilidad de largo plazo). Hay dos grandes apartados donde es urgente aplicar esta lógica.

El primero se refiere al Estado del bienestar (o Estado social, Piketty dixit). Esto implicaría revisar el gasto en educación pública: niveles, montos, distribución geográfica, etcétera, y todas las erogaciones en seguridad social. Hoy en día se discute universalizar la seguridad social al menos en sus componentes de los sistemas de salud y alguna pensión mínima garantizada. Sin embargo, si no se consideran coberturas (siendo muy claros sobre los beneficios y la población objetivo) y fuentes de financiamiento, dicha política pública difícilmente va a ser realidad.

La inversión pública en infraestructura representa el otro gran reto para el gasto público en México. El país históricamente ha tenido niveles de inversión pública bajos. Hubo un esfuerzo por aumentarla en los últimos años, si bien todavía es muy pequeña cuando se le compara con la de las economías emergentes asiáticas. Aquí el conflicto es considerable: cuando comienzan los recortes presupuestarios casi siempre se inicia por la inversión. Reconociendo que la falta de infraestructura es un obstáculo para el crecimiento, queda claro el círculo vicioso que se puede generar: pocos recursos-poca inversión-pocos recursos. Por ende no es prescindible la reflexión del tipo de inversión física que necesita el país y cuáles serían sus fuentes de financiamiento (remitirnos al Plan Nacional de Desarrollo es una mala broma).

El replanteamiento del gasto público se da en un contexto de altísima astringencia de recursos públicos. La competencia entre rubros va a ser brutal. Es imperante que el gasto público, articulador de todas las políticas públicas, se discuta abiertamente y con criterios técnicos. El proyecto país pasa por un sistema fiscal sólido. La sociedad civil quiere participar en su construcción.

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