ECONOMÍAHOY.MX – 13/12/2017
Implementar una política tipo ingreso básico en México, reduciría el nivel actual de desigualdad de 0.498 a 0.370 y hasta 0.294 medida con el coeficiente de Gini, el cual calcula la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos de la población.
De acuerdo con un comunicado del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el ingreso básico significa una transferencia monetaria de manera uniforme, individual y periódica a toda la población, independientemente de su condición laboral, económica, fiscal o social, Si se considera a toda la población mexicana en 2016, los beneficiarios de una política tipo ingreso básico ascenderían a 122 millones 273,473 personas, incluyendo niños, presos, pensionados e inmigrantes permanentes, aunque sigue el debate sobre si incluir a estos últimos o no.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo Social (Coneval), del total de la población en 2016 el 35% se encontraba en situación de pobreza y 7.6% en situación de pobreza extrema. Por otro lado, 50.6% percibía un ingreso inferior a la línea de bienestar y 17.5% percibía un ingreso inferior a la línea de bienestar mínima. En contraste, sólo el 22.% eran considerados como población no pobre y no vulnerable por carencias sociales. Además, el 49.4% percibía un ingreso a la línea de bienestar.
El costo fiscal y el beneficio social de esta política dependerá del monto monetario que pretenda transferirse. El costo fiscal y el beneficio social de eta política dependerá del monto monetario que pretenda transferirse.
El costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar mínima rural, para el año 2016, sería de 7.0% del Producto Interno Bruto (PIB); el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar mínima urbana, para el año 2016, sería de 9.9 % del PIB; el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar rural, para el año 2016, sería de 12.9 % del PIB y el costo fiscal de entregar un ingreso básico equivalente a la línea de bienestar urbana, para el año 2016, sería de 20.0 % del PIB.
Una de las ventajas económicas que tendría la implementación del ingreso básico, es la sustitución de otros programas sociales con los mismos objetivos de reducción de pobreza y de desigualdad como PROSPERA, PROAGRO o subsidios; el incentivo para los niños y jóvenes a mantenerse estudiando; el empoderamiento a los desempleados para que busquen empleos mejor pagados y el otorgamiento del mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas, entre otros. Una desventaja económica es el desincentivo al trabajo remunerado y por ende, la disminución en la recolección de impuestos al ingreso.
Ricardo Cantú Calderón, director de CIEP, señaló que es necesario realizar investigaciones más profundas para determinar los valores aplicables a 2018, así como las consecuencias probables en la economía y los efectos macroeconómicos en el empleo, consumo general, producción y bienestar social, entre otros factores.
