DEUDA

El 2017 será el primer año, desde 2007, en el que el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) logre una disminución como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Este pasará de 50.1 % del PIB en 2016, a 48.0 % en 2017 y posteriormente a 47.3 % en 2018; sin embargo, de 2013 a 2018, el SHRFSP estimado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), creció en 9.6 % del PIB.

En 2018, el costo financiero de la deuda ascenderá a 2.9 % del PIB, con un incremento real de 9.7%, comparado con lo estimado para 2017. Para el mismo año, los Requerimientos Financieros del Sector Público serán de 2.5 % del PIB.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los ingresos presupuestarios estimados en la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) 2018, sin incluir la deuda, representan el 22.9 % del PIB. Esta cifra es muy similar a la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017, la cual es de 23.0 %. En cuanto a los ingresos tributarios, estos se mantienen en 13.0 % del PIB, mientras que los petroleros han disminuido año con año.

De acuerdo con la tendencia de los últimos seis años, se observa que la recaudación tributaria pasó de representar 9.7 % del PIB en 2013 a 12.9 % en 2015; sin embargo, la recaudación no ha logrado aumentar más de esta cifra, si se tiene en cuenta que para 2018 se estima que la recaudación tributaria represente el 13.0 % del PIB.

INGRESOS POR ENERGÍA

En 2013, año en que se promulgó la Reforma Energética, los ingresos derivados del sector (considerados como la suma de los ingresos propios de Petróleos Mexicanos, los de la Comisión Federal de Electricidad y los ingresos petroleros del gobierno federal) representaban ingresos equivalentes al 9.9 % del PIB, mientras que en 2018 se proponen en 5.3 %; sin embargo, 2018 será el único año de esta administración en que el sector energético proponga enterar mayores ingresos a la Federación, con respecto al año anterior (crecimiento real de 3.1 %); sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el sector energético no aportará más de 5.3 % del PIB a mediano plazo (2018-2023).

GASTO PÚBLICO

Para 2018, el Ejecutivo Federal propone gastar $5,236,375.6 millones de pesos (mdp), lo que significa 2.2 % más, en términos reales, de lo que se aprobó el año anterior, que representa el 22.9% PIB, según se establece en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Si se decidiera repartir equitativamente el presupuesto entre todos los mexicanos, a cada uno les tocaría 41,979.10 pesos; esto es, 2,748.94 pesos menos de lo que se gastó por persona en 2013. En otras palabras, aunque el presupuesto propuesto es mayor que el año anterior, este incremento no alcanza a compensar el efecto inflacionario y el aumento de la población, a través del tiempo.

Con el paso de los años, los recursos disponibles para proveer de bienes y servicios a la población, que impactan directamente al ciudadano, han decrecido. En 2013 el gasto programable representaba el 21.0 % del PIB; para 2018 se propone asignar 16.9 % a este rubro, incluyendo el pago en pensiones que se ha pasado de 2.9 a 3.5 puntos del PIB, reduciendo aún más el espacio fiscal para ejercer política pública. Esta reducción también ha ido en detrimento de los sectores productivos, especialmente, agricultura, comunicaciones y transportes, combustibles y energía, la inversión y algunos otros subsidios; lo que tendrá efectos, en contra del crecimiento, en el mediano y largo plazo.

GASTO FEDERALIZADO

Las participaciones y las aportaciones incrementarían 3.7 % y 0.5 % real, respectivamente, en 2018. A pesar de que representan el 85.3% del gasto federalizado, este último disminuiría 0.9% real, porque la promoción de acciones de desarrollo regional, componente principal del Ramo 23, disminuiría 80.7% real el próximo año. La Ciudad de México sería la entidad federativa que mayor incremento tendría en el total de aportaciones (3.6% real), en cambio, Chihuahua sería el estado con mayor recorte por este concepto (0.6% real). Los municipios de Sinaloa tendrían recortes del 18.3% real en participaciones por parte del Fondo de Fomento Municipal y los municipios de Jalisco tendrían incrementos del 16.9% por este tipo de participaciones en 2018.

PENSIONES

El presupuesto propuesto para el pago de pensiones sigue aumentando. En los últimos seis años el presupuesto de las pensiones contributivas ha crecido 37.3%, pero las no contributivas ha caído 24%, privilegiando el pago de pensiones de mayor monto a los deciles más altos de la distribución de ingresos del país. El gasto en pensiones presiona las finanzas públicas, debido a que seguirá aumentado hasta 2055 y se extinguirá hasta 2120, dejando poco espacio fiscal para operar otras políticas públicas como educación y salud. Esto tiene consecuencias en la generación del capital humano de esta y las siguientes generaciones.

SALUD

El gasto público en salud sigue con tendencia a la baja, mientras que en 2013 era equivalente al 3.5 % del PIB, para 2018 se propone un gasto de $568,577 mdp, equivalentes al 2.5 % del PIB. Además, la asignación de recursos refleja la regresividad de la política del gasto en salud. Los recortes a la Secretaría de Salud (4.6 % menos en comparación al PEF 2017) y en particular, al Seguro Popular ($3,019 mdp menos que en el PEF 2017), tienen mayor incidencia en la población con menores ingresos. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que atienden a poblaciones con un mayor nivel de ingresos, presentan aumentos a su presupuesto por $6,420 y $21 mdp, respectivamente.

EDUCACIÓN

Para 2018 se propone gastar en educación 1.4 % menos que lo aprobado para 2017. La educación superior es la más afectada a raíz de este recorte. El PPEF sugiere disminuir los subsidios para las universidades estatales, mantenimiento de infraestructura y se elimina el programa para el pago de pensiones. En cuanto al modelo educativo, esta propuesta prioriza los recursos para Escuelas al CIEN, autonomía de gestión y pago de servicios profesionales en educación normal, este último probablemente relacionado con la contratación de maestros de inglés.

Sin embargo, disminuyó el presupuesto para inclusión y equidad educativa, así como formación y desarrollo profesional docente. De 2013 a 2018 el gasto ejercido para educación básica y media superior ha disminuido 1.2 % y 6.6 %, respectivamente. Por el contrario, el gasto para media superior ha aumentado 1.6 %. En cuanto a acceso al sistema educativo por niveles de ingreso, la educación media superior ha logrado beneficiar a todos los jóvenes entre 15 y 17 años, pero particularmente al 20.0 % de los más pobres. Con respecto a la educación superior, la regresividad de esta sigue siendo notoria. Sin embargo, el aumento de cobertura ha beneficiado en mayor medida a los deciles de ingresos bajos. Finalmente, la propuesta de gasto educativo para 2018 sigue sin priorizar los rubros con rendimientos a largo plazo y de seguir así, se dificulta alcanzar la calidad y equidad del sistema educativo nacional que se propuso esta administración.

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