Importancia y fundamento legal

El trabajo infantil es una problemática relevante en México, con implicaciones significativas en el desarrollo social y económico del país. Este fenómeno comprende la participación de NNA en actividades que no son adecuadas para su etapa de desarrollo, ya sea por su peligrosidad, intensidad o por interferir con su educación. Muchas de estas actividades exponen a niñas y niños a entornos riesgosos, afectan su salud física y emocional, y limitan el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación y a una vida libre de violencia. Estas condiciones, además de obstaculizar su desarrollo integral, pueden generar efectos de largo plazo en su trayectoria de vida (UNICEF s.f.). Esto puede traducirse en fuerza laboral menos calificada a largo plazo y en mayores costos para los sistemas de salud, educación y protección social.

La continuidad del trabajo infantil contribuye a mantener ciclos de pobreza y de desigualdad social, impactando de forma particular a NNA que ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

A nivel internacional, México ha ratificado los principales instrumentos de la OIT: el Convenio núm. 138, que fija la edad mínima de admisión al empleo en 15 años, y el Convenio núm. 182, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil (OIT s.f.). Además, desde 1990, México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la protección contra toda forma de trabajo que perjudique el desarrollo integral de NNA (UNICEF 2019).

Lo anterior se refleja en el artículo 123 de la CPEUM, el cual prohíbe el trabajo a menores de quince años y regula las condiciones para adolescentes trabajadores (Cámara de Diputados 2025). Esta disposición se refuerza en la LFT y en la LGDNNA, que asignan responsabilidades a las autoridades para prevenir y sancionar estas prácticas.

Finalmente, en el marco de la Agenda 2030, México se comprometió a cumplir con la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea eliminar el trabajo infantil en todas sus formas para 2025 (Naciones Unidas s.f.).

Objetivo del documento

La presente investigación tiene como propósito analizar la situación actual del trabajo infantil en México, identificar sus principales causas y consecuencias, y examinar el gasto público dirigido a cumplir con los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.

Trabajo Infantil en México

El trabajo infantil comprende todas aquellas actividades laborales realizadas por NNA que afectan su desarrollo físico, mental, emocional o social, o que interfieren con su educación. Por lo anterior, en México se considera como trabajo infantil tanto las actividades económicas no permitidas por debajo de la edad mínima legal (15 años), como los quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas o peligrosas para menores de edad (INEGI 2023).

Tipos de trabajo infantil

Existen dos tipos de trabajo infantil:

Ocupación no permitida:

Comprende las actividades realizadas por menores de 15 años, así como aquellas desempeñadas por adolescentes de entre 15 y 17 años en contextos considerados peligrosos o prohibidos por la normativa laboral.

Quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas:

Tareas no remuneradas realizadas dentro del hogar que pueden poner en riesgo la salud o seguridad de quienes las ejecutan, ya sea por su intensidad, duración excesiva o exposición a situaciones peligrosas.

Adicionalmente, en ocasiones, NNA participan de forma simultánea en ambas categorías, combinando actividades económicas no permitidas con tareas domésticas realizadas en condiciones inapropiadas.

NNA en situación de trabajo infantil

De acuerdo con la ENTI 2022, en el país 3.7 millones de NNA de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, lo que representa el 13.1% de la población en ese rango de edad. Esta cifra representa un incremento de 1.7 puntos porcentuales respecto al año 2019 (INEGI 2022).

Al desagregar por tipo de trabajo (Figura 1), para 2022 se registraron 1.8 millones de NNA que participaban exclusivamente en ocupaciones no permitidas; 1.6 millones involucradas solo en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y más de 317 mil que realizaban simultáneamente ambas formas de trabajo. Estas cifras muestran no solo la persistencia del fenómeno, sino también un repunte en todas las formas de trabajo respecto a 2019, especialmente en los quehaceres domésticos no adecuados, que crecieron de 1.2 a 1.6 millones de personas en ese periodo.

Asimismo, de acuerdo con los datos de la ENTI, existe una mayor proporción de varones en esta condición: 2 millones 245 mil 614 niños (60.2%) frente a 1 millón 486 mil 253 niñas (39.8%), lo que refleja diferencias significativas en la forma en que se distribuye el trabajo infantil entre géneros, principalmente porque la mayoría de las niñas se encuentra involucrada en las actividades domésticas. Adicional a esto, es importante considerar que, tres de cada diez NNA que se encuentran en situación de trabajo laboral, no asisten a la escuela.

Causas estructurales

El trabajo infantil en México es un fenómeno influenciado por múltiples factores estructurales que interactúan en distintos niveles sociales, económicos y culturales (INEGI 2018). Muchas familias de ingresos limitados dependen de la participación económica de sus hijas e hijos para complementar el sustento del hogar. La precariedad laboral de los adultos también contribuye al trabajo infantil, así como la carencia de empleos estables, con seguridad social y salario suficiente.

Los gastos asociados a la educación, como materiales, uniformes o transporte, así como la necesidad de apoyar con actividades domésticas o remuneradas, contribuyen a la deserción escolar y dificultan la permanencia de las infancias en el sistema educativo formal.

Asimismo, factores culturales y sociales influyen en la perpetuación del trabajo infantil. En distintos contextos, el trabajo infantil es tolerado o incluso valorado como una forma de adquirir responsabilidad, habilidades o como un mecanismo de socialización para la vida adulta.

Estas percepciones se transmiten desde el entorno familiar y comunitario, y pueden fomentar la participación laboral de NNA desde edades tempranas (OIT 2002).

La desigualdad económica y la exclusión social agravan estas condiciones. Grupos de mayor vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas o rurales, enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos y oportunidades laborales, lo cual aumenta el riesgo de que las NNA se incorporen al trabajo desde edades tempranas.

Por último, la falta de articulación de políticas públicas en materia de protección social contribuyen a la situación. La cobertura limitada de programas y la ausencia de alternativas para familias con altos niveles de carencia social dificultan los esfuerzos para prevenir y erradicar este fenómeno.

Gasto público para erradicar el trabajo infantil

El gasto público destinado a la erradicación del trabajo infantil constituye un elemento clave para la implementación efectiva de políticas orientadas a garantizar los derechos de NNA. En México, este presupuesto se canaliza principalmente a través de UR que realizan acciones contra el trabajo infantil, identificadas dentro de los ramos que intervienen en el Anexo Transversal 18 “Recursos para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes” ¹.

En el PEF 2025, se identifican 93.7 mdp destinados a estas UR. Esta cifra representa, en términos reales, una disminución de 7.9% respecto a lo aprobado en 2024. Sin embargo, es importante destacar que, aunque en 2024 se aprobaron 101.7 mdp, se ejerció el 58.6% de ese presupuesto, lo que evidencia una brecha entre la asignación de recursos y su ejecución efectiva (Figura 3).

La evolución del presupuesto entre 2020 y 2025 muestra una tendencia variable. En 2021 se registró el mayor monto ejercido con 84.1 mdp, destacando la participación del IMJUVE y de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA. Para 2022, el presupuesto total se redujo a 52.2 mdp, marcando un importante descenso respecto al año anterior. Durante 2023 y 2024, los recursos ejercidos se mantuvieron relativamente estables.

No obstante, este comportamiento presupuestario revela que el gasto público para enfrentar el trabajo infantil ha sido inconsistente y, en algunos casos, subejercido. Esto plantea desafíos importantes no solo en términos de suficiencia de recursos, sino también en relación con su planeación, ejecución y seguimiento.

Implicaciones de política pública

La persistencia del trabajo infantil en México evidencia la necesidad de construir intervenciones integrales que combinen regulación laboral, protección social, acceso efectivo a la educación, fortalecimiento comunitario e institucional, y una asignación presupuestaria adecuada y consistente.

En este marco, el presupuesto público es un componente central ya que constituye una herramienta que traduce el compromiso del gobierno con la garantía de derechos de NNA. Sin embargo, el análisis del presupuesto destinado a la erradicación del trabajo infantil muestra varios retos. Para 2025, se identifican recursos canalizados a través de UR vinculadas al tema, pero que no se encuentran enmarcados dentro de programas presupuestarios específicos que atiendan de forma directa esta problemática.

Además, la evidencia reciente indica que en 2024 solo se ejerció el 58.6% de los recursos aprobados, lo que apunta a problemas no solo de suficiencia presupuestaria, sino también de subejercicios en el gasto de estas UR.

Ante este panorama, es fundamental avanzar hacia el diseño e implementación de programas presupuestarios específicos que atiendan de manera directa el trabajo infantil. Esto permitiría fomentar la eficiencia y efectividad del gasto, mejorar la rendición de cuentas y lograr atender las causas estructurales del fenómeno.

Fortalecer los recursos para garantizar los derechos de los NNA sería, al mismo tiempo, una estrategia de desarrollo social y económico. Incrementar los esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil evita costos futuros asociados a la baja escolaridad, la informalidad laboral, la exclusión social y los ciclos de pobreza y desigualdad. Por ello, el presupuesto orientado a estas acciones debe entenderse como una inversión de largo plazo con efectos positivos para la sociedad.