1 Introducción

La economía del cuidado está en el centro del desarrollo económico y social, al garantizar la sostenibilidad de la vida y de la productividad a lo largo del tiempo. Este concepto reconoce el valor del trabajo destinado a atender a personas que requieren apoyos específicos para su desarrollo y bienestar. La construcción de un Sistema Nacional de Cuidados SNC es un paso para garantizar derechos, reducir desigualdades de género y mejorar el bienestar social. En este sentido, el presupuesto público es una herramienta clave para visibilizar recursos, dimensionar su alcance y evaluar el grado de compromiso con la consolidación del SNC.

El PPEF 2026 incorporó por primera vez un anexo transversal para cuidados, con el objetivo de visibilizar el conjunto de recursos destinados a programas relacionados a este ámbito. A pesar de representar un cambio relevante, el diseño de este instrumento plantea interrogantes respecto a los programas incluidos, el alcance de los recursos y la forma en que esto puede contribuir a la consolidación de un sistema integral de cuidados.

1.1 Objetivo de la investigación

Este documento analiza los avances y limitaciones del gasto público en cuidados dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. La propuesta de creación del Anexo Transversal 31 Consolidación de una sociedad de cuidados es un paso hacia el reconocimiento, redistribución y remuneración de los cuidados. Sin embargo, los recursos se identifican en programas preexistentes y no implican financiamiento adicional, ni una estrategia articulada de política pública.

1.2 Marco normativo en materia de cuidados

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo. Este pronunciamiento establece que el cuidado es una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y comprende tres dimensiones inseparables: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2025). La Corte determinó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y presupuestarias que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad al cuidado, así como de promover su reconocimiento social y económico.

En principio, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM reconoce, entre otros derechos, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la familia, el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y el interés superior de la niñez (H. Cámara de Diputados 2025). Aunque aún no señala de manera explícita el derecho al cuidado, en 2020 la Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 4º y 73 constitucionales con el propósito de incorporar el derecho al cuidado digno. Esta misma se encuentra actualmente en el Senado para su análisis. Asimismo, en 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) para definir el trabajo de cuidados y construir una Política Nacional de Cuidados, la cual tendría como objetivo coordinar las acciones gubernamentales y promover la corresponsabilidad entre las familias, el sector privado, la sociedad civil y el Estado (Senado de la República 2024).

La economía de los cuidados se entiende también a partir de un marco internacional que plantea las “5R” (International Labour Organization 2024): reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar el trabajo de cuidados. Reconocer implica visibilizar el valor social y económico de estas actividades; reducir refiere a la creación de políticas que disminuyan la carga de cuidados no remunerados; redistribuir apunta a una corresponsabilidad más equilibrada entre Estado, mercado, comunidad y familias; remunerar busca garantizar que quienes realizan estas labores reciban un ingreso justo y protección social; finalmente, representar se relaciona con incluir las voces de las personas cuidadoras en el diseño e implementación de políticas públicas.

2 PPEF 2026: Anexo 31

En el Paquete Económico 2026 se incorporó el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, el cual tiene el propósito de identificar el gasto público relacionado con este ámbito. El anexo reporta un total de 466,674.9 mdp, lo que equivale al 4.6 % del gasto neto total y al 1.2 % del PIB.

Los recursos se concentran en pocos ramos y programas. De manera particular, tres programas representan más del 80 % del total: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina (27.7 %), los Servicios de Atención a la Salud del IMSS (27.2 %) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (26.4 %). A nivel institucional, la mayor parte del gasto se encuentra en la Secretaría de Bienestar (36.9 %), el IMSS (31.6 %) y la Secretaría de Educación Pública (29.2 %), que en conjunto concentran el 97.6 % de los recursos del anexo.

2.1 Transformar el cuidado en política de Estado

Los anexos transversales son instrumentos del Presupuesto que permiten agrupar recursos de distintos ramos y PPs bajo un mismo objetivo. Su función principal es dar visibilidad y trazabilidad al gasto; sin embargo, no implican recursos adicionales ni constituyen, por sí mismos, una estrategia de política pública coordinada. Los objetivos, indicadores y metas de los PPs que integran los anexos transversales deben establecerse desde su diseño y planeación.

La creación del Anexo 31 representa un avance, ya que permite ubicar los programas que, de acuerdo con la Secretaría de la Mujer, se relacionan con los cuidados. Por tanto, puede entenderse como un primer esfuerzo institucional por transformar la política de Estado respecto al cuidado, aunque aún no ofrece elementos suficientes para evaluar la orientación ni la suficiencia de los recursos destinados a consolidar un SNC.

3 Evolución en el gasto en cuidados: 2025 – 2026

En 2026, los programas identificados con potencial para integrar un SNC, es decir, que tienen una vinculación directa con los cuidados, concentrarían un gasto de 38 mil 596.1 mdp. Este monto representaría una disminución de 18.6 % en términos reales respecto a lo aprobado en 2025. La reducción evidencia que, a pesar de la creación del Anexo 31, los programas directamente vinculados a los cuidados registrarían una disminución en el gasto.

Entre los cambios más relevantes respecto a 2025, destaca la disminución en los PPs de Servicios de asistencia social integral (-96.6 %), Servicios a grupos con necesidades especiales (-23.8 %), y Atención a Personas con Discapacidad (-3.4 %). En contraste, algunos programas presentarían incrementos, tales como los PPs de Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (7.2 %), Expansión de la Educación Inicial (0.5 %) y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (0.5 %).

Asimismo, algunos programas no figuran en la estructura programática y por lo tanto, no reportarían recursos para 2026. El Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, que contaba con 501.9 millones en 2025, fue fusionado con el programa Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, sin embargo, esta fusión impide dar seguimiento al presupuesto específico para los objetivos vinculados a los cuidados. De igual forma, desaparecería el programa de Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como Educación Inicial y Básica Comunitaria, que en 2026 no contarían con una asignación de recursos.

En conjunto, la evolución de estos programas reflejaría una disminución general del presupuesto y cambios sustanciales en su composición, así como la ausencia de criterios para orientar recursos hacia la construcción de un SNC integral.

4 Implicaciones de política pública

La incorporación del Anexo 31 en el PPEF 2026 representa un esfuerzo por visibilizar el gasto público que podría sentar las bases para una sociedad del cuidado. Sin embargo, la implementación de este instrumento plantea diversos retos.

En primer lugar, el Anexo 31 no necesariamente implica recursos adicionales, se trata de una clasificación de recursos ya existentes dentro del PPEF. Asimismo, la ausencia de criterios claros para definir qué programas se incluyen en el anexo limita la posibilidad de evaluar la orientación del gasto.

Por otra parte, la eliminación o fusión de programas que tenían objetivos cercanos a los cuidados genera un panorama que podría dificultar el seguimiento de estos recursos.

Estas decisiones podrían afectar de manera significativa a poblaciones como mujeres cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, cuya situación de vulnerabilidad podría agravarse al limitarse aún más su acceso a servicios públicos de cuidado. Asegurar que los PPs que contribuyen a la sociedad del cuidado incluyan perspectiva de género y atiendan de manera efectiva a la población que requiere y provee cuidado aún es materia pendiente.

La política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo mayor financiamiento, sino también una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social.