En 2026, el Anexo Transversal 13 alcanzará más de 599 mil mdp equivalente al 1.5 % del PIB; sin embargo, más de la mitad de estos recursos se concentran en programas asistenciales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), con beneficios indirectos sobre la igualdad. El Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS) indica que el 29 % de los programas del Anexo 13 está alineado con la perspectiva de género, lo que refleja una integración limitada de la igualdad en el diseño y la ejecución de los programas; destacan el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) con 76 % de alineación, pero 334 mdp, mientras que la PBAM tiene un puntaje de 26 % y un presupuesto de 238 mil mdp en 2024. El crecimiento del gasto etiquetado no garantiza avances sustantivos en igualdad si no se acompaña de una política fiscal feminista integral, con indicadores de resultados, mecanismos de rendición de cuentas y transversalización de género en todo el ciclo presupuestario.

Introducción

La perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que permite identificar, cuestionar y transformar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. Según el European Institute for Gender Equality (EIGE), examina las normas sociales, los roles y las relaciones de poder que determinan las oportunidades, recursos y derechos de las personas, para integrar esta comprensión en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. El objetivo no solo es lograr igualdad formal ante la ley, sino alcanzar una igualdad sustantiva, es decir, que las mujeres y los hombres disfruten de los mismos beneficios del desarrollo y participen en condiciones equitativas en todos los ámbitos (EIGE, 2023).

En México, existe un instrumento presupuestario denominado Anexo Transversal, el cual agrupa recursos públicos destinados a cumplir objetivos de política pública que atraviesan varias dependencias o sectores de gobierno, es decir, que son de carácter interinstitucional y multisectorial. En este caso, se denomina Erogaciones para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres o Anexo 13.

Objetivo

Esta investigación analiza la incorporación de la perspectiva de género en los programas que se incluyen en el Anexo 13 con base en los resultados del ISAIS. En primer lugar, se establece la importancia de cerrar las brechas entre mujeres y hombres en distintos ámbitos, resaltando el económico. Posteriormente, se describe la magnitud de los recursos públicos que contiene el Anexo 13, para dar paso a la metodología y resultados del ISAIS. Finalmente, se abordan las implicaciones de política pública.

¿Por qué es importante la perspectiva de género?

En el ámbito económico y fiscal, incorporar la perspectiva de género implica reconocer que las decisiones presupuestarias y tributarias tienen impactos diferenciados según el sexo y la posición social. Las políticas que promueven la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral y en el emprendimiento no solo corrigen inequidades históricas, sino que también potencian el crecimiento económico (Calviño y Georgieva, 2018). Una mayor participación femenina puede incrementar el PIB en economías emergentes hasta en 8 %, y la paridad plena podría elevarlo en más de 20 % (Calviño y Georgieva, 2018). Integrar la perspectiva de género en la política fiscal, por tanto, mejora la eficiencia asignativa y la sostenibilidad del desarrollo económico.

Además, la perspectiva de género es fundamental para el cumplimiento de los compromisos internacionales, como la Agenda 2030, que demanda transversalizar la igualdad en todas las metas de los ODS.

Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es fundamental para redistribuir responsabilidades entre hombres y mujeres, impulsar la participación económica femenina y promover nuevas masculinidades que contribuyan al bienestar colectivo. En conjunto, la evidencia demuestra que la perspectiva de género es una condición necesaria para construir economías más justas, sostenibles y democráticas (Navarro Sandoval, 2024).

En México, esto se traduce en la obligación de incorporar este enfoque en los programas presupuestarios, planes nacionales y políticas sectoriales. La evidencia muestra que los países que invierten de manera consistente en equidad de género logran mejoras sostenidas en productividad, innovación y bienestar social. Por ello, la perspectiva de género debe considerarse no solo una política social, sino una estrategia económica y de gobernanza democrática (European Investment Bank 2024, World Economic Forum, 2025).

Presupuesto para la igualdad

El Anexo 13 del PEF es el principal instrumento para identificar los recursos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres en México. Sin embargo, aunque su monto ha crecido sostenidamente, alcanzando más de 599 mil mdp en el PPEF 2026, su composición revela importantes limitaciones (ver figura 1).

Los recursos para la igualdad sustantiva alcanzarían el 1.5 % del PIB para 2026, más de la mitad de ellos (55.5%) se concentran en el Ramo 20 Bienestar, principalmente en la PBAM, que por sí sola absorbe casi el 50% del total. Este diseño implica que la mayor parte del gasto etiquetado para igualdad no se destina a acciones que transformen las estructuras de desigualdad de género, sino a programas asistenciales de carácter universal, con beneficios indirectos y sin mecanismos claros de medición del impacto en la igualdad sustantiva (Red por una política Fiscal Feminista et al., 2025).

Por otro lado, el Anexo 13 mantiene una alta concentración en programas sujetos a reglas de operación y escasa diversidad de estrategias. Los recursos orientados a la planeación, evaluación y fortalecimiento institucional son mínimos comparados con las transferencias directas. Esto limita la capacidad del Estado para implementar políticas de igualdad con enfoque estructural e interseccional. Además, el análisis de la ejecución presupuestaria evidencia brechas entre los recursos aprobados y los que efectivamente se gastan, como se muestra en la figura 1. Es necesario pasar de una lógica de gasto etiquetado a una política fiscal feminista integral. Esto implica transversalizar el enfoque de género en todo el ciclo presupuestario, desde la planeación hasta la evaluación; fortalecer los indicadores de desempeño; y vincular la asignación de recursos con resultados medibles en reducción de brechas.

ISAIS (Índice de Seguimiento y Avance de la Igualdad Sustantiva)

El ISAIS es una herramienta desarrollada para medir el grado de incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios que integran el Anexo Transversal 13. Su objetivo es ofrecer un diagnóstico sintético, comparable y verificable sobre la calidad del gasto destinado a la igualdad sustantiva. La metodología del índice se basa en el análisis de seis atributos: multidimensionalidad, oportunidad, orientación a resultados, inclusión, sostenibilidad, así como transparencia y rendición de cuentas. Cada atributo se evalúa a partir de una batería de indicadores construidos con evidencia documental a través de las Reglas de Operación, MIR, Fichas de Indicadores de Desempeño, evaluaciones externas, presupuesto y datos abiertos que permiten asignar puntajes normalizados a cada programa presupuestario.

Los puntajes se promedian y ponderan para obtener un valor entre 0 y 100, donde un mayor resultado refleja una integración más robusta de la igualdad sustantiva en el diseño, ejecución y evaluación del programa. El ISAIS 2024 analizó los 104 programas presupuestarios del Anexo 13 y generó resultados agregados por ramo, tipo de gasto y atributo.

De acuerdo con el diagnóstico, el promedio general fue de 29 %, lo que indica un nivel bajo de incorporación sistemática del enfoque de género. Solo el 21.1 % de los programas incluye objetivos explícitos para cerrar brechas en su MIR; 31.5 % desagrega beneficiarios por sexo, y 22.1 % ha sido auditado con enfoque de género en los últimos cinco años. Además, se observó una correlación negativa entre el puntaje del índice y el monto asignado, esto es, los programas con mejor diseño de igualdad reciben menos recursos.

Entre los casos destacados, el PAIMEF obtuvo una calificación de 76 %, siendo el mejor evaluado en términos de pertinencia, seguimiento y orientación a resultados, pero con un presupuesto de 334 mdp. Por otro lado, la PBAM alcanzó 23.3 % de calificación con 238 mil mdp, evidenciando que tiene una limitada alineación con la perspectiva de género. Las becas educativas presentan mejoras en planeación, pero carecen de métricas para medir reducción de brechas.

El análisis también advierte que las dimensiones de Orientación a resultados, Inclusión y Oportunidad son las más bajas con 14 %, 18.5 % y 18.9 % de calificación, respectivamente, lo que subraya la necesidad de fortalecer la evaluación ex ante y ex post del impacto de género, así como la disponibilidad de información pública y datos desagregados (ver cuadro 2). Los resultados del ISAIS muestran que el incremento del gasto no garantiza la igualdad sustantiva, si no se acompaña de diseños institucionales sólidos, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas con enfoque feminista.

Implicaciones de política pública

Más allá de ser un mecanismo de etiquetado, el Anexo 13 debe transformarse en una herramienta efectiva de política fiscal con enfoque de género, que oriente la asignación de recursos hacia el cierre estructural de brechas. El gasto para la igualdad no puede concentrarse en transferencias universales y esperar la materialización de efectos indirectos, sino que debe priorizar programas con objetivos medibles en autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia. Asimismo, urge fortalecer las capacidades institucionales de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, con financiamiento estable y criterios de evaluación homogéneos que garanticen resultados verificables y comparables entre ramos y entidades de los diferentes niveles de gobierno.

Avanzar hacia una política fiscal feminista implica incorporar el enfoque de género en todo el ciclo presupuestario: planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Ello implica mejorar la calidad y la transparencia de la información presupuestaria, integrar indicadores de desempeño con perspectiva de género y fortalecer la publicación de padrones, evaluaciones y resultados del ISAIS. También se debe ampliar la medición del trabajo no remunerado y de cuidados, reconociendo su valor económico y su vínculo con la autonomía de las mujeres. Lo anterior para que el gasto público contribuya no solo a la igualdad formal, sino al logro de la igualdad sustantiva, conforme a los compromisos de la Agenda 2030.