La Constitución mexicana, en sus artículos 1° y 4°, prohíbe la discriminación por discapacidad y obliga al Estado a garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente. Bajo esta óptica, analizamos cuántos recursos del presupuesto se destinan a esta población. El gasto ejercido aumentó 90 veces más entre 2018 y 2024, al pasar de 304.6 mdp a 28 mil 050.2 mdp. Sin embargo, 97.5 % de estos recursos se concentran en La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, cuya cobertura alcanza 16.8 % de los 9.5 millones de personas con discapacidad en el país, mientras que los programas de educación, salud e inclusión laboral operan con recursos marginales. Cumplir con el mandato constitucional exige diversificar la política pública más allá de las transferencias monetarias.
Este análisis se realizó con el apoyo de Valentina Vélez González, estudiante del Tecnológico de Monterrey.
Personas con discapacidad en México
En 2024, se registró qué, 9.5 millones de personas vivían con discapacidad en México, esto es equivalente a 7.3 % de la población. Predomina en las personas de mayor edad: 50.9 % tenía 60 años o más, y 53.4 % eran mujeres. Esta composición es relevante para el análisis presupuestario porque incide en el perfil de necesidades y en la demanda potencial de apoyos, servicios y cuidados a lo largo del ciclo de vida (INEGI, 2025).
La discapacidad se asocia con una brecha económica observable con montos de ingreso promedio inferior y gastos superiores. En 2024, el ingreso monetario trimestral promedio de las personas con discapacidad fue de 20,782 pesos, frente a 31,098 pesos entre quienes no la tienen (INEGI, 2025).
A su vez, los hogares con al menos una persona con discapacidad registraron un gasto trimestral en salud de 3,415 pesos, superior a los 2,248 pesos de los hogares sin integrantes con discapacidad. Además, presentan mayores egresos en aparatos ortopédicos, terapéuticos y consulta externa. Esta combinación de menores ingresos y mayores gastos implica una estructura de gasto distinta para estos hogares (INEGI, 2025).
Además de las diferencias económicas, también se observan brechas en el mercado laboral, educación y entorno físico. La tasa de participación económica es de 38.0 % entre personas con discapacidad, frente a 60.5 % entre quienes no la tienen. Además, 15.8 % identifica la falta de oportunidades laborales y 31.9 % señala barreras en calles, instalaciones y transporte (CEFP, 2024). En educación, 15.4 % de la población con discapacidad de 12 años y más no sabe leer ni escribir y 57.6 % no asiste a la escuela. Aunque 30.3 % de las personas de 18 a 70 años recibió algún apoyo económico o programa público, persisten brechas estructurales en inclusión laboral y educativa (INEGI, 2025).
El objetivo de esta investigación es analizar el presupuesto que se destina a las personas con discapacidad en México para el periodo de 2018 a 2026 y valorar si los recursos asignados guardan correspondencia con la proporción de la población que vive en esta situación.
Presupuesto para personas con discapacidad
Determinar cuánto presupuesto se destina a las personas con discapacidad requiere identificar y dar seguimiento al gasto más allá de la existencia de un programa específico. Como antecedente, el CEFP identificó siete programas presupuestarios vinculados con la atención a personas con discapacidad dentro de la estructura programática federal (CEFP, 2024).
Identificación de programas presupuestarios
Si bien el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014–2018 estableció un marco estratégico previo, la arquitectura actual del gasto responde a una configuración distinta (Poder Ejecutivo Federal, 2014). En este contexto, la dispersión institucional y la variedad de instrumentos hacen necesario delimitar con precisión qué recursos pueden considerarse efectivamente destinados a esta población.
En términos generales, los programas vigentes muestran alineación con los objetivos del Programa 2014–2018, ya sea de forma directa o funcional. En este marco, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se integró al análisis como un desarrollo institucional posterior al Programa 2014–2018. Esto resulta relevante porque en 2019 se emitieron sus Lineamientos de Operación bajo la Secretaría de Bienestar, con lo que el programa quedó formalmente incorporado a la política pública federal en materia de discapacidad y a la estructura actual del gasto (Secretaría de Bienestar, 2019).
Con este criterio, y a partir de la revisión de las fichas de los programas presupuestarios vigentes, se incluyeron las siguientes unidades o entidades encargadas:
- Atención a personas con discapacidad del ISSSTE (E042) (SHCP, 2025)
- Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del CNDH (E024) (CNDH, 2025)
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente de la Secretaría del Bienestar (S286) (Secretaría de Bienestar, 2025)
- Programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF (S039) (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 2025)
- Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de la SEP (S295) (SEP, 2025)
- Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad de la SEP (S298) (SEP, 2025)
- Desarrollo integral de las personas con discapacidad del CONADIS (P004) (CONADIS, 2025)
Limitaciones metodológicas
El análisis presenta algunas limitaciones derivadas de la disponibilidad y clasificación de la información presupuestaria. En primer lugar, el universo de programas considerado se concentra en aquellos identificados como principales para la atención de personas con discapacidad, por lo que no necesariamente captura todo el gasto público que puede beneficiar indirectamente a esta población a través de programas generales de salud, educación, infraestructura o bienestar.
En segundo lugar, aunque el análisis permite estimar la magnitud y distribución del gasto, no mide de forma directa la efectividad, calidad o suficiencia de los bienes y servicios entregados. Finalmente, la cobertura de la pensión se contrasta con la población total con discapacidad como referencia contextual, pero no debe interpretarse como cobertura formal del programa, ya que no todas las personas con discapacidad cumplen con sus criterios específicos de elegibilidad.
Resultados
El gasto ejercido para las personas con discapacidad aumentó 90 veces, al pasar de 304.6 mdp en 2018 a 28 mil 050.2 mdp en 2024. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 37 mil 192.1 mdp. Este incremento se explica principalmente por la expansión de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que concentra más del 95 % de los recursos. En 2024, este programa ejerció 27 mil 362.4 mdp, equivalentes al 97.5 % del presupuesto total analizado.
Para 2026, la tendencia se mantiene al aprobarse 36 mil 266.0 mdp para la pensión, monto que representa nuevamente 97.5 % del presupuesto. Esta composición del gasto muestra que el crecimiento presupuestario no necesariamente se ha traducido en una expansión de la política pública para las personas con discapacidad en todas sus dimensiones, sino que responde principalmente al fortalecimiento de una transferencia monetaria.
En contraste, los programas relacionados con educación, salud, desarrollo institucional, derechos e inclusión social continúan operando con menores recursos. La clasificación funcional confirma este patrón. En 2024, la mayor parte del presupuesto se concentró en Protección Social, con 27 mil 465.9 mdp, mientras que Educación recibió 570.6 mdp y Justicia, 13.7 mdp. En términos relativos, Protección Social representó el 97.9 % del presupuesto ejercido, Educación el 2.0 % y Justicia menos del 0.1 %.
Estos resultados sugieren que, si bien el presupuesto destinado a las personas con discapacidad ha crecido de forma importante, su orientación continúa concentrándose en el apoyo económico directo, mientras que otras dimensiones, como la inclusión educativa, la accesibilidad, la garantía de derechos y el fortalecimiento institucional, mantienen una participación marginal dentro de la estructura presupuestaria analizada.
En el Cuadro 1 se observa que estos atienden dimensiones fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad, aunque con una capacidad presupuestaria limitada. En 2024, el programa no pensionario con mayor presupuesto fue el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial con 551.3 mdp ejercidos. Le siguieron el Programa de Atención a Personas con Discapacidad con 83.0 mdp; el programa Desarrollo integral de las personas con discapacidad, con 20.1 mdp; y el Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPPEMS) con 19.2 mdp (Ver Cuadro 1).
Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad Permanente
Al ser el programa público con mayor peso dentro del presupuesto federal identificado para personas con discapacidad, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente requiere un análisis particular. El programa registró 1 millón 596 mil personas beneficiarias, quienes reciben un apoyo de 3,300 pesos bimestrales (Presidencia de la República, 2026).
La población objetivo de este programa se concentra en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, así como en personas de 30 a 64 años que habitan en municipios o localidades indígenas, afromexicanas, con alto o muy alto grado de marginación, o en entidades federativas con convenio de universalización.
En México, hay 9.5 millones de personas con discapacidad, la cobertura equivale a 16.8 % de la población, lo que implica que 83.2 % de las personas con discapacidad no recibe esta pensión (INEGI, 2025). Además, entre las personas con discapacidad de 18 a 70 años, el 30.3 % recibió algún apoyo económico o programa gubernamental, lo cual muestra que la cobertura pública general es mayor que la de esta pensión en específico, pero aun así deja fuera a la mayoría de la población adulta con discapacidad (INEGI, 2025).
Esta comparación no debe interpretarse como cobertura formal de la población objetivo del programa, ya que no todas las personas con discapacidad cumplen los criterios de elegibilidad y el indicador de apoyos gubernamentales incluye programas distintos a la pensión; sin embargo, sí evidencia que, aun siendo el programa dominante en términos presupuestarios, su diseño focalizado y el alcance general de los apoyos públicos siguen siendo insuficientes frente al tamaño de la población con discapacidad.
Comparativo internacional
La política de transferencias en México para este grupo de la población es limitada. En América Latina, Brasil, por ejemplo, cuenta con el Benefício de Prestação Continuada (BPC), que otorga una transferencia mensual equivalente a un salario mínimo a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad (Governo Federal do Brasil, 2025).
En las experiencias europeas, Reino Unido opera un sistema más amplio de beneficios por discapacidad, como Personal Independence Payment (PIP), Disability Living Allowance (DLA) y Attendance Allowance (AA), cuyo gasto fue estimado en 39.1 mil millones de libras en 2023-2024; mientras que Australia combina la Disability Support Pension (DSP) con un sistema de servicios y apoyos especializados y reportó alrededor de 754 mil personas beneficiarias del DSP en junio de 2020 (Office for Budget Responsibility, 2024; Australian Institute of Health and Welfare, 2022).
Frente a estos casos, México presenta un esquema con cobertura parcial y sin apoyos complementarios en salud, rehabilitación, cuidados, accesibilidad, educación inclusiva e inserción laboral suficientes en términos presupuestarios.
Aunque la pensión representa un avance relevante en el reconocimiento presupuestario de las personas con discapacidad, no basta para sostener que el gasto federal sea suficiente ni integral. El reto no es solo cuánto se gasta, sino cómo se distribuye: el presupuesto se concentra en una transferencia directa, mientras que los programas orientados a servicios, infraestructura, inclusión educativa, rehabilitación y monitoreo de derechos siguen teniendo un peso marginal.
Implicaciones de política pública
POLÍTICA FOCALIZADA EN TRANSFERENCIAS Los resultados de este análisis muestran que el incremento significativo en el presupuesto para personas con discapacidad responde a la expansión de un solo instrumento, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, cuya cobertura alcanza 16.8 % sigue siendo parcial y su diseño deja fuera a la mayoría de personas adultas con discapacidad en México.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS LIMITADOS La baja participación presupuestaria de los programas orientados a educación, 2.0 % del gasto para población con discapacidad y justicia con menos de 0.1 %, y otros componentes como salud, rehabilitación, accesibilidad e inclusión laboral sugiere que la política pública mexicana en discapacidad opera con una arquitectura institucional dispersa e insuficientemente robusta frente a las brechas documentadas en participación laboral, alfabetización y acceso a servicios.
INSUFICIENCIA DEL MONTO DE LA PENSIÓN En la comparación internacional se evidencia que países como Reino Unido y Australia combinan transferencias monetarias con sistemas de apoyos especializados y servicios complementarios. México tendría que cuatriplicar el monto de la pensión actual para equipararlo al programa de transferencias en Brasil basado en el salario mínimo.
CONTEXTO DEMOGRÁFICO Finalmente, dado que 9.5 millones de personas viven con discapacidad en México y que las proyecciones demográficas apuntan a un envejecimiento poblacional acelerado, la presión sobre este gasto tenderá a incrementarse en los próximos años. Anticipar este escenario mediante una planeación presupuestaria de mediano plazo que contemple tanto la sostenibilidad de la pensión como la expansión de servicios complementarios resulta indispensable para que el crecimiento del gasto se traduce en una atención más integral y no solo en una ampliación del apoyo económico directo.
