La desigualdad de género también se manifiesta en la autonomía del tiempo. Las mujeres concentran la mayor parte del trabajo no remunerado —doméstico y de cuidados— con un promedio de 40.9 horas semanales, más del doble que los hombres (19.5 horas). Esta brecha se intensifica en edades centrales del ciclo de vida, lo que limita oportunidades de empleo, formación y descanso. El trabajo no remunerado es esencial para la reproducción del sistema económico y, de remunerarse, equivaldría al 23.9 % del PIB en 2024. El Anexo 31 —primer esfuerzo presupuestario para consolidar un sistema nacional de cuidados— presenta una alta concentración en transferencias monetarias y no incorpora instrumentos específicos orientados a reducir la sobrecarga de tiempo de las mujeres en edades centrales del ciclo de vida (25 a 49 años). Por lo que, el esfuerzo presupuestario no se traduce en una estrategia sistemática de reducción de la pobreza de tiempo ni en un proceso efectivo de desfamiliarización del cuidado.

Introducción

El tiempo es un recurso finito y, en la práctica, su distribución está determinada por normas sociales y arreglos institucionales. Cuando la carga de trabajo (remunerado y no remunerado) reduce de forma sistemática el tiempo disponible para descanso, autocuidado, formación o participación social, se configura una situación de pobreza de tiempo (Oxfam, 2014; Ortega Gallegos, 2025). Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a las mujeres debido a la división sexual del trabajo, que concentra en ellas el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que incrementa su vulnerabilidad y restringe su autonomía temporal y económica a lo largo del ciclo de vida (Larios Méndez, 2024; D’Alessandro, 2016). Esta sobrecarga se asocia con una mayor incidencia de pobreza entre las mujeres, especialmente cuando destinan cuatro horas o más diarias a estas actividades (Larios Méndez, 2024).

En 2024, el valor económico de estas labores equivalió a 23.9 % del PIB, según la CSTNRHM, lo que evidencia su relevancia económica. No obstante, las políticas públicas han privilegiado transferencias monetarias sobre servicios e infraestructura que permitan redistribuir el cuidado, no solo entre mujeres y hombres dentro de los hogares, sino entre el Estado, el mercado y las comunidades. Por lo que, el diseño del gasto no aborda explícitamente la sobrecarga de tiempo que enfrentan las mujeres en edades centrales del ciclo de vida, lo que limita su capacidad para reducir efectivamente la pobreza de tiempo.

CONCEPTOS CLAVE

1.1 Objetivo de la investigación

El objetivo es analizar la pobreza de tiempo como una manifestación estructural de la desigualdad de género, la cual está estructuralmente vinculada a la distribución del trabajo no remunerado. En primer lugar, se presenta el marco conceptual de la pobreza de tiempo y la brecha de género en el uso de tiempo; posteriormente, se cuantifica la magnitud económica del trabajo no remunerado y se contrasta con la escala y estructura del Anexo 31 del PEF 2026 para evaluar si la respuesta fiscal permite reducir la pobreza de tiempo en las personas con mayor carga de trabajo no remunerado. El análisis busca evidenciar la brecha entre el tamaño económico del trabajo no remunerado y el presupuesto, así como señalar la necesidad de reorientar parte del gasto hacia una infraestructura social de cuidados que permita aliviar la pobreza de tiempo en las mujeres.

2 Pobreza de tiempo

Las personas disponen de las mismas 24 horas al día; sin embargo, no todas cuentan con la misma capacidad de decidir sobre su uso (UNDESA, 2024; Michel Cejudo, 2025). La pobreza de tiempo surge cuando la suma de actividades necesarias (empleo, traslados, trabajo doméstico y cuidados) absorbe de manera persistente el tiempo disponible para descanso, ocio, formación o participación comunitaria, política o social (Oxfam, 2014). En el marco de la economía feminista y de la economía del cuidado, este fenómeno se interpreta como una dimensión de la desigualdad que interactúa con la pobreza monetaria: un hogar puede mejorar ingresos sin aliviar la sobrecarga de cuidados, y, asimismo, la sobrecarga puede limitar el acceso a mejores empleos (D’Alessandro, 2016). Esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

En las últimas décadas, las mujeres han incrementado su participación en el trabajo remunerado; sin embargo, la participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado no ha crecido en la misma magnitud (D’Alessandro, 2016; Rodríguez Enríquez, 2007). El resultado es una distribución desigual del tiempo que se expresa en dobles o triples jornadas para muchas mujeres, al combinar empleo, traslados y responsabilidades del hogar y de cuidado (Martínez Medina, s.f.).

En virtud de lo anterior, la pobreza de tiempo refleja la presión extrema sobre el tiempo de las mujeres derivada de la multiplicidad de roles que asumen y que las obliga a realizar ajustes que suelen recaer en recortar descanso y tiempo propio, lo que afecta negativamente su bienestar, desarrollo y autonomía (Rodríguez Enríquez, 2007; Oxfam, 2014).

3 Uso de tiempo

De acuerdo con información de la ENUT, en 2024, las mujeres de 12 años o más dedicaron 61.1 horas semanales al trabajo productivo, suma del trabajo remunerado y no remunerado, frente a 58.0 horas de los hombres (INEGI, 2024). La diferencia de horas se explica por la mayor carga de actividades no remuneradas; en promedio, las mujeres dedicaron 40.9 horas semanales a estas labores, mientras que los hombres solo dedicaron 19.5 horas; por cada hora de trabajo no remunerado que realizó un hombre, una mujer hizo poco más de dos horas (Figura 1).

Respecto del trabajo remunerado, los hombres emplearon 51.3 horas semanales; por cada hora de trabajo no pagado, invirtieron dos horas y media en el mercado; en cambio, las mujeres destinaron casi el mismo tiempo al trabajo no remunerado que al trabajo en el mercado a la semana (Figura 1).

La sobrecarga femenina se mantiene a lo largo del ciclo de vida. Especialmente, en el rango etario de 25 a 49, cuando se combina empleo, crianza y cuidados, se observan niveles más altos de carga de trabajo no remunerado con brechas que se amplían mucho más frente a los hombres (Figura 2).

La carga de trabajo no remunerado de las mujeres se duplica a partir de los 20 años y se mantiene con más de 35 horas semanales de trabajo no remunerado hasta los 60 y más. Las mujeres de 30 a 39 años son quienes cuentan con un mayor número de horas trabajadas no remuneradas. En cambio, los hombres no emplean más de 25 horas a la semana en trabajo no remunerado y aquellos que rebasan las 20 horas semanales se encuentran en edades de 25 a 49, lo que coincide con edades reproductivas y de crianza (Figura 2).

La brecha de género más amplia se observa en el grupo de 30 a 34 años; se advierte una diferencia de 30.2 horas semanales. Cercano a esto están los grupos de 25 a 49 años; las brechas van desde los 28.2 a 24.3 horas semanales. La brecha más corta se observa en el grupo de 12 a 15 años; las jóvenes trabajan cuatro horas más que sus pares hombres.

3.1 Pobreza de tiempo: una doble restricción

La medición de la pobreza suele centrarse en el ingreso y en la carencia de derechos; sin embargo, al incorporar el tiempo se revela una dimensión adicional de vulnerabilidad (Rodríguez Enríquez, 2015; D’Alessandro, 2016; Larios Méndez, 2024). En el caso de las mujeres, se presenta una mayor propensión a la pobreza cuando emplean más de cuatro horas diarias al trabajo no remunerado (Figura 3).

Para 2024, la incidencia de pobreza entre mujeres es considerablemente mayor cuando dedican cuatro horas o más al día a cuidados o quehaceres del hogar; en contraste, el porcentaje de hombres en situación de pobreza se mantiene en cifras similares independientemente del número de horas que emplean en cuidados o quehaceres del hogar (Figura 3).

4 El valor del trabajo no remunerado

Si bien no hay una retribución monetaria en el mercado, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado generan valor económico y sostienen el funcionamiento cotidiano de la economía y la sociedad (Ortega Gallegos, 2025; Larios Méndez, 2024).

Al reproducir y mantener la fuerza de trabajo, este conjunto de actividades opera como un subsidio implícito a la productividad y a la rentabilidad económica que recae principalmente en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres (Larios Méndez, 2024). El problema no es la generación de valor del trabajo no remunerado, sino su mala distribución dentro de los hogares, el Estado y el mercado.

En México, para 2024, se estimó que el valor de trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados es de 8.01 billones de pesos, lo que representó casi un cuarto del PIB para el mismo año (23.9%) (Cuadro 1). Del total del valor económico del trabajo no remunerado 5.7 billones lo realizaron las mujeres, lo que representa el 70.9 % y, en promedio, cada mujer contribuyó un equivalente de 99 mil 539.7 pesos anuales, frente a 47 mil 515.1 de los hombres.

5. Hacia un Sistema Nacional de Cuidados

El principal avance en materia presupuestaria para los cuidados en México es la incorporación del Anexo Transversal 31 «Consolidación de una Sociedad de Cuidados» en el PEF 2026. Este instrumento identifica 468 mil 641.5 mdp, equivalentes al 1.26% del PIB, distribuidos en 47 programas (SHCP, 2025). No obstante, en términos relativos, este monto representa apenas el 5.42 % del valor económico del trabajo no remunerado estimado por la CSTNRHM y el 4.6 % del gasto presupuestario total.

Esta comparación evidencia que el esfuerzo fiscal aún es reducido frente al tamaño económico del cuidado y al propio presupuesto público. Si bien el Anexo 31 permite, por primera vez, visibilizar y dar trazabilidad al gasto etiquetado como cuidados, su incorporación no implica un incremento real en los recursos asignados (CIEP, 2025).

El gasto público puede incidir en la pobreza de tiempo mediante diversos mecanismos: (i) la provisión directa de servicios —como educación con horarios ampliados, estancias infantiles, servicios de salud y apoyos comunitarios—, y (ii) las transferencias monetarias que relajen restricciones de liquidez y permitan sustituir parte del trabajo no remunerado por servicios en el mercado (Michel Cejudo, 2025). Sin embargo, la capacidad de las transferencias para liberar tiempo depende de la existencia y accesibilidad de una oferta suficiente de servicios de cuidados (CIEP, 2025).

En términos de economía del cuidado, esto implica que no se produce un proceso de desfamiliarización del cuidado cuando la oferta de servicios es insuficiente o inaccesible: la responsabilidad continúa recayendo principalmente en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres. Por lo que, sin una expansión efectiva de infraestructura pública y comunitaria de cuidados, las transferencias monetarias pueden mejorar el ingreso disponible de las familias, pero no alteran la organización social del cuidado ni redistribuyen efectivamente el tiempo (Rodríguez Enríquez, 2015; Michel Cejudo, 2025).

En la misma línea, la concentración del Anexo 31 también se observa a nivel programático: tres programas concentran más del 81% del total, dirigidos principalmente a personas adultas mayores, infancias, personas adolescentes, y personas con discapacidad (Cuadro 4). Como muestra el Cuadro 3, el 98.5 % de los recursos se orientan a población que recibe cuidados, mientras que solo el 1.5 % se dirige a quienes proveen cuidados. Asimismo, la estructura presupuestaria no cuenta con algún programa especial para reducir la pobreza de tiempo para mujeres de 25 a 49 años, quienes experimentan la mayor carga de trabajo no remunerado (Figura 2). Esto se vuelve especialmente evidente al contrastar el diseño del Anexo 31 con el perfil de la sobrecarga de tiempo: las mujeres registran los niveles más altos de trabajo no remunerado en edades centrales del ciclo de vida, cuando se combinan empleo, crianza y cuidados de otros miembros del hogar.

No obstante, en el Anexo 31 no se identifican programas específicamente orientados a reducir la carga de tiempo de las mujeres en edades de 25 a 49 años —grupo en el que se concentra la mayor brecha de trabajo no remunerado— mediante instrumentos explícitos de liberación de tiempo o corresponsabilidad (Michel y Cejudo, 2025). En términos de política pública, esto significa que el gasto etiquetado como “cuidados” puede ser alto en monto, pero bajo en capacidad de liberar tiempo en el segmento poblacional donde la pobreza de tiempo es más intensa.

Más allá del Anexo 31, persisten desafíos estructurales. La falta de un marco legal y constitucional definitivo limita la exigibilidad del derecho y la continuidad institucional; además, el Anexo 31 no implica un aumento en la inversión real necesaria para cubrir la demanda creciente derivada del envejecimiento poblacional. Se estima que México requeriría invertir el 4.17 % del PIB para cumplir estándares internacionales. Consolidar un sistema nacional requiere capacidades estatales para supervisar calidad y profesionalizar a personas cuidadoras (Michel Cejudo, 2025).

En suma, el Anexo 31 constituye un avance formal importante porque ordena y hace visible el gasto relacionado con cuidados. Sin embargo, desde la perspectiva de pobreza de tiempo, sus limitaciones son claras: (i) predomina un enfoque de transferencias que no sustituye tiempo; (ii) la asignación se concentra en pocos programas; y (iii) el diseño no incorpora un enfoque especial dirigido a las mujeres en edades centrales (25 a 49 años), por lo que la respuesta presupuestaria no se traduce en una estrategia sistemática de reducción de la pobreza de tiempo.

6. Implicaciones de política pública

Ganar autonomía de tiempo

Integrar la pobreza de tiempo en el diagnóstico de bienestar y en la planeación presupuestaria permitiría dimensionar la brecha entre el valor económico del cuidado y la respuesta fiscal actual. Si el Anexo 31 equivale apenas al 5.42 % del valor del trabajo no remunerado y al 4.6 % del gasto total, resulta evidente que la política pública no es suficiente para transformar estructuralmente la organización social del cuidado.

Una política de cuidados

centrada en la provisión efectiva de servicios —y no predominantemente en transferencias— es condición necesaria para liberar tiempo y avanzar en la desfamiliarización del cuidado. Sin un aumento en la oferta de servicios accesibles y de calidad, el cuidado continúa resolviéndose en los hogares y recayendo principalmente en las mujeres, perpetuando restricciones en su acumulación de capital humano, inserción laboral y bienestar (Michel y Cejudo, 2025). Asimismo, una mayor participación laboral femenina derivada de una efectiva liberación de tiempo no solo ampliaría la autonomía económica de las mujeres, sino que también impulsaría el crecimiento económico, la formalización del empleo y, en consecuencia, la recaudación tributaria, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal (Larios y Méndez, 2024).

Presupuesto para la redistribución

El análisis del Anexo 31 muestra que la estructura actual privilegia transferencias monetarias (64.1 % del total) sobre provisión directa de servicios. Sin embargo, la evidencia sugiere que la reducción de la pobreza de tiempo requiere una reorientación presupuestaria hacia tres ejes estratégicos:

• Expandir la infraestructura social de cuidados, priorizando servicios accesibles y de calidad (cuidado infantil, educación con horarios compatibles con empleo, cuidados de larga duración y apoyos comunitarios) que sustituyan tiempo de trabajo no remunerado;
• Priorizar a quienes concentran la mayor carga de cuidado, particularmente a las mujeres de 25 a 49 años, incorporando medidas que favorezcan corresponsabilidad y redistribución (licencias parentales, jornadas compatibles con cuidado, incentivos a la participación masculina); y
• Fortalecer la arquitectura presupuestaria del cuidado incorporando metas explícitas de reducción de tiempo, indicadores de cobertura y calidad, y evaluación sistemática de efectos sobre participación laboral, ingresos y bienestar.

Sin estos ajustes, el etiquetado presupuestario no se traduce necesariamente en una reducción efectiva de la pobreza de tiempo para las mujeres.

Todas las personas requerimos cuidados

Consolidar un sistema equitativo, suficiente y sostenible no es una agenda sectorial, sino una prioridad de política económica. Invertir en infraestructura social de cuidados no solo reduce la pobreza de tiempo y corrige desigualdades estructurales, sino que fortalece el mercado laboral, amplía la base contributiva e incentiva el crecimiento económico. Incorporar el cuidado como un eje estratégico de la planeación presupuestaria con financiamiento suficiente y sostenible, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas. Garantizar el derecho a cuidar y a ser una persona cuidada es, al mismo tiempo, una decisión de justicia social y de eficiencia económica.