La OCDE señala que la tasa de reemplazo de los pensionados con menores ingresos es 132%; la edad de retiro legal es 65 años y no se prevén cambios relacionados con el envejecimiento y la longevidad de la población; y la brecha de género aumentó de 28 % a 35 % porque no se vislumbran cambios estructurales en el mercado de trabajo, ni en las tareas de cuidado que realizan principalmente las mujeres. La principal implicación es que el debate sobre pensiones en México no puede centrarse únicamente en mejorar beneficios, sino que debe incorporar explícitamente cómo financiar el gasto en pensiones que ascenderá a más 6 % del PIB para 2026, 40 % de los ingresos tributarios. Con un espacio fiscal de apenas 1.5 % del PIB es necesario hacer cambios urgentes en el sistema de pensiones, ya sea mediante ajustes paramétricos, mayor participación laboral, o mecanismos financieros que eviten trasladar silenciosamente el costo a través de deuda futura.
Pensiones y el sistema fiscal mexicano
Hablar de pensiones en México es fundamental porque representan uno de los componentes más relevantes y dinámicos del gasto público, y su peso seguirá aumentando en las próximas décadas. Los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 muestran que el gasto público en pensiones rebasará el 6 % del PIB y casi un cuarto del gasto neto total (CIEP, 2025). Esto confirma que las pensiones no son un tema marginal ni de largo plazo: son una presión fiscal presente que compite directamente con otros usos del presupuesto, como salud, educación e inversión pública.
Las pensiones concentran el impacto del rápido proceso de envejecimiento demográfico que atraviesa el país. Cada año hay más personas adultas mayores que viven por más tiempo y reciben pensiones durante periodos más prolongados. Sin cambios en las reglas del sistema de pensiones, esta dinámica implica un crecimiento automático del gasto. Las decisiones recientes para mejorar la suficiencia de las pensiones, como la reforma de 2020 y la expansión de la pensión no contributiva, refuerzan este efecto. Por ello, no hablar de pensiones equivale a ignorar la demografía, y posponer ajustes que serán inevitables.
El debate sobre pensiones es clave porque revela cómo se distribuyen los costos entre generaciones. Una parte importante del sistema se financia con recursos presupuestarios generales, costos de transición y, en última instancia, deuda explícita o implícita. Esto significa que los beneficios actuales se pagan, en parte, con recursos futuros, trasladando la carga a las generaciones jóvenes.
Objetivo
El objetivo de este boletín es mostrar algunos de los indicadores publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento Pensions at a Glance 2025 para comparar la situación de las pensiones en México con otros países. Lo anterior abona a la evidencia para seguir discutiendo sobre el tema y su relación con la sostenibilidad fiscal, equidad intergeneracional y el diseño de mecanismos de financiamiento que hagan explícito el riesgo del envejecimiento, en lugar de ocultarlo en el tiempo.
Indicadores de la OCDE sobre pensiones en México
La OCDE, a través de Pensions at a Glance, ofrece un conjunto de indicadores estandarizados que permiten comparar los sistemas de pensiones entre países. Estos indicadores se concentran en el diseño institucional, la adecuación de las pensiones, algunos aspectos de sostenibilidad financiera y las fuentes de financiamiento, así como en dimensiones de equidad, entre ellas las diferencias de género en los resultados pensionarios.
En el caso de México, los indicadores más relevantes son el cambio en las tasa de reemplazo derivado de las reciente reformas; la sostenibilidad del gasto público; la edad de retiro por el aumento en la esperanza de vida y del envejecimiento poblacional; y la brecha de género en las pensiones.
Desde la perspectiva de la OCDE, México es un sistema híbrido: combina pensiones contributivas heredadas de esquemas de reparto, un sistema de cuentas individuales y una pensión no contributiva universal para las personas adultas mayores (PBAM). Esta arquitectura ha permitido avances en la adecuación de las pensiones y en la reducción del riesgo de pobreza en la vejez, pero plantea desafíos importantes para el financiamiento de largo plazo y para la equidad, particularmente en lo que respecta a la distribución del costo entre generaciones y a la persistencia de desigualdades de género en los ingresos pensionarios.
Tasa de reemplazo
La tasa de reemplazo neta muestra diferencias sustantivas entre países y permite evaluar la adecuación de las pensiones en relación con el ingreso previo al retiro. En promedio, los países de la OCDE presentan una tasa de reemplazo de 60.5 %, que se eleva a 76 % para trabajadores de bajos ingresos, reflejando el papel redistributivo de los sistemas de pensiones. En este contexto, México destaca de manera clara: la tasa de reemplazo promedio alcanza 80 %, mientras que para trabajadores de bajos ingresos asciende a 132 %. Esta diferencia surge por las reformas de 2020, 2024 y la interacción con la pensión no contributiva, está diseñado para ofrecer una protección elevada a quienes tuvieron trayectorias laborales con menores ingresos. Sin embargo, estos cálculos pueden estar sobre estimados ya que la reforma de 2020 se implementará completamente en 2030 y el Fondo de Pensiones para el Bienestar presenta retos para su financiamiento (CIEP, 2024).
La comparación con otros países refuerza esta lectura. Chile presenta tasas cercanas al promedio de la OCDE (60 % en promedio y 78 % para bajos ingresos), mientras que Turquía y Países Bajos muestran niveles altos de reemplazo promedio (96 % y 98 %, respectivamente), aunque con menor diferencia entre trabajadores promedio y de bajos ingresos. En contraste, Lituania exhibe tasas significativamente más bajas (29 % en promedio y 38 % para bajos ingresos), lo que evidencia un menor nivel de adecuación. El caso de México es particular porque combina una alta tasa de reemplazo promedio con una brecha muy amplia a favor de los trabajadores de bajos ingresos, lo que implica un fuerte componente redistributivo. Sin embargo, como advierte la OCDE, niveles elevados de reemplazo, especialmente cuando dependen en gran medida de transferencias públicas, plantean interrogantes sobre su sostenibilidad financiera y su financiamiento de largo plazo, lo que hace indispensable analizar estos resultados junto con el gasto público y la dinámica demográfica.
Edad de retiro
La OCDE utiliza en sus comparaciones la edad legal de retiro, es decir, la edad establecida en la ley para acceder a una pensión completa sin penalizaciones. Existe una tendencia clara a aumentar la edad de retiro y a vincularla con la esperanza de vida, aunque el grado de avance varía significativamente entre países. El rango OCDE de 64 a 68 años refleja sistemas donde la edad legal ya ha sido elevada o se encuentra en proceso de aumento gradual. Países como Dinamarca (67–74) representan el extremo más avanzado de esta tendencia: la edad de retiro está explícitamente indexada a la longevidad futura, lo que desplaza parte del ajuste demográfico hacia los individuos mediante una vida laboral más larga. En contraste, países como Colombia, Chile, México y Eslovenia, con edades legales fijas (62–65), muestran esquemas menos ajustados automáticamente al envejecimiento, donde la presión demográfica se traslada con mayor intensidad al financiamiento del sistema.
El envejecimiento poblacional es un determinante importante del aumento del gasto en pensiones. A medida que la esperanza de vida aumenta y la proporción de personas mayores crece, mantener edades de retiro constantes implica que las pensiones se pagan durante más años. En países como México y Chile, donde la edad legal es 65 años y no está indexada a la longevidad, el ajuste ocurre principalmente por la vía fiscal: mayor gasto público o mayores transferencias implícitas. En contraste, países como Dinamarca utilizan la edad de retiro como un instrumento de sostenibilidad, reduciendo la presión sobre el gasto al repartir el costo del envejecimiento entre tiempo de trabajo adicional y financiamiento público. En este sentido, OCDE (2025) subraya que la edad de retiro no es solo un parámetro institucional, sino un mecanismo central para gestionar el impacto demográfico sobre las pensiones, especialmente en países que, como México, enfrentan un rápido proceso de envejecimiento con márgenes fiscales limitados.
Figura 2: Edad de retiro: actual y futura
Brecha de género
La brecha de género en pensiones es un resultado acumulado de desigualdades a lo largo del ciclo de vida laboral. En la mayoría de los países, la brecha se ha reducido desde mediados de los años 2000, principalmente por una mayor participación laboral femenina, reformas que fortalecen los pisos de protección y la expansión de pensiones no contributivas. Esto se refleja en la reducción del promedio OCDE, que pasa de 28 % en 2007 a 23 % en 2024, mostrando una mejora gradual, aunque incompleta, en la equidad de ingresos en la vejez (ver Cuadro 1).
Sin embargo, la evolución no es homogénea entre países. México destaca negativamente en este periodo: la brecha pasa de 28.5 % a 35 %, en contraste con la tendencia general de la OCDE. Este resultado se debe a que una parte importante de la pensión depende de trayectorias contributivas formales, las mujeres resultan penalizadas por menores salarios, mayor informalidad y periodos prolongados fuera del mercado laboral por tareas de cuidado. Aunque la expansión de la pensión no contributiva ha mejorado el ingreso mínimo en la vejez, no ha sido suficiente para compensar la desigualdad acumulada en las pensiones contributivas, lo que explica el deterioro relativo de la brecha de género en México.
Otros países muestran trayectorias distintas que ilustran los mecanismos descritos por la OCDE. Chile y Turquía reducen de manera importante su brecha (de 29 % a 21 % y de 30 % a 18 %, respectivamente), lo que es consistente con reformas que fortalecen componentes redistributivos y pensiones mínimas. Japón mantiene una brecha muy elevada, aunque en descenso (55 % a 47 %) debido a su mercado laboral altamente segmentado por género y un fuerte vínculo entre pensión y empleo continuo a tiempo completo. Por su parte, Estonia presenta una brecha prácticamente inexistente (4 % a 5 %), lo que la OCDE asocia con trayectorias laborales más homogéneas entre hombres y mujeres y con sistemas de pensiones menos dependientes de historiales contributivos desiguales. En conjunto, estos patrones confirman la conclusión central del informe: la brecha de género en pensiones es menos un problema del diseño formal y más un reflejo de desigualdades laborales y de cuidados no remunerados acumuladas a lo largo de la vida.
Gasto público
Finalmente, el gasto público en pensiones medido como transferencias monetarias por vejez y sobrevivencia (% del PIB) muestra una amplia heterogeneidad entre países, que refleja tanto el grado de envejecimiento poblacional como el diseño institucional de los sistemas de pensiones. El promedio de la OCDE se sitúa en 8.5% del PIB, mientras que México registra 5.3 % (en 2023), un nivel intermedio similar al de Colombia (5.6 %) y Costa Rica (5.5 %), pero claramente superior al de Chile (3.7 %). En los extremos, Grecia alcanza 16.2% del PIB, reflejando un sistema maduro, altamente envejecido y con fuerte predominio de pensiones públicas, mientras que Islandia, con 2.4 %, combina una población relativamente más joven, mayor participación laboral en edades avanzadas y un mayor peso de pensiones privadas. Estas diferencias no deben interpretarse únicamente como mayor o menor generosidad, sino como el resultado conjunto de la estructura demográfica, la cobertura del sistema, la edad de retiro y el grado en que las pensiones se financian y pagan directamente desde el sector público.
Si bien, comparado con otros países, parece que México no destina muchos recursos a pensiones, la realidad es que el nivel de recaudación y el bajo crecimiento económico hace que este gasto presione las finanzas públicas consumiendo el 40 % de los ingresos tributarios.
Implicaciones de políticas pública
Las proyecciones demográficas indican que el número de personas adultas mayores seguirá aumentando en las próximas décadas. Por tanto, el gasto en pensiones continuará creciendo, incluso si no se realizan cambios adicionales al sistema. La evidencia internacional y regional muestra que, cuando no se ajusta oportunamente el financiamiento de las pensiones, los gobiernos recurren a estrategias que posponen el costo: endeudamiento público, subfinanciación de contribuciones o uso de recursos presupuestarios sin una fuente permanente. Estas decisiones permiten evitar ajustes inmediatos, pero generan deuda intergeneracional.
Sin embargo, contrario a las recomendaciones de la OCDE y del cambio demográfico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para la reducción gradual de la edad mínima de jubilación para trabajadores del régimen de reparto, deteniendo el aumento progresivo que había sido previsto por la legislación anterior y estableciendo un esquema en el que la edad requerida para acceder a la pensión disminuye de forma escalonada hasta alcanzar 53 años para mujeres y 55 años para hombres hacia 2034 (DOF, 2025).
El debate sobre las pensiones, por tanto, no puede limitarse a la suficiencia de los beneficios. Es indispensable discutir cómo se financia el riesgo de longevidad, es decir, el hecho de que las personas vivan más tiempo del previsto. Por un lado, México muestra altas tasas de reemplazo, especialmente para trabajadores de bajos ingresos, lo que indica una mejora importante en la adecuación de las pensiones y un fuerte componente redistributivo. Sin embargo, esta adecuación convive con una edad legal de retiro fija (65 años) que no está indexada a la esperanza de vida y con una brecha de género en pensiones que se ha ampliado en los últimos años. En conjunto, estos indicadores sugieren que una parte relevante del ajuste frente al envejecimiento y a las desigualdades del mercado laboral no se está realizando mediante más años de trabajo o trayectorias contributivas más equitativas, sino a través de mayores transferencias públicas.
