CNN México – 11 de Noviembre, 2014
Evaluar la eficacia de los programas del gobierno federal, condicionar la entrega de recursos a que dependencias y entidades federativas den resultados, así como transparentar todas las etapas de la negociación presupuestal son algunas recomendaciones de especialistas en finanzas públicas para mejorar el uso del gasto público en México.
Los consejos de los expertos fueron difundidos este martes, a cuatro días de que el 15 de noviembre se venza el plazo legal para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2015, que asciende según el proyecto enviado por el Ejecutivo a 4.6 billones de pesos.
Estas recomendaciones se expusieron durante la presentación del estudio La negociación política del presupuesto en México 1997-2012elaborado por la consultora Integralia, a la cual también asistieron especialistas de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
A continuación te decimos cuáles fueron estas sugerencias para mejorar el uso de recursos públicos.
1. Borrar etiquetas
La primera de cuatro recomendaciones que expuso Integralia es eliminar la figura de los recursos etiquetados, como se conoce a aquellos que sólo pueden gastarse en tareas específicas, por ejemplo, la construcción de obras en particular o actividades que llevan a cabo todos los niveles de gobierno y poderes, como promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Para Luis Carlos Ugalde, director de la consultora, etiquetar recursos tiene al menos dos efectos negativos: 1) limita la capacidad del gobierno federal para gastar en las áreas marcadas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 2) en algunos casos permite que los diputados gestionen dinero para estados y municipios, lo que puede derivar en el cobro de comisiones o “moches”.
Al respecto, citó como ejemplo el caso de tres fondos establecidos en 2012 —uno para pavimentación, otro para infraestructura deportiva y otro para proyectos culturales— relacionados con escándalos por supuestos “moches”. Desde finales de 2013, algunos medios han reportado que el diputado Luis Alberto Villarreal, entonces líder del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los principales involucrados, aunque él ha negado las acusaciones y ha llamado a que sean indagadas.
“Cuando los legisladores tienen bolsas millonarias de libre asignación, cuando asumen la función de planeación, se gesta naturalmente un mercado de sobornos o de ‘moches’, porque es claro que si un diputado tiene la posibilidad de asignar 20 millones al año para estos fondos u otros, habrá alcaldes y habrá gobernadores que ofrezcan una recompensa a cambio de recibir estos presupuestos”, dijo Ugalde este martes.
2. Evaluar programas
La segunda recomendación de Integralia consiste en que tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados evalúen la eficacia de los programas gubernamentales, con el fin de identificar cuáles rinden frutos y cuáles no.
Para la consultora, esto permitiría asignar recursos y fortalecer aquellos programas que sean eficaces, y reducir las asignaciones o incluso desaparecer aquellos que no lo sean.
3. Condicionar los recursos
Además, Integralia recomienda que las transferencias de recursos federales a las 32 entidades federativas del país estén condicionadas a que éstas presenten resultados de sus gestiones y atiendan los señalamientos de otros órganos, principalmente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Durante la presentación, los especialistas también señalaron que es necesario mejorar los procesos de revisión del gasto, con reformas que reduzcan el tiempo que tarda la ASF en analizar la cuenta pública. Actualmente, este proceso tiene una duración superior a un año.
4. Transparentar las negociaciones
El cuarto consejo de Integralia es que la Cámara de Diputados transparente todo el proceso de negociación del PEF.
Ugalde dijo al respecto que esto no sólo implica que las sesiones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro sean públicas —desde que el órgano inicia la revisión del proyecto que la Secretaría de Hacienda (SHCP) le entrega en septiembre hasta que manda un dictamen al pleno en noviembre—, sino que se den a conocer las solicitudes de ampliación de organismos o entidades y los cambios que las bancadas acuerden hacer.
Héctor Villarreal, director del CIEP, estimó que también es necesario que autoridades y legisladores argumenten por qué se da dinero a determinados rubros.
“En términos de transparencia se ha avanzado muchísimo, pero de poco te sirve la transparencia si nadie te dice por qué ese proyecto está ahí”, dijo el especialista.
5. Información accesible
La investigadora Lourdes Morales, directora de la RRC, dijo que todos los documentos sobre el presupuesto deben publicarse en un lenguaje claro, de manera que toda la ciudadanía pueda entenderlos.
Además, consideró que el gobierno federal y los estatales deben armonizar sus sistemas de contabilidad, con el fin de que su información se reporte con base en los mismos criterios.
6. Precisar rubros
Enrique Cárdenas, director del CEEY, señaló como otra recomendación que el PEF precise cuánto dinero se destina a rubros como el pago de pensiones en dependencias públicas, bajo el argumento de que hasta ahora no es claro cuánto se gasta en ellos.
7. Sanciones
Morales señaló como una última recomendación que se establezcan y apliquen sanciones a aquellos funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo del gasto público.
“Mientras no haya procesos abiertos, transparetes y con consecuencias en casos de incumplimiento, en casos de violar la ley, vamos a seguir teniendo estas historias como la Línea 12 (del Metro capitalino), y vamos a seguir siendo espectadores de los abusos”, dijo.
En marzo pasado, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) suspendió el servicio en más de la mitad de las estaciones de la Línea 12 argumentando fallas que ponían en riesgo a los usuarios. Desde entonces, el caso ha generado controversia en México, dado que la situación ocurrió apenas 17 meses después de que se inaugurara la línea, en la que se invirtieron 26,000 millones de pesos.
