México conserva el grado de inversión otorgado por las tres principales agencias calificadoras. Recientemente, Fitch Ratings mantuvo la calificación en BBB- con perspectiva estable, S&P Global Ratings confirmó la nota en BBB, pero modificó la perspectiva de estable a negativa y Moody’s redujo la calificación de Baa2 a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión. El deterioro de la calidad crediticia suele ser resultado de desequilibrios fiscales persistentes, bajo crecimiento económico e incertidumbre política. México enfrenta un escenario donde la deuda neta se ubica en 54.2 % del PIB, un déficit presupuestario de 4.4 % del PIB y un crecimiento de 0.6 % en 2025. Preservar la confianza de los mercados requiere finanzas públicas sostenibles, instituciones creíbles y una estrategia consistente para impulsar el crecimiento y la consolidación fiscal en el mediano plazo.
Introducción
Las calificaciones soberanas son uno de los principales datos utilizados por inversionistas, organismos internacionales y participantes de los mercados financieros para evaluar la capacidad de gobiernos, empresas o instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones financieras (S&P Global Ratings, s.f.).
En el caso de los países, estas evaluaciones influyen directamente en el costo de la deuda pública, las condiciones de acceso a los mercados de capital y afectan las condiciones de financiamiento de empresas privadas y entidades subnacionales (Martínez, 2019; S&P Global Ratings, s.f.).
La sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra en el centro de las recientes revisiones realizadas por las principales agencias calificadoras. Si bien el país conserva el grado de inversión, las evaluaciones muestran un menor espacio fiscal y advierten sobre riesgos asociados al bajo crecimiento económico, la evolución de la deuda pública, la rigidez del gasto, los pasivos contingentes y otros desafíos estructurales. Conocer los elementos que consideran estas instituciones resulta fundamental para evaluar las implicaciones que podrían tener para la economía mexicana una posible pérdida el grado de inversión.
La experiencia reciente de América Latina muestra que el deterioro de la calificación soberana puede traducirse en mayores costos de financiamiento y una menor confianza de los inversionistas. Entre 2015 y 2016, Brasil perdió el grado de inversión tras una combinación de recesión económica, deterioro fiscal y crisis política. Mientras que Colombia lo hizo en 2021 como resultado del deterioro de sus indicadores fiscales durante la pandemia y la creciente incertidumbre sobre la consolidación de las finanzas públicas. Ambos casos ilustran que la evolución de los fundamentos macroeconómicos y fiscales, junto con la credibilidad de las instituciones y de la política económica, desempeñan un papel determinante en la evaluación del riesgo soberano realizada por las agencias calificadoras.
Objetivo
El presente documento expone qué son y para qué sirven las notas crediticias; muestra los argumentos que las principales agencias calificadoras a nivel mundial (Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody’s) dieron para ajustar la perspectiva de la nota soberana de México. Asimismo, se revisan las experiencias de Brasil y Colombia como casos de pérdida del grado de inversión a fin de identificar los factores que condujeron al deterioro de su calificación y algunas políticas implementadas para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y recuperar la confianza de los mercados.
El documento se organiza en cuatro secciones. En primer lugar, se explica qué son las Instituciones Calificadoras de Valores (ICVs), cuál es su función y por qué sus evaluaciones son relevantes. En segundo lugar, se analizan las acciones recientes de Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody’s respecto a la calificación crediticia de México, destacando los principales argumentos que sustentaron sus decisiones. Posteriormente, se examinan las repercusiones económicas asociadas a una eventual pérdida del grado de inversión a través de las experiencias de Brasil y Colombia. Finalmente, se plantean algunas implicaciones de política pública.
Qué son y para qué sirven las calificaciones crediticias
De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, las Instituciones Calificadoras de Valores (ICVs) son aquellas que realizan «actividades que tengan por objeto la prestación habitual y profesional del servicio consistente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores« (DOF, 2005).1
En México operan diversas ICVs, sin embargo, Moody’s, S&P Global y Fitch Ratings son reconocidas globalmente como las tres principales. A través de metodologías estandarizadas, evalúan la capacidad y disposición de un emisor para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras y sintetizan esa evaluación mediante una calificación crediticia (S&P Global Ratings, 2018). De esta manera, reducen las asimetrías de información en los mercados financieros y presentan una referencia comparable sobre el nivel de riesgo asociado a instrumentos y emisores (Basel Committee on Banking Supervision, 2000).
Las calificaciones crediticias constituyen un insumo relevante para la toma de decisiones de inversionistas, bancos, organismos multilaterales y otros participantes de los mercados financieros. Una mejora en la calificación suele fortalecer la confianza de los inversionistas y condiciones de financiamiento más competitivas para los emisores; por el contrario, una rebaja puede incrementar las primas de riesgo, elevar el costo del financiamiento y, en algunos casos, limitar el número de inversionistas.
Asimismo, las calificaciones soberanas suelen servir como referencia para evaluar el riesgo crediticio de empresas, instituciones financieras y gobiernos subnacionales dentro del mismo país (S&P Global Ratings, 2018). Esto se debe a que la capacidad de pago del gobierno influye sobre la percepción de riesgo del conjunto de la economía, por lo que cambios en la calificación soberana pueden repercutir sobre otros emisores nacionales y las condiciones generales de financiamiento.
Acciones recientes sobre la nota soberana de México
Fitch Ratings
En abril de 2026, Fitch Ratings señaló en su reporte que México mantendría la calificación soberana en BBB- con perspectiva estable (Cuadro 1) debido a que reflejaba un balance entre fortalezas estructurales y debilidades persistentes, lo que limitaba una mejora en la nota crediticia. Sin embargo, la nota BBB- es el último escalón dentro del grado de inversión, aunque el país conserva un acceso favorable a los mercados financieros internacionales, tendría un margen reducido frente a un eventual deterioro de sus fundamentos macroeconómicos (Cuadro 1).
La calificación de Fitch se fundamentó en una política macroeconómica prudente, es decir, políticas consistentes y creíbles; además, en finanzas externas robustas y una economía amplia y diversificada. La calificación se vio afectada debido a un crecimiento económico lento (Figura 1), indicadores de gobernanza débiles asociados a problemas persistentes de corrupción, violencia, estado de derecho y estabilidad institucional; igualmente, de retos fiscales producto de una limitada base recaudatoria, rigideces en el presupuesto público, así como por los pasivos contingentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) (Fitch Ratings, 2026c).
Fitch Ratings (2026c) reconoció los esfuerzos para aumentar la recaudación pero consideró difícil lograr una consolidación fiscal sostenida sin un crecimiento económico más fuerte o una reforma tributaria de mayor alcance. A ello se suma la incertidumbre generada por algunos cambios institucionales recientes, particularmente la reforma judicial. La agencia también advierte que, aunque el déficit público disminuyó durante 2025, este permanecerá por encima delos niveles observados en economías con calificaciones similares, mientras que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un entorno externo más proteccionista representan fuentes relevantes de riesgo para la economía mexicana (Fitch Ratings, 2026c).
S&P Global Ratings
El 12 de mayo de 2026, S&P Global Ratings apuntó que el lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la eventual absorción de obligaciones contingentes podrían dar lugar a una consolidación fiscal más lenta y a un incremento mesurado de la deuda pública.
En su reporte, S&P Global Ratings ratificó la calificación crediticia del país en BBB, sin embargo, revisó su perspectiva de estable a negativa (Cuadro 1), por lo que lo ubica un escalón por encima del grado de inversión. Los argumentos del cambio en la perspectiva fueron, principalmente, el lento crecimiento económico (Figura 1), un aumento mayor de lo esperado en la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y un mayor pago de intereses de la deuda (S&P Global Ratings, 2026c).
De igual forma, destacó que el apoyo fiscal sustancial a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) agravaría aún más la rigidez fiscal de México. También señaló que un deterioro inesperado de los vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos podría debilitar la posición externa del país (S&P Global Ratings, 2026c).
La calificadora expuso dos escenarios. Uno favorable en el que la implementación efectiva de políticas permitiría una consolidación fiscal que estabiliza los niveles de deuda pública y la carga de intereses del gobierno, y en el que el incremento de la inversión privada impulsaría el crecimiento y la resiliencia de la economía. De concretarse, estos factores podrían fortalecer las finanzas públicas, mejorar la capacidad de crecimiento de largo plazo y, por tanto, propiciar una mejora en la perspectiva de la nota crediticia del país.
En el escenario desfavorable, una reducción insuficiente de los déficits fiscales impediría estabilizar la deuda pública, la carga de intereses y los pasivos contingentes. Este escenario incluiría, además, eventos inesperados en el comercio con Estados Unidos. De materializarse, estos riesgos podrían fragilizar la estabilidad económica, debilitar la sólida posición externa de México y, por ende, reducir la calificación crediticia.
Dentro de los aspectos positivos del país S&P destacó la estabilidad política2, las políticas económicas prudentes, en específico la fiscal y monetaria, así como el respaldo del T-MEC.3 Cabe destacar que la calificadora reconoció que el Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026 – 2030 fueron bien recibidas por el mercado interno, aunque señaló que existe incertidumbre sobre los mecanismos de financiamiento y el papel del sector privado en dichos planes (S&P Global Ratings, 2026c).
Moody’s
En mayo de 2026, Moody’s disminuyó la calificación crediticia de largo plazo del Gobierno Federal de Baa2 a Baa3 y modificó la perspectiva de negativa a estable (Cuadro 1). Aunque mantiene el grado de inversión, implica que el país se encuentra en el último escalón del grado de inversión.
Entre los argumentos de Moody’s Ratings (2026) para explicar su decisión destaca la advertencia de una consolidación fiscal lenta producto del apoyo del Gobierno Fedral a Pemex}, situación que limita la flexibilidad fiscal y empeora la asequibilidad de la deuda (Moody’s Ratings, 2026).
De igual forma, Moody’s preveé un crecimiento moderado, baja inversión pública y desaceleración de la inversión privada desde 2024. La calificadora identificó diversos factores estructurales que limitan el crecimiento potencial del país. Entre ellos destacan las deficiencias en la disponibilidad de energía eléctrica y agua, problemas logísticos, elevada informalidad laboral y persistentes niveles de inseguridad como elementos que restringen la productividad, reducen la competitividad y desincentivan la inversión privada de largo plazo (Moody’s Ratings, 2026).
Adicionalmente, la erosión de los anclajes fiscales por el incumplimiento constante de la regla de equilibrio presupuestario y las prioridades políticas reflejadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) perjudican la credibilidad de la política fiscal. Moody’s Ratings (2026) sustentó su decisión en el deterioro observado de las finanzas públicas. En particular, señala que la deuda bruta del Gobierno Federal aumentó de 39.8 % del PIB en 2023 a 49.3 % en 2025, y anticipa que llegue a 55 % del PIB para 2028, aproximándose a la mediana de las economías con calificación Baa. Asimismo, destaca el deterioro en la asequibilidad de la deuda, ya que el pago de intereses representa cerca del 17 % de los ingresos del Gobierno, proporción superior a la observada en la mayoría de países con una calificación similar, lo que reduce el margen para absorber choques fiscales (Moody’s Ratings, 2026).4
No obstante, la modificación de la perspectiva de negativa a estable refleja la expectativa de que México mantendrá fortalezas institucionales y macroeconómicas. En particular, destaca la ausencia de desequilibrios macroeconómicos significativos, la credibilidad e independencia del Banco de México como ancla de las expectativas de inflación y la integración económica con Estados Unidos mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) (Moody’s Ratings, 2026).
Finalmente, Moody’s Ratings (2026) incorporó consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro de su evaluación e identificó desafíos en materia de salud, elevados niveles de violencia y riesgos derivados del envejecimiento poblacional sobre un sistema de seguridad social con presiones de financiamiento. En materia de gobernanza, la calificadora reconoció el historial de políticas macroeconómicas prudentes y el marco institucional de la política monetaria, pero advierte que el deterioro reciente en los procesos de formulación de políticas públicas y fiscales podría afectar la confianza de los inversionistas y limitar las perspectivas de crecimiento de largo plazo (Moody’s Ratings, 2026).
Países que perdieron el grado de inversión
La pérdida del grado de inversión refleja un deterioro en la percepción sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras (Martínez, 2019). Aunque no implica, por sí misma, una crisis económica o un incumplimiento de la deuda soberana, sí modifica la percepción de riesgo de inversionistas internacionales, ya que eleva la probabilidad de impago, lo que incrementaría el costo del financiamiento para el gobierno, las empresas y el sistema financiero en su conjunto (Martínez, 2019; S&P Global Ratings, 2018).
Cuando una economía pierde el grado de inversión, una parte importante de los inversionistas enfrenta restricciones regulatorias que les impiden mantener activos con categoría especulativa. Como consecuencia, suele producirse una venta de bonos soberanos, presiones sobre el tipo de cambio, incrementos en las tasas de interés y una reducción de los flujos de inversión de cartera. Aunque la magnitud de estos efectos depende de las condiciones macroeconómicas y financieras de cada país, la evidencia internacional muestra que la pérdida del grado de inversión incrementa la vulnerabilidad frente a choques externos y reduce el margen de maniobra de la política económica (International Monetary Fund, 2010).5
Los casos de Brasil y Colombia son particularmente ilustrativos para México. Ambos países enfrentaron episodios de deterioro de sus finanzas públicas que derivaron en reducciones de su calificación crediticia; sin embargo, las causas, la respuesta de política económica y la velocidad de recuperación fueron diferentes. El análisis de estas experiencias permite comprender las consecuencias económicas de perder el grado de inversión y extraer lecciones sobre la importancia de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la credibilidad de la política económica.
Brasil
Brasil constituye uno de los ejemplos más representativos de pérdida del grado de inversión entre las principales economías emergentes de América Latina.
Después de varios años de estabilidad macroeconómica y crecimiento impulsado por el auge en el precio de las materias primas, el país comenzó a experimentar un deterioro gradual. La desaceleración de la actividad económica, junto con la caída de los precios internacionales del petróleo, los metales y diversos productos agrícolas, así como el incremento sostenido del gasto público y el debilitamiento de la disciplina fiscal, provocaron un rápido deterioro de las finanzas públicas, reflejado en el aumento del déficit público y de la deuda (Figuras 3 y 4) (BBC Mundo, 2015a; El Economista, 2016; Expansión, 2015; Grupo Financiero Banorte, 2015).
Al deterioro de las finanzas públicas y la recesión económica se sumó una crisis política que llevó a las agencias calificadoras a reconsiderar la calidad crediticia de Brasil (BBC Mundo, 2015a; Forbes México, 2015; Reuters, 2015).6
En septiembre de 2015, Standard & Poor’s retiró a Brasil el grado de inversión al reducir su calificación de BBB− con perspectiva negativa (calificación que obtuvo en julio de 2015) a BB+ con perspectiva negativa, argumentando que la situación política dificultaba la implementación de un ajuste fiscal creíble y comprometía la capacidad del gobierno para estabilizar la trayectoria de la deuda pública (Cuadro 2) (BBVA Research, 2015).
Posteriormente, Fitch Ratings y Moody’s realizaron acciones similares. Fitch redujo la calificación de BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva negativa en diciembre de 2015; por otro lado, Moody’s lo hizo en febrero de 2016 que pasó de Baa3 con perspectiva negativa a Ba2 con perspectiva negativa (Cuadro 2).
Los resultados de los acontecimientos políticos y financieros se observan en distintas variables. El real brasileño registró una fuerte depreciación frente al dólar al pasar de 2.6 reales brasileños por dólar a inicios de 2015 a 3.9 reales brasileños por dólar al cierre del mismo año (un incremento del 47 %) y llegar a 4.0 reales brasileños por dólar en enero de 2016 (Figura 5) (Expansión, 2015; Forbes México, 2015).
Las calificadoras también señalaron que ciertas decisiones de política económica adoptadas durante los años de mayor crecimiento, como el incremento sostenido del gasto público y políticas de expansión fiscal poco sostenibles, contribuyeron a profundizar los desequilibrios macroeconómicos. Además, las calificadoras destacaron el deterioro sostenido de los indicadores de las cuentas públicas, reflejado en la presentación, por primera vez, de un presupuesto con déficit primario previsto para 2016, en lugar del tradicional superávit fiscal (BBC Mundo, 2015a; BBVA Research, 2015). Asimismo, la modificación recurrente de las metas fiscales erosionó la credibilidad de la política económica y debilitó la confianza de los mercados (Grupo Financiero Banorte, 2015).7
La prima de riesgo soberano, es decir el costo/precio del Credit Default Swap (CDS), llegó en diciembre de 2015 a 494.9 puntos base (con un incremento de 146.5 % respecto de 2014). Tras la degradación diversos inversionistas redujeron su exposición a activos brasileños (Expansión, 2015) (Figura 6). Cabe destacar que antes de la degradación de calificación por parte de S&P Global Ratings, ya se presentaba un aumento constante de la prima (tan sólo de agosto de 2015 a enero de 2016, en promedio, la tasa de crecimiento anual fue de 164.1 %), esto quiere decir que la calificación fue también resultado del debilitamiento de las condiciones macroeconómicas y del panorama político.8
Adicionalmente, Brasil enfrentó una estanflación, caracterizada por una combinación de estancamiento económico e inflación elevada, ya que el PIB se contrajo 3.5 % en 2015 y 3.3 % en 2016 (Figura 1), mientras que la inflación alcanzó niveles cercanos al 10 % a finales de 2015. El repunte inflacionario llevó a anticipar que las tasas de interés se mantendrían elevadas, ubicándolas así, en 14.25 puntos porcentuales (pp) (Figura 2).9
A partir de 2016 se implementaron medidas orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal, entre las que destacan la aprobación de un techo constitucional al crecimiento del gasto público, reformas al sistema de pensiones y contener la deuda pública (International Monetary Fund, 2024; Presidência da República do Brasil, 2016, 2019, 2023).
Pese a los avances en la consolidación fiscal y al fortalecimiento gradual de sus fundamentos macroeconómicos, Brasil aún no ha recuperado el grado de inversión. Fitch Ratings y S&P Global Ratings mantienen la calificación soberana en BB, mientras que Moody’s la ubica en Ba1, ambas dentro de la categoría especulativa (Cuadro 1). Recuperar la confianza de las agencias calificadoras y de los mercados financieros suele ser un proceso gradual que puede extenderse durante varios años, incluso después de la implementación de importantes reformas fiscales e institucionales.
Colombia
La pérdida del grado de inversión de Colombia en 2021 fue resultado de un deterioro progresivo de las condiciones fiscales que se intensificaron con la pandemia de COVID-19 y agravaron por un entorno de elevada incertidumbre política y social. Aunque la economía inició una rápida recuperación durante 2021, las calificadoras concluyeron que el incremento del endeudamiento público y la limitada capacidad institucional para implementar un ajuste fiscal creíble incrementaban significativamente el riesgo soberano.
En mayo de 2021, S&P Global Ratings redujo la calificación soberana de largo plazo de BBB- a BB+, convirtiéndose en la primera de las tres principales agencias en retirar el grado de inversión al país. Dos meses después, en julio, Fitch Ratings adoptó la misma decisión al disminuir la calificación de BBB- a BB+.
Aunque Moody’s Ratings conservó el grado de inversión con una calificación de Baa2 durante ese año, inicialmente mantuvo una perspectiva negativa y posteriormente la modificó a estable tras la aprobación de la Ley de Inversión Social, al considerar que esta fortalecía el proceso de consolidación fiscal (Cuadro 3) (Banco de la República, 2021).
El principal factor detrás de estas decisiones fue el marcado deterioro fiscal. La crisis sanitaria obligó al Gobierno a implementar amplios programas de apoyo económico y social, al tiempo que la caída de la actividad económica redujo significativamente la recaudación tributaria. Como resultado, el déficit del Gobierno Nacional Central de Colombia fue de 7.3 % y la deuda pública aumentó a 54.8 % en 2021 (Figuras 3 y 4). Para las agencias calificadoras, este incremento no representaba únicamente un efecto transitorio sino que evidenciaba la ausencia de un plan creíble para revertir la trayectoria ascendente de la deuda y reconstruir el espacio fiscal.
La incertidumbre se intensificó tras el rechazo de la reforma tributaria presentada por el Gobierno en abril de 2021 (S&P Global Ratings, 2021). La iniciativa buscaba incrementar los ingresos permanentes para financiar el mayor gasto derivado de la pandemia y preservar la sostenibilidad fiscal; sin embargo, fue retirada ante el rechazo social y político. Para S&P y Fitch, este episodio evidenció la dificultad de construir consensos políticos y aprobar reformas estructurales. Aunque posteriormente se aprobó la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), cuyo objetivo fue fortalecer los ingresos tributarios, rediseñar la regla fiscal e introducir un ancla explícita de deuda pública, las dos agencias consideraron que estas medidas llegaron después de que la confianza sobre la trayectoria fiscal del país ya se había deteriorado.10
Las agencias destacaron la vulnerabilidad del sector externo como un elemento adicional. Colombia mantenía un déficit elevado de cuenta corriente financiado mediante flujos de capital y, con niveles altos de deuda externa en comparación con economías con calificaciones similares (Banco de la República, 2021; La República/Colombia, 2021).
La prima de riesgo en Colombia llegó a su nivel más alto en octubre de 2022 a 351.2 puntos base (con un aumento de 114.0 % respecto de 2021), es decir, después del cambio de calificación a grado especulativo por parte de las calificadoras (Figura 6).
Para marzo de 2023 la inflación se ubicó en 13.3 % (Banco de la República, 2023). Como respuesta, el Banco de la República de Colombia inició el proceso de alzas de tasas de interés ubicándola hasta 13.25 puntos base en mayo de 2023 (Figura 2).
Por otra parte, el tipo de cambio tuvo un incremento de 13.5 % en 2021, pasó de 3,491.3 a 3,963.1 pesos colombianos por dólar; para 2022 pasó de 3,999.6 a 4,788.5 pesos por dólar, es decir, una depreciación de 19.7 % respecto al dólar (Figura 5).
Colombia aún no ha recuperado plenamente el grado de inversión. Actualmente, Fitch Ratings mantiene la calificación soberana en BB con perspectiva estable y S&P Global Ratings en BB- con perspectiva estable, ambas dentro de la categoría especulativa (Cuadro 1). Por su parte, Moody’s conserva la calificación en Baa3 con perspectiva estable, correspondiente al último escalón del grado de inversión (Cuadro 1).
Implicaciones de política pública
Las evaluaciones realizadas por las principales agencias calificadoras muestran que la preservación del grado de inversión depende de un conjunto de factores que van más allá del nivel de endeudamiento público. Si bien la evolución de la deuda y del déficit fiscal constituyen un elemento central en la evaluación del riesgo soberano, las agencias también consideran la capacidad de crecimiento de la economía, la inversión pública y privada, la fortaleza institucional, la credibilidad de la política económica, la existencia de un marco fiscal que permita estabilizar las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y, el acceso a mercados internacionales, entre otras cosas.
En el caso de México, los reportes de Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody’s coinciden en señalar que el país mantiene fortalezas importantes, como un marco macroeconómico prudente, la credibilidad de la política monetaria y una estrecha integración comercial con Estados Unidos. No obstante, también identifican desafíos persistentes relacionados con el bajo crecimiento económico, la reducida capacidad recaudatoria, la rigidez del gasto público, el apoyo fiscal a Pemex y el incremento de las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, factores que limitan el margen de maniobra de la política fiscal.
Las experiencias internacionales analizadas muestran que la pérdida del grado de inversión rara vez responde a un solo acontecimiento. En Brasil, el deterioro de las finanzas públicas coincidió con una profunda recesión económica y una crisis política que debilitó la capacidad del gobierno para implementar un ajuste fiscal creíble. En Colombia, la pandemia aceleró el deterioro fiscal y la incertidumbre aumentó tras el fracaso de la reforma tributaria de 2021, por lo que puso en duda la capacidad institucional para estabilizar la deuda pública. En ambos casos, la combinación de déficits persistentes, bajo crecimiento económico e incertidumbre política aceleró el deterioro de la calificación soberana.
Asimismo, recuperar la confianza de los mercados es considerablemente más complejo y suele requerir varios años de disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y reformas orientadas a elevar el crecimiento potencial de la economía.
Las lecciones para México apuntan a la importancia de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, un mayor impulso al crecimiento, integración a mercados internacionales, una consolidación fiscal gradual y creíble, el fortalecimiento de los ingresos públicos, una asignación más eficiente del gasto, y el manejo prudente de los pasivos contingentes.
Desde el CIEP se ha señalado la importancia de fortalecer el marco de responsabilidad hacendaria y los ingresos fiscales. En los últimos años, existe un incumplimiento de las metas establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En particular, el déficit presupuestario se ha ubicado por encima de los niveles consistentes con una trayectoria sostenible de las finanzas públicas, mientras que el Gasto Corriente Estructural (GCE) ha registrado un crecimiento superior al límite previsto por la propia legislación. Estas desviaciones reducen la credibilidad del marco institucional y limitan el margen de maniobra para enfrentar choques económicos futuros. Fortalecer el cumplimiento de estos indicadores, junto con una mayor transparencia y rendición de cuentas en la conducción de las finanzas públicas, contribuiría a reforzar la confianza de los mercados y preservar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
1 Estas ICVs necesitan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar. La autorización se otorga a las sociedades anónimas constituidas conforme a las disposiciones especiales previstas en la Ley del Mercado de Valores y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ↩︎
2 Se entiende como estabilidad política lo que la calificadora señala como cambios regulares de gobierno durante más de dos décadas en una transición pacífica del poder político (S&P Global Ratings, 2026c). ↩︎
3 El 1° de julio concluyó el plazo para definir su hoja de ruta; se acordó extender su vigencia hasta 2036 con revisiones anuales (Secretaría de Economía, 2026). ↩︎
4 Respecto a Pemex, Moody’s enfatiza que el apoyo financiero del Gobierno Federal continúa debilitando los esfuerzos de consolidación fiscal. Durante 2025, el ajuste primario inicial, equivalente aproximadamente a 1.0 % del PIB (logrado mediante recortes al gasto de capital), se redujo a cerca de 0.5 % del PIB como consecuencia del apoyo extraordinario otorgado a la empresa, estimado en alrededor de 35 mil millones de dólares. Adicionalmente, para 2026 se contempla un nuevo respaldo financiero cercano a 14 mil millones de dólares, lo que seguirá ejerciendo presión sobre las finanzas públicas y limitará la velocidad de estabilización de la deuda pública (Moody’s Ratings, 2026). ↩︎
5 Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la pérdida del grado de inversión no representa un proceso irreversible. Diversos países han logrado recuperar la confianza de los mercados mediante programas de consolidación fiscal y reformas orientadas a elevar el crecimiento potencial de sus economías (International Monetary Fund, 2010). ↩︎
6 Las investigaciones derivadas del caso Operación Lava Jato en marzo de 2014 dieron a conocer diversas empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito (Nicas y Ionova, 2024; Pont, 2021; Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, 2022) que provocaron un agitamiento político que involucró a Petrobras, Odebrecht y numerosos funcionarios públicos que incrementaron la incertidumbre política, redujeron la confianza empresarial y afectaron las perspectivas de crecimiento económico (Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, 2022). ↩︎
7 Por otro lado, la creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso obstaculizó las reformas y medidas de consolidación fiscal. La apertura del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff incrementó la incertidumbre política y desvió la atención de las autoridades de la implementación de los ajustes económicos necesarios (BBC Mundo, 2015b; Grupo Financiero Banorte, 2015). ↩︎
8 Este deterioro de la confianza también se reflejó en el mercado bursátil, donde el índice Ibovespa, principal indicador de la Bolsa de São Paulo, registró una caída de 0.81 %, al cerrar en 46.211 puntos (Expansión, 2015). ↩︎
9 Al mismo tiempo, la tasa de desempleo aumentó significativamente, en tanto que la inversión privada registró una contracción importante (Expansión, 2015; Reuters, 2015). ↩︎
10 Paralelamente, la baja aprobación del gobierno y la cercanía de las elecciones presidenciales de 2022 incrementaron la incertidumbre sobre la viabilidad de implementar reformas adicionales para corregir los desequilibrios fiscales (Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, 2021; S&P Global Ratings, 2021; Universidad de Antioquia, 2021). ↩︎
