Enfoque de género en el presupuesto

La perspectiva de género nos permite visibilizar, cuestionar y modificar las estructuras que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres. En el marco normativo de México, la LGIMH establece que este concepto se refiere a la metodología y los mecanismos destinados a identificar y evaluar situaciones de discriminación, exclusión y desigualdad, así como a definir acciones correctivas para avanzar hacia la igualdad sustantiva (Cámara de Diputados 2024b).

Aplicar la perspectiva de género en el diseño y evaluación de políticas públicas implica reconocer que las relaciones entre mujeres y hombres no son neutrales, sino que están influenciadas por construcciones sociales que asignan roles diferenciados. Este enfoque permite desarrollar estrategias más efectivas para reducir las brechas de género en áreas clave como educación, salud, empleo, entre otros ámbitos.

Es fundamental aclarar que, así como comúnmente se confunde el concepto de género con una referencia exclusiva a las mujeres, también existe la idea errónea de que un presupuesto tiene perspectiva de género únicamente por destinar recursos a programas para mujeres, cuando su verdadero propósito es asegurar que el gasto responda a las diferentes necesidades e impactos que experimentan todas las personas.

En este sentido, los presupuestos con perspectiva de género benefician a toda la población, ya que buscan garantizar una distribución equitativa de los recursos considerando las diversas necesidades de cada persona (ONU Mujeres 2023).

El objetivo del documento es analizar la distribución del gasto público en México desde una perspectiva de género, evaluando en qué medida los recursos asignados en el PEF 2025 contribuyen a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Además, se identifican desafíos pendientes en la implementación de políticas de género, destacando la necesidad de un enfoque más integral y sostenible que vaya más allá de las transferencias monetarias para abordar desigualdades estructurales.

Marco normativo

En México, la integración de la perspectiva de género en el presupuesto se fundamenta principalmente en las siguientes leyes:

LGIMH: Establece la obligación de integrar la perspectiva de género en la creación de políticas y asignación de recursos, con el objetivo de asegurar la igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Además, obliga a que la Política Nacional en Materia de Igualdad apoye la transversalidad (Cámara de Diputados 2024b).

LFPRH: Exige incorporar la perspectiva de género a lo largo del ciclo presupuestario, asegurando la clasificación de recursos por género y la asignación de fondos para promover la igualdad. En 2012, se estableció que los recursos destinados a la igualdad de género no disminuirán respecto al asignado al año anterior (Cámara de Diputados 2024a).

Ley de Planeación: Obliga a dependencias y entidades federales a planificar y conducir sus actividades con perspectiva de género, estableciendo indicadores que evalúen el impacto de los programas en la igualdad de oportunidades (Cámara de Diputados 2023).

A pesar del marco normativo, la perspectiva de género en el presupuesto se aplica de forma parcial, sin un enfoque transversal en todo el ciclo, lo que limita su efectividad y deja retos en la asignación del gasto.

Evolución del presupuesto para la igualdad

La Figura 1 muestra el comportamiento del presupuesto para la igualdad sustantiva, evidenciando cambios en la asignación y ejecución de recursos. A lo largo de los años, el presupuesto aprobado ha mostrado una tendencia creciente, aunque con diferencias en su ejercicio.

En 2020, pese a un incremento notable en el presupuesto aprobado, el gasto fue menor, posiblemente por los ajustes derivados de la pandemia de COVID-19.

En contraste, en 2021 el presupuesto ejercido superó al aprobado, reflejando una mayor ejecución de recursos. Sin embargo, en 2022 persistió el subejercicio a pesar de haber gastado un 203.5% más que el año anterior en el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y un 85.6% más en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, repitiendo el caso en 2023.

Asignación de recursos para 2025

En el PEF 2025, el Anexo XIII ’Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres’, tiene un presupuesto aprobado de 479 mil 248.4 mdp, lo que equivale a un aumento real del 9.6% respecto a lo asignado en 2024. Adicionalmente, se prevé la ejecución de 29 mil 479.0 mdp por parte de entidades con recursos propios. En total, el presupuesto para la igualdad sustantiva alcanzaría los 508 mil 727.4 mdp (SHCP 2024). Sin embargo, el 52.5% de estos recursos se asignó a pensiones.

En la Figura 2 se muestra que entre los ramos con mayor participación en el presupuesto está Bienestar, que con 282 mil 504.6 mdp representa el 55.5% del total. Por su parte, la SEP dispone de 130 mil 184.8 mdp, equivalentes al 25.6% y el IMSS cuenta con 29 mil 229.4 mdp, lo que representa el 5.7% del total.

Políticas de género para el sexenio

A pesar de que desde el inicio de la presente administración se están destinando la mayor parte de los recursos del Anexo XIII a las transferencias monetarias, se busca la implementación de diversas iniciativas con enfoque de género:

Reformas Constitucionales:

Se propusieron enmiendas constitucionales con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, abordar la violencia de género y asegurar la paridad de género en cargos gubernamentales. Estas reformas buscan modificar seis artículos de la Constitución y siete leyes secundarias. Además, se contempla la creación de una ’Cartilla de los Derechos de las Mujeres’, con el fin de distribuirla en todo el país e informar a las mujeres sobre sus derechos (Gobierno de México 2024).

Pensión Mujeres Bienestar:

Se lanzó un programa social denominado «Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores» (Gobierno de México 2025), que otorga un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años, con prioridad para aquellas de comunidades indígenas y afromexicanas.

Secretaría de las Mujeres:

Este movimiento representó una evolución del anterior INMUJERES; es decir, las funciones y atribuciones que desempeñaba el INMUJERES han sido absorbidas por la nueva Secretaría. Esta entidad tiene como objetivo implementar políticas de igualdad de género al mismo nivel que otras secretarías, enfocándose en reducir la violencia de género, abordar la desigualdad y mejorar las condiciones laborales de las mujeres, especialmente de jornaleras y trabajadoras de maquiladoras. Para 2025, la Secretaría de las Mujeres cuenta con un presupuesto de 2,093.5 mdp, esto es, en términos reales, 1.1% mayor a lo aprobado para el INMUJERES en 2024.

Campaña contra la Violencia de Género:

La campaña ’Es tiempo de mujeres sin violencia’ busca erradicar la violencia de género en México mediante un cambio cultural y social. La iniciativa tiene el fin de promover la concientización sobre conductas discriminatorias y fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad.

Creación de un SNC:

Esta iniciativa tiene el propósito de reconocer el cuidado como un derecho además de redistribuir equitativamente estas responsabilidades, que históricamente han recaído sobre las mujeres, limitando su desarrollo laboral y educativo. La implementación será gradual, coordinada por el DIF y el IMSS, con proyectos como los CECI.

Implicaciones de política pública

Aunque se reconocen avances relevantes para disminuir las desigualdades de género, existe incertidumbre sobre si los recursos destinados son suficientes para este objetivo y si además están bien enfocados.

En 2025, el presupuesto destinado a la igualdad sustantiva supera los 508 mil millones de pesos; sin embargo, más de la mitad de estos fondos están concentrados en pensiones, lo que evidencia que el enfoque de género no se ha logrado incorporar en todas las políticas públicas desde hace casi una década.

A pesar de que el presupuesto ha mostrado una tendencia creciente en el tiempo, su asignación y ejercicio han tenido variaciones que limitan su efectividad. Los apoyos económicos, como pensiones y becas, pueden aliviar carencias económicas inmediatas, pero su alcance es insuficiente para combatir la desigualdad de género de manera estructural, además de que pueden limitarse a ser un mecanismo paliativo de corto plazo.

Es posible que estas medidas no transformen las dinámicas que fomentan la desigualdad, como la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres, ni garanticen el acceso a servicios esenciales como salud, educación o de cuidado. Además, existe el riesgo de generar dependencia económica si no se acompañan de acciones que promuevan la autonomía y el acceso a empleos formales.

En este contexto, la transversalización de la perspectiva de género en el presupuesto es fundamental para asegurar que los recursos públicos se asignen de manera efectiva y respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, integrando la igualdad de género en todas las etapas del ciclo presupuestario. Junto a esto, es fundamental incorporar un enfoque interseccional que considere factores como la edad, el origen étnico o discapacidades. Sin esta integración, las políticas públicas corren el riesgo de ser ineficaces para transformar las estructuras de desigualdad.

Por tanto, los apoyos económicos deben formar parte de una estrategia más amplia que contemple la consolidación de un SNC, el acceso equitativo al empleo, la educación con enfoque de género y reformas que impulsen la igualdad sustantiva y erradiquen la violencia de género.