En 2024, México enfrenta su máximo déficit público desde al menos 1990, alcanzando el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado, según los Pre-Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, por los grandes proyectos de infraestructura de la presente administración. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta reducir este déficit a casi la mitad, llevándolo al 3.0% del PIB para 2025, mediante una «consolidación fiscal». Esta se lograría aumentando los ingresos presupuestarios, reduciendo el gasto público o mediante una combinación de ambas medidas. Sin embargo, existe el reto de reducir en un 1.8% del PIB el déficit presupuestario. Se destaca la necesidad de una reforma fiscal integral que mejore la efectividad recaudatoria y promueva la equidad fiscal. Medidas alternativas pueden incluir aumentar impuestos específicos y/o reducir la informalidad, pero probablemente no sean suficientes. Las inversiones en educación y salud deben ser protegidas para evitar efectos negativos en la redistribución del ingreso, así como las inversiones para aumentar la productividad ante el cambio demográfico.
Endeudamiento y consolidación fiscal
Para este año 2024, el Congreso de la Unión aprobó un déficit público1 de 5.4% del PIB; una magnitud no vista desde, al menos, 1990 (SHCP 2024b). Sin embargo, en abril pasado, la SHCP todavía lo actualizó al alza a 5.9%, argumentando que bajaría a niveles del 3.0% para el próximo año, según los Pre-CGPE 2025. La razón detrás del creciente déficit, según menciona el mismo documento, fueron los «grandes proyectos de infraestructura de la presente administración», los cuales no deben representar gastos recurrentes. En este sentido, la SHCP proyectó que, para 2025, dicho desequilibrio fiscal se reduciría a la mitad en términos reales: bajar de 2.0 a 1.0 billones de pesos.
No obstante, los retos no solo provienen de encontrar los mecanismos para reducir el déficit, sino de prepararse ante el próximo cambio demográfico. Particularmente, desde 1993, aunque el PIB haya crecido, en promedio, un 2.2% anual, esto se ha debido a una mayor presencia de trabajadores (por el bono demográfico) y no a una mayor productividad de los mismos. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024, la generación de recursos fue de 542 mil pesos por persona ocupada, un 5.4% menos que en 2005 (573 mil, Figura 1) (INEGI 2024a, 2024b). Ante las estimaciones de CONAPO (2023), que proyectan que la tasa de dependencia (relación entre personas en edad de trabajar y los menores y mayores de edad) aumentará a partir de 2031 (al finalizar el siguiente sexenio, Figura 2), el crecimiento futuro puede verse comprometido por una menor masa trabajadora si no se eleva su productividad mediante inversiones y en educación.
El objetivo es cuantificar las opciones de ingresos y gastos disponibles para una eventual consolidación fiscal, con sus implicaciones a largo plazo. La reducción del déficit se puede lograr por dos vías (o por la combinación de ambas):
- Aumentando los ingresos presupuestarios y/o
- Reduciendo el gasto público.
Posibles fuentes para la consolidación
El PEF 2024 contempla una inversión de 0.5% del PIB, destinada a los proyectos prioritarios del Tren Maya, el Interurbano México-Toluca (Insurgente), el Suburbano-AIFA y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por lo tanto, si estos se concluyen antes del siguiente sexenio, se tendría una reducción del déficit de dicho tamaño. Adicionalmente, si las tasas de interés promedio se reducen el próximo año, se obtendría un beneficio adicional de 0.6% del PIB2 (SHCP 2024c). Lo anterior daría una reducción total de 1.1% del PIB para 2025.
Aun así, la consolidación fiscal necesitaría reducir todavía un 1.8% para que el déficit se encuentre en los niveles requeridos para la consolidación fiscal.
¿Cuánto gasto más se puede reducir?
El PEF 2024 considera un gasto total neto de 26.7% del PIB. Sin embargo, el 63.3% de este gasto son compromisos ineludibles, que comprenden el costo financiero de la deuda (3.3% del PIB), los gastos de Pemex y de la CFE (3.7%), las participaciones a las entidades federativas (4.0%) y pensiones (5.9%). Particularmente, se han destinado aportaciones patrimoniales de la SENER a Pemex equivalentes al 0.4% del PIB3. El restante 36.7% no son ineludibles y se destina a educación (3.3% del PIB), salud (2.9%), inversiones (1.7%) y otros gastos (2.0%).
Dentro de otros gastos, el 53.9% son servicios personales (1.3% del PIB), el 21.2% son subsidios y transferencias, y el 20.2% son gastos generales. Si bien no se sabe cuánto podrían reducirse para 2025, por ejemplo, una reducción del 25% significaría un ahorro de 0.3% del PIB. Adicionalmente, si las inversiones se reducen en un 0.5% del PIB, como se propone, se alcanzarían los niveles más bajos de inversión, al menos, desde 2013. Por último, cualquier reducción en educación y salud tendría efectos distributivos negativos (el muestra que el 63.7% del gasto educativo se destina al 50% de los hogares con menores recursos, así como el 54.1% del gasto en salud), además de estar por debajo de los mínimos recomendados internacionalmente.
| Decil | Impuestos al trabajo | Impuestos al consumo | Impuestos al capital | Educación | Salud |
| I | 0.7% | 3.0% | 0.3% | 14.6% | 10.2% |
| II | 2.4% | 4.2% | 0.8% | 14.0% | 11.0% |
| III | 4.2% | 5.1% | 1.4% | 12.8% | 11.1% |
| IV | 5.7% | 5.8% | 2.5% | 11.5% | 11.0% |
| V | 7.5% | 6.9% | 3.9% | 10.8% | 10.8% |
| VI | 9.2% | 7.7% | 5.4% | 9.8% | 10.6% |
| VII | 10.6% | 9.2% | 8.1% | 8.5% | 9.8% |
| VIII | 13.3% | 10.7% | 11.2% | 7.4% | 9.4% |
| IX | 17.2% | 15.0% | 17.8% | 6.1% | 8.7% |
| X | 29.2% | 32.6% | 48.6% | 4.6% | 7.3% |
| Nacional | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
¿Dónde puede haber más ingresos?
La efectividad de un impuesto se mide a través de su tasa efectiva. Esta tasa indica la proporción recolectada en relación con el monto de la cuenta macroeconómica del PIB gravada4. Este resultado permite comparar cuáles impuestos recaudan más respecto a su “máximo potencial”, ya sea de ingreso o de consumo. El muestra el potencial de aumentar impuestos, particularmente a través del IEPS y el ISAN (debido a sus bajas tasas efectivas). No obstante, no hay ninguna propuesta sobre aumentar algún impuesto al consumo. Otra opción sería reducir la informalidad, especialmente en el ISR. Si se lograra reducirla en un 25%, la recaudación aumentaría en 0.8% del PIB, aunque también con posibles efectos redistributivos debido a la concentración de la informalidad en los deciles más bajos.
| Impuesto | Recaudación (A) | Cuenta gravada | Monto total (B) | Tasa Efectiva (=A/B%) |
| IVA | 3.9% PIB | Consumo de hogares | 66.4% PIB | 5.9% |
| ISAN | 0.1% PIB | Compra de vehículos | 2.9% PIB | 2.3% |
| IEPS | 2.0% PIB | Consumo de hogares | 66.4% PIB | 3.1% |
| Aranceles | 0.3% PIB | Consumo de hogares | 66.4% PIB | 0.5% |
| Impuestos al consumo | 6.3% PIB | Consumo de hogares | 66.4% PIB | 9.5% |
| ISR (Salarios) | 3.7% PIB | Remuneración de asalariadosa | 28.3% PIB | 13.0% |
| CSS | 1.6% PIB | Remuneración de asalariadosa | 28.3% PIB | 5.6% |
| ISR (Físicas) | 0.2% PIB | Ingreso mixto “laboral”b | 13.3% PIB | 1.8% |
| ISR (Morales) | 4.0% PIB | Excedente neto de operaciónc | 30.3% PIB | 13.4% |
| Impuestos al ingreso | 9.6% PIB | Ingresos netos | 71.9% PIB | 13.3% |
Implicaciones de política pública
La actual situación fiscal, con un déficit público estimado del 5.9% del PIB, exige medidas para lograr una consolidación fiscal que reduzca el déficit al 3.0% del PIB proyectado para 2025. Para alcanzar este objetivo, el gobierno debe considerar tanto el aumento de los ingresos como la reducción de los gastos en un equivalente a 2.9% del PIB.
En sumatoria, si se disminuyera el gasto de inversión en 0.5% del PIB, el costo de la deuda en 0.6% y se combatiera la informalidad, aumentando la recaudación en 0.8%, aún quedaría pendiente una reducción del déficit en 1.0% del PIB para lograr a la meta de la consolidación fiscal en 2025. Aunque es probable que ciertos supuestos no se cumplan.
Lo anterior requiere un enfoque integral y sostenible que considere los efectos de la baja productividad laboral y el cambio demográfico del país, especialmente tras el incremento en la tasa de dependencia después de 2031. El diseño de nuevos impuestos, la mayor recaudación petrolera o el combate a la informalidad necesita anticiparse a dichos cambios con efectos de largo plazo. En cuanto a los gastos, reducir inversiones y gastos en educación y salud puede tener efectos adversos significativos en términos de equidad.
Para una consolidación fiscal efectiva y sostenible, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal integral, con discusiones sobre la ampliación de la base tributaria y sobre mejoras en la eficiencia del gasto. Debe considerarse la equidad fiscal, con cargas y beneficios justos entre todos los sectores sociales y entre las generaciones presentes y futuras.
- Reflejado bajo los RFSP.↩︎
- Siendo un 0.2% por menor costo de la deuda y 0.4% por menores ajustes a los RFSP.↩︎
- Aunque representan gastos no recurrentes, Pemex enfrenta actualmente problemas con su deuda.↩︎
- Consideramos al PIB y sus cuentas nacionales como el potencial máximo que el sistema fiscal puede recaudar en un año determinado.↩︎
