El PEF 2026 prevé una inversión pública, de 1.26 billones de pesos, esto es, el 3.2% del PIB, y 21% más en términos reales respecto de 2025. De este monto el 42.3% será para los proyectos prioritarios de la presente administración federal. El aumento previsto en la inversión no compensa la contracción observada en 2025. Comparado con 2024, la inversión del próximo cae un 6.5%. Para el período 2027-2030, la SHCP estima que la inversión pública se reduzca hasta llegar a 2.4% del PIB. Como el CIEP ha mencionado antes, la inversión pública se ha convertido en variable de ajuste en las finanzas públicas desde hace décadas. Adicionalmente, la disminución en la inversión se verá impulsada por la reducción de los recursos que se destinan a proyectos de infraestructura financiados a través de Pidiregas y APP. De no encontrar nuevos mecanismos que impulsen la inversión pública se segurirá limitarando el crecimiento potencial del país en en el corto y mediano plazo.
1 Alza temporal de la inversión pública 2026
Para el ejercicio fiscal 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) prevé una inversión pública de 1 billón 267 mdp, orientada a la conclusión e inicio de proyectos de infraestructura clave, tales como los Nuevos Trenes: México-Querétaro, Irapuato-Guadalajara y México-SLP, energía, carreteras y caminos, entre otros.
Este monto representa un 3.2% del PIB y un aumento real del 21% respecto a 2025. Sin embargo, la investigación revela que este repunte parece coyuntural pues los CGPE 2026 advierten una contracción de 0.6 puntos porcentuales del PIB hacia 2030.
La caída proyectada en el mediano plazo se agrava con el declive en proyectos de infraestructura financiados a través de los esquemas de participación privada y mixta. Para los esquemas de Pidiregas y Asociaciones Público-Privadas (APP) se prevé una caída de 95.2% y 89.5% de 2025 a 2026, respectivamente, según datos de la SHCP (SHCP, 2025).
Ante este panorama es importante establecer una estrategia de financiamiento de largo plazo para financiar la infraestructura pública. Dicha estrategia podría contemplar nuevos mecanismos de participación privada en el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento y el desarrollo de la economía.
Objetivo
En este contexto, el objetivo de está investigación es mostrar la evolución reciente de la inversión pública y sus perspectivas de corto y mediano plazo ante la reducción prevista de los proyectos de infraestructura con participación privada.
La reducción del gasto de inversión hacia el cierre del sexenio evidencia que, como ha ocurrido desde hace años, esta se ha convertido en un factor de ajuste fiscal con implicaciones en el crecimiento económico y la recaudación futura.

2 El gasto de inversión: sesgos a la baja
Para esta investigación, el gasto de inversión pública se define a partir del concepto de gasto de capital, el cual se integra por la inversión física y la inversión financiera. Bajo esta delimitación, el análisis que se presenta muestra la trayectoria de la inversión pública revela un cambio. Para el periodo 2019 a 2024, la inversión pública promedió un 3.8% del PIB. Sin embargo, para el período 2025-2030, con datos de la SHCP se estima que se ubique en un promedio de 2.8% del PIB.

Si bien para el ejercicio 2026 la inversión pública ascendería a 3.2% del PIB, con un crecimiento real del 21% respecto de 2025. Este aumento parece coyuntural, pues para 2030 la inversión pública se reduciría paulatinamente hasta alcanzar el 2.6% del PIB. Adicionalmente, comparado con la inversión pública de 2024, el monto de 2026 representaría una contracción de 6.5%.
La reducción en la inversión pública prevista para 2026-2030 está ligada al ajuste del déficit público. Dicho déficit, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), también experimentará una contracción, pasando de 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027 y a 3.0% de 2028 en adelante, de acuerdo con los CGPE 2026.
En la Figura 1 se ilustra esta trayectoria descendente. El componente más afectado es la inversión física, que se reduce del 2.5% en 2026 a 2.3% del PIB en 2029 y 2030 (SHCP, 2025). En lo que se refiere a la inversión financiera, esta se ubicaría en 0.7% del PIB en 2026 y en 0.3% en 2030 (CGPE, 2026).
El aumento de inversión pública prevista para 2026 respecto de 2025 no compensa la contracción comparada con 2024. Hacia el final del sexenio se aprecia una tendencia de reducción. El ajuste fiscal previsto también restringe la posibilidad de sostener altos niveles de inversión, afectando con ello las perspectivas de crecimiento de la economía.

3 Recursos para proyectos prioritarios
Para el próximo año, del total de los recursos presupuestados para infraestructura, el 42.3% se destina a los proyectos prioritarios de la presente administración federal (SHCP, 2025).
Entre estos proyectos destacan:
- Pemex con el 46% del total de estos proyectos.
- Le siguen los Nuevos Trenes, con el 19.5%.
- Los proyectos en CFE representan el 11.4%.
- Finalmente, Carreteras y Caminos concentra el 5.1%.
Focos y ajustes de la inversión prioritaria
El análisis de la composición de estos proyectos prioritarios:
- Predominancia energética: Los proyectos de Pemex (247,230 mdp). CFE (61,091 mdp), absorben conjuntamente la mayor porción del presupuesto, enfatizando la prioridad del sector.
- Énfasis ferroviario: La continuidad en la inversión en Nuevos Trenes (104,576 mdp), Tren Maya (30,000 mdp) y el Istmo de Tehuantepec (25,000 mdp) confirma la permanencia de los megaproyectos como el foco principal de la inversión pública.
- Recalibración para la conclusión de obras: Se observan ajustes significativos, como las reducciones en las Obras de Interconexión al AIFA y el Tren México-Toluca. Estos movimientos sugieren ajustes para concentrar recursos donde la necesidad de conclusión es más crítica, a pesar del aumento global en la inversión.
Esta estrategia de asignación es definida por la SHCP como inversión impulsada, cuyo propósito es fortalecer la infraestructura como un motor de crecimiento económico y bienestar social.
La inversión impulsada
Para financiar estos proyectos de inversión, de acuerdo con la SHCP se utiliza la inversión impulsada, que combina diversas fuentes más allá del presupuesto tradicional. Según la Exposición de Motivos del PPEF 2026:
La inversión impulsada representa la suma de la inversión presupuestaria para construir, sin importar la fuente de financiamiento, que incluye las dependencias de la administración federal con recursos del presupuesto, entidades públicas con sus propios recursos, la inversión de empresas de estado como Pemex y CFE; y la inversión financiada por el sector privado bajo el esquema de Pidiregas, sin incluir el pago de deuda para cubrir el costo de los mismos (SHCP, 2025).
La priorización de estos proyectos busca facilitar el cierre de obras estratégicas en 2026 pero puede incrementar la vulnerabilidad de sectores no prioritarios ante la reducción de gasto prevista para los años siguientes.
4 Menos recursos para APP y Pidiregas
Para la SHCP, la utilización de esquemas de inversión mixta, como los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) y las Asociaciones Público Privadas (APP), permite dinamizar el gasto y «aprovechar la participación de la iniciativa privada en el diseño, construcción, financiamiento y operación de proyectos, bajo una clara asignación de riesgos» (SHCP, 2025).
Sin embargo, la caída en la inversión física a partir de 2027 (Figura 1), sería producto, en parte, de la conclusión de varios compromisos multianuales relacionados precisamente con los mecanismos de Pidiregas y APP.

En la Figura 2, se muestra la magnitud de la contracción en los compromisos de pago multianuales de infraestructura con participación privada. Estos compromisos, que no se registran como deuda en el momento de la contratación sino como gasto futuro, han sido relevantes en el financiamiento de la inversión física, al participar con 35.7% del total de 2025.
El gráfico evidencia dos fenómenos simultáneos:
- Los compromisos de Pidiregas Directos caen de 43.8 mmdp en 2026 a 20.4 mmdp en 2030. Sin embargo, para 2026 la caída es de 25.8% con respecto a 2025 y para 2030 sería de 98%.
- Por su parte, los Pidiregas Condicionados se mantienen en un nivel de 90.3 mmdp en 2026 y 97.3 mmdp en 2030. De 2025 a 2026 la caída es de 94.8%.
Reducción de APP
- Los compromisos de Asociaciones Público-Privadas (APP) se reducen de manera acelerada, pasando de un total de 12.6 mmdp en 2026 a 2.8 mmdp en 2030.
- El componente de «Pago por disponibilidad» -que es la obligación de pago más estricta- se reduce de 9.0 a 1.5 mmdp, indicando una posible finalización o transición de estos contratos. Esto representa una caída de 85% de 2025 a 2026.
La eliminación de estos mecanismos de pago diferido, aunque implica una reducción de pasivos, también puede significar menores opciones de financiamiento de infraestructura pública y limitar la participación del sector privado en las actividades de inversión en un contexto de reducido espacio fiscal, por lo que persiste las dudas acerca de si el Estado contará con la capacidad financiera de concluir las obras propuestas ajuste fiscal.
5 Implicaciones de política pública
Aunque la inversión pública crecería anualmente 21% en 2026, comparado con 2024, representa una caída de 6.5%. Hacia 2030 se espera que la caída siga hasta ubicarse en 2.6% del PIB (3.2% del PIB en 2026). Lo anterior tendrá efectos negativos en la productividad, el crecimiento económico, así como dudas sobre el financiamiento y la continuidad de las obras estratégicas planteadas por la presente administración.
La concentración del gasto en 2026 para proyectos prioritarios en el sector energético y ferroviario, deja menos recursos para otros rubros que requieren nueva infraestructura como educación, salud, vivienda, lo cual puede generar mayores rezagos de mantenimiento y capacidad instalada a partir de 2027, cuando la inversión pública disminuya.
En lo que se refiere a Pidiregas y APP, el Gobierno Federal prevé utilizar cada vez menos este tipo de mecanismos. Para 2026, el monto destinado a ellos cae 95% en términos reales. Ante la debilidad de los ingresos públicos y el estrecho espacio fiscal del país, se requiere diseñar nuevas estrategias que impulsen proyectos de infraestructura pública (no sólo en materia de movilidad, sino también de agua, vivienda, seguridad y salud, entre otros). Algunos de ellos posiblemente a través de mecanismos que permitan la participación privada o mixta.




