La infraestructura pública es fundamental para impulsar el crecimiento y ampliar el acceso a bienes y servicios; sin embargo, sus efectos trascienden la dimensión productiva, pues influyen en la distribución del tiempo, el bienestar y las oportunidades de mujeres y hombres. Entre 2020 y 2026, el gasto en obra pública pasó de 499 mil 283 millones de pesos (mdp) a 652 mil 961 mdp a precios de 2026, con un incremento real de 30.8 %. Para 2026, este gasto equivale a 6.4 % del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, 74.1 % de los recursos se concentra en funciones de desarrollo económico. Si bien esta orientación fortalece la productividad y la conectividad, también evidencia la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura social, ya que representa 25.3 %, y podría contribuir a reducir la pobreza de tiempo, redistribuir las tareas de cuidado y disminuir brechas de género; además, en la función gobierno solo representa 0.6 % que también puede contribuir para disminuir la violencia de género mediante el impulso de la seguridad pública e impartición de justicia.
Infraestructura pública y desigualdades de género
La infraestructura pública suele analizarse por sus efectos sobre el crecimiento económico y la productividad. Sin embargo, su diseño, ubicación y acceso influyen en la distribución del tiempo, el bienestar y las oportunidades de mujeres y hombres. Por ello, la infraestructura puede contribuir tanto a reducir como a reproducir desigualdades de género.
Las necesidades de movilidad, acceso a servicios básicos y provisión de cuidados no se distribuyen de manera uniforme entre la población. Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres continúan asumiendo una mayor proporción de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. En este caso, la disponibilidad de infraestructura social, transporte, agua, salud y espacios de cuidado tiene efectos directos sobre su autonomía económica y participación social.
En México, la inversión pública en infraestructura se concentra en proyectos asociados al desarrollo económico, particularmente en transporte y energía. Si bien estas inversiones contribuyen al crecimiento y la conectividad, la perspectiva de género debe incorporarse de manera transversal en toda la infraestructura pública, pues sus beneficios, costos y usos afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Esto implica integrar criterios de seguridad, movilidad e inclusión, al tiempo que se fortalece la infraestructura social.
Objetivo
El objetivo del presente documento es analizar la evolución del gasto en obra pública, su composición y las oportunidades para integrar la perspectiva de género en la planeación y asignación de recursos públicos.
El documento se organiza en cinco secciones. Primero, se presenta el concepto de infraestructura con perspectiva de género. Posteriormente, se analiza la evolución y composición del gasto en obra pública en México. Enseguida, se examina la vinculación entre infraestructura, género y cuidados, así como los recursos identificados dentro del PEF 2026. Después, se revisan experiencias internacionales que muestran oportunidades para incorporar la perspectiva de género en la inversión pública. Finalmente, se plantean algunas implicaciones de política pública orientadas a fortalecer la infraestructura de cuidados y la planeación de infraestructura con enfoque de género.
Arquitectura para la equidad
Tradicionalmente, la infraestructura se ha diseñado bajo un esquema de «talla única» (one size fits all), que en realidad prioriza la productividad y la perspectiva androcéntrica (De Waziers y Morales, 2020). Este enfoque ha privilegiado históricamente las actividades asociadas al trabajo remunerado y a la movilidad pendular entre el hogar y el empleo, dejando en segundo plano las necesidades relacionadas con el cuidado, la vida comunitaria y la reproducción social.
En cambio, la infraestructura de género rompe esta lógica para visibilizar la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. Su objetivo consiste en reconocer que actividades como el cuidado de niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad o personas enfermas requieren espacios, servicios y equipamientos específicos que permitan distribuir estas tareas de manera más equitativa entre los hogares, las comunidades, el mercado y el Estado (ONU Mujeres, 2024).
Este tipo de infraestructuras buscan reducir la pobreza de tiempo de las mujeres, permitiéndoles delegar o colectivizar tareas domésticas y de cuidado, lo que impacta directamente en la posibilidad de acceder al mercado laboral, la educación y el descanso. Al acercar servicios esenciales a los hogares o facilitar el acceso a estos, se disminuyen los tiempos de traslado y las cargas asociadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
La infraestructura para la equidad comprende una amplia variedad de intervenciones. Entre ellas se encuentran los centros de atención infantil, centros de día para personas adultas mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, servicios de salud, comedores comunitarios, lavanderías comunitarias, espacios de lactancia y otros equipamientos que permiten satisfacer necesidades de cuidado de manera colectiva. Asimismo, incluye infraestructura urbana y de movilidad que facilite desplazamientos seguros, accesibles y eficientes para quienes realizan tareas de cuidado.
La movilidad constituye un ámbito particularmente relevante. Mientras los desplazamientos asociados al empleo suelen responder a trayectos relativamente directos, las personas cuidadoras frecuentemente realizan recorridos complejos que combinan múltiples destinos durante un mismo viaje, como escuelas, centros de salud, comercios y hogares de familiares dependientes (Morgan et al., 2020). Por ello, banquetas, transporte público seguro, iluminación adecuada y espacios públicos inclusivos adquieren una importancia central para garantizar el derecho al cuidado.
El diseño de infraestructura con perspectiva de género requiere considerar principios de accesibilidad, proximidad, seguridad e inclusión. Asimismo, debe reconocer que las necesidades de la población no son homogéneas, por lo que resulta necesario incorporar una visión interseccional que considere las condiciones de edad, discapacidad, nivel socioeconómico, pertenencia étnica y ubicación territorial.
En el marco de los sistemas de cuidados, la infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Su desarrollo permite fortalecer los cuidados al ampliar la participación del Estado y las comunidades en actividades que históricamente han sido asumidas principalmente por las mujeres dentro de los hogares (ONU Mujeres, 2024).
Gasto en infraestructura en México
El desarrollo de infraestructura por parte del gobierno, es decir, obra pública, constituye uno de los principales instrumentos mediante los cuales el Estado impulsa el desarrollo económico y social. A través de la infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, sistemas hidráulicos, transporte y proyectos energéticos se busca ampliar la capacidad productiva del país, mejorar la provisión de servicios públicos y reducir brechas territoriales y sociales.
Además de sus efectos directos sobre el crecimiento económico y el empleo, la infraestructura pública también influye en las condiciones de bienestar de la población. La evolución del gasto en obra pública en México muestra un comportamiento marcado por una expansión en 2022 (Cuadro 1). Este aumento se explica por el desarrollo de infraestructura en proyectos prioritarios, es decir, en trenes de carga y pasajeros, en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre 2020 y 2026, el gasto en obra pública a precios constantes de 2026, pasó de 499 mil 283.1 mdp a 652 mil 961.5 mdp. Esta evolución representa un incremento real acumulado de 30.8 % y un crecimiento promedio anual de 4.6 % (Cuadro 1).
Aunque en 2023 se observó una reducción en términos reales de 9.6 %, el gasto en obra pública para 2024 volvió a expandirse en 10.7 % real, alcanzando 802 mil 841.0 mdp, equivalente a 7.9 % del PEF y 2.2% del PIB.
En contraste, 2025 mostró una disminución importante de 18.5 % en términos reales, reduciendo la participación de la obra pública dentro del gasto total. Esta caída puede asociarse a la conclusión o desaceleración de proyectos prioritarios de infraestructura y a un juste fiscal luego de la ampliación del déficit presupuestario en 2024. Además, para 2026 se proyecta una contracción moderada de 0.2 % real, con un gasto estimado de 652 mil 961.5 mdp, equivalente a 1.8 % del PIB.
Composición del gasto en infraestructura
La clasificación funcional del gasto organiza el gasto público de acuerdo con los objetivos socioeconómicos y los servicios que brinda el gobierno a la población. Esta clasificación permite identificar cuánto presupuesto se destina a funciones como gobierno, desarrollo social y económico, facilitando el análisis de las prioridades de política pública y de los recursos asignados para alcanzar sus objetivos (CONAC, 2010).
También permite conocer en qué medida las instituciones públicas cumplen funciones sociales, económicas y de provisión de servicios públicos (CONAC, 2010).
Entre 2020 y 2026, el gasto en obra pública en la función de desarrollo económico concentra de manera predominante el gasto público, seguida por desarrollo social y, en una proporción considerablemente menor, la función gobierno (Figura 1). Esta distribución evidencia una orientación clara hacia la inversión productiva, con mayor peso que la infraestructura social.
El peso del desarrollo económico (que supera 70 %) refleja una política fiscal enfocada en estimular la actividad productiva. La prioridad otorgada a obras públicas, como energía y transporte1 puede favorecer el crecimiento económico y la expansión del PIB; sin embargo, también implica que la dimensión social de la infraestructura ocupe un lugar secundario en un contexto donde el gasto en obra pública carece de un enfoque de género.
En contraste, el gasto destinado a obra pública dentro de la finalidad de desarrollo social presenta un crecimiento moderado, lo que sugiere que las políticas de salud, vivienda y protección social desempeñan un papel complementario más que prioritario. Esta situación podría limitar la ampliación de la infraestructura social y contribuir a la persistencia de brechas de bienestar.
Por su parte, la función gobierno tiene una participación marginal (menor a 2 % en todos los años a excepción de 2020, que representa 4.4 % del total). Esta baja proporción puede interpretarse como un esfuerzo de contención en los gastos administrativos, aunque también podría reflejar una insuficiente inversión en capacidades institucionales, supervisión y seguridad pública. Esto resulta particularmente relevante desde una perspectiva de género, ya que la infraestructura asociada a la seguridad como alumbrado público, sistemas de vigilancia, espacios públicos seguros, centros de atención a víctimas y capacidades institucionales para la prevención y atención de la violencia contribuye a reducir los riesgos de violencia de género, fortalecer la autonomía de las mujeres y garantizar un acceso más seguro a los espacios urbanos y a los servicios públicos.
En este sentido, la estructura funcional del presupuesto revela un modelo de desarrollo centrado en la infraestructura económica, donde la social representa un eje de apoyo. Si bien esta estrategia puede fortalecer la productividad y el crecimiento económico, también corre el riesgo de profundizar desequilibrios sociales en ausencia de políticas redistributivas más sólidas.
Para 2026, el gasto en obra pública se concentra en la función de desarrollo económico, esta representa 484 mil 093 mdp, equivalentes al 74.1 % del total. Dentro de esta clasificación destacan los rubros de combustibles y energía, con 279 mil 605 mdp (42.8 % del total), y transporte, con 199 mil 675 mdp (30.6 % del total). En particular, sobresalen los recursos destinados a la producción de petróleo y gas natural, así como proyectos ferroviarios y carreteros, reflejando la prioridad a la infraestructura energética y de conectividad (Cuadro 2).
Por otra parte, las funciones de desarrollo social concentran 165 mil 013 mdp (25.3 % del total), orientados principalmente a vivienda y servicios a la comunidad, desarrollo regional y, abastecimiento de agua y salud. Destaca el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que concentra más de 118 mil 689 mdp (18.2 % del total).
En cambio, las funciones asociadas a gobierno presentan una proporción menor del gasto total en obra pública, con 3 mil 855 mdp (0.6 % del total), dirigidos principalmente a seguridad pública, defensa e infraestructura institucional.
La importancia de fortalecer la infraestructura social radica en que tiene efectos directos sobre las condiciones materiales que sostienen las actividades de reproducción social. Bajo esta lógica, la función desarrollo social contribuye a reducir brechas estructurales asociadas al acceso desigual a servicios e infraestructura básica y reducen cargas de trabajo no remunerado que históricamente han recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Cuando se habla de infraestructura de género, inevitablemente surge la discusión sobre los cuidados, ya que gran parte de las desigualdades de género en el acceso al tiempo, al empleo y al espacio urbano se encuentran estrechamente vinculadas con la distribución desigual de estas tareas. La forma en que se diseñan las ciudades, los servicios públicos y los equipamientos sociales puede facilitar o limitar la provisión de cuidados y, en consecuencia, condicionar la participación económica y social de las personas, particularmente de las mujeres.
En este sentido, la infraestructura de cuidados constituye una dimensión fundamental de la infraestructura de género, ya que comprende los espacios físicos, servicios y equipamientos destinados a atender las necesidades de cuidado de niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.
Inversión pública, género y cuidados
Una estrategia de infraestructura con perspectiva de género requiere incorporar este enfoque tanto en los grandes proyectos productivos como en las inversiones orientadas a la movilidad cotidiana, el acceso seguro a servicios básicos y la disponibilidad de espacios de cuidado. Esto implica reconocer que las obras de transporte, energía, logística o desarrollo económico pueden generar impactos diferenciados sobre mujeres y hombres, al mismo tiempo que resulta necesario fortalecer aquellas infraestructuras que inciden directamente en la organización social de los cuidados y en la distribución del tiempo.
En México existe un avance institucional en género y cuidados mediante la incorporación del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados dentro del PEF 2026, el cual busca identificar recursos públicos destinados a reducir brechas de género. Este mecanismo ha permitido visibilizar la necesidad de incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos del gasto público, incluidas infraestructura, movilidad, servicios básicos y sistemas de cuidados.
Aunque la consolidación de un sistema nacional de cuidados aún se encuentra en proceso, existen proyectos relevantes de infraestructura vinculados al cuidado. Uno de los más importantes es el desarrollo de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) impulsados por el IMSS, los cuales buscan sustituir el esquema de subrogación mediante la construcción de nuevos centros cercanos a espacios laborales e industrias maquiladoras.
A nivel local, destacan las UTOPÍAS en Iztapalapa, concebidas como espacios integrales con infraestructura accesible, actividades culturales y recreativas, y servicios comunitarios que funcionan como nodos territoriales de cuidado. Asimismo, la Casa de las 3R en la alcaldía Cuauhtémoc integra distintos servicios en un mismo espacio, incluyendo cuidado infantil, atención diurna para personas mayores y servicios comunitarios como lavandería popular gratuita.
En el Anexo 31 se han identificado ciertos programas que contribuyen a reducir brechas de género en materia de inversión en obra pública.
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- Caminos artesanales (2,500 mdp)
- Infraestructura integral para el derecho a la salud (43.1 mdp)
- Infraestructura para la asistencia y seguridad social (1,273 mdp)2
Cabe destacar que únicamente el programa de Infraestructura integral para el derecho a la salud es inversión pública en infraestructura, ya que el programa de Caminos artesanales corresponde a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; mientras que el programa de Infraestructura para la asistencia y seguridad social corresponde a inversiones financieras y otras provisiones.
El Anexo no contempla ciertos programas y proyectos de inversión pública que inciden indirectamente en la reducción de brechas de género a través de la infraestructura. Existen múltiples intervenciones que, aunque no están identificadas explícitamente con perspectiva de género, generan efectos relevantes sobre la distribución del tiempo, el acceso a servicios y las condiciones de bienestar de las mujeres.
El gasto aprobado para los principales programas presupuestarios de infraestructura asciende a 128 mil 634 mdp, concentrándose principalmente en proyectos ferroviarios y de transporte. Destacan los PP de Infraestructura ferroviaria para transporte de carga, que representan el mayor componente del total, seguida por el PP Infraestructura de carreteras y caminos. En conjunto, estos rubros reflejan la prioridad otorgada a proyectos de conectividad y logística dentro de la inversión pública federal (Cuadro 3).
Asimismo, se incluyen recursos destinados a infraestructura para salud, electricidad y seguridad nacional, aunque con una participación menor dentro del total. La presencia de programas vinculados al derecho a la salud resulta relevante desde una perspectiva social y de género, ya que este tipo de infraestructura puede contribuir indirectamente a reducir cargas de cuidado y ampliar el acceso a servicios básicos.
El monto total destinado a estos programas que no se encuentran en el Anexo equivale aproximadamente a 1.3 % del PEF y a 0.3 % del PIB (Cuadro 3). Estos programas pueden generar efectos indirectos sobre la calidad de vida, la movilidad y el acceso a servicios esenciales.
La inversión pública en infraestructura de cuidados no debe entenderse únicamente como política social, sino también como una estrategia de desarrollo económico, cohesión social y reducción de desigualdades, capaz de generar efectos positivos sobre la productividad, el empleo y la calidad de vida de la población.
Cabe destacar que a pesar de su incorporación en el PEF 2026, persisten desafíos relacionados con la evaluación de resultados, la transversalidad efectiva y la vinculación entre asignación presupuestaria e impacto territorial.
Oportunidades para incorporar la perspectiva de género
La incorporación de la perspectiva de género en el gasto en obra pública representa una oportunidad para incrementar el impacto social al reducir desigualdades estructurales históricamente reproducidas desde el diseño de la infraestructura.
Tradicionalmente, la planeación de la obra pública ha privilegiado criterios asociados a la productividad económica y ha dejado en segundo plano las necesidades vinculadas al cuidado, la movilidad cotidiana, la seguridad y la sostenibilidad de la vida. En este sentido, integrar una perspectiva de género implica reconocer que sus efectos pueden ampliar o disminuir brechas de acceso, bienestar y autonomía entre mujeres y hombres.
Desde el ámbito económico, distintas experiencias internacionales muestran que la inversión en infraestructura social y servicios básicos puede fortalecer el crecimiento inclusivo y ampliar la participación económica de las mujeres.
Las experiencias internacionales muestran que la infraestructura de cuidados ha evolucionado con trayectorias distintas según las necesidades demográficas, capacidades institucionales y prioridades territoriales de cada región (Cuadro 4). En América Latina, los avances se han concentrado en la construcción de sistemas integrales y redes comunitarias de proximidad.
En Europa, las experiencias analizadas muestran una mayor diversificación de los modelos de atención. Estas iniciativas reflejan una visión de la infraestructura de cuidados que trasciende los centros tradicionales y busca adaptar el entorno residencial y comunitario a las necesidades de las personas dependientes, promoviendo simultáneamente su autonomía e inclusión social.
En Asia, los casos de Corea del Sur y Japón destacan por la integración de la infraestructura de cuidados con sistemas universales de aseguramiento, planificación urbana y redes de transporte. En ambos casos, la infraestructura de cuidados se concibe como parte de una estrategia más amplia para responder al envejecimiento poblacional y a las transformaciones demográficas.
Estas experiencias evidencian un reconocimiento creciente del cuidado como una dimensión central del bienestar social y del desarrollo económico, así como la necesidad de construir equipamientos, servicios y redes comunitarias para redistribuir las tareas de cuidado tradicionalmente asumidas por las mujeres.
La infraestructura de cuidados puede adoptar múltiples formas, desde centros especializados y equipamientos comunitarios hasta modelos de vivienda y servicios territoriales, todos orientados a reducir la pobreza de tiempo, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y mejorar el bienestar de las personas dependientes mediante una planificación urbana con perspectiva de género.
Implicaciones de política púbica
Reconocer que la infraestructura pública incide de manera diferenciada en mujeres y hombres implica replantear los criterios tradicionales de planeación, asignación presupuestaria y evaluación de la inversión pública.
Orientar la inversión pública hacia infraestructura urbana segura, accesible y con enfoque territorial tiene implicaciones directas sobre el derecho de las mujeres a la ciudad. Elementos como iluminación pública, transporte seguro, accesibilidad peatonal y equipamiento comunitario influyen en las condiciones de movilidad, seguridad y autonomía física. De igual forma, la infraestructura digital se ha convertido en un componente cada vez más importante para la equidad. El acceso a internet, los trámites digitales, la educación a distancia y los servicios de telemedicina pueden reducir costos de tiempo y facilitar la conciliación entre las actividades productivas y reproductivas, especialmente para quienes enfrentan mayores cargas de cuidado (Morgan et al., 2020).
Si bien la infraestructura económica continúa siendo fundamental para impulsar el crecimiento y la competitividad, la evidencia muestra que la infraestructura social y de cuidados también genera beneficios económicos y sociales, al reducir restricciones que limitan la participación laboral, educativa y social de las mujeres.
La obra pública representa una oportunidad para revertir patrones de segregación laboral en sectores históricamente masculinizados como la construcción. La incorporación de cláusulas de género en procesos de contratación y licitación puede fomentar la participación de mujeres en actividades no tradicionales, promover condiciones de igualdad laboral y ampliar la presencia femenina en cadenas productivas vinculadas al desarrollo de infraestructura. Esto convierte al gasto público no sólo en una herramienta de inversión física, sino también en un mecanismo para promover la inclusión y transformación institucional.
Aunque el Anexo 31 representa un avance importante en la visibilización de recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, persisten desafíos para identificar proyectos de infraestructura que generan beneficios indirectos sobre la reducción de brechas de género. Fortalecer los sistemas de información y evaluación permitiría conocer con mayor precisión el alcance y los resultados de estas inversiones.
Finalmente, la experiencia internacional muestra que la infraestructura con perspectiva de género puede integrarse exitosamente a las estrategias de desarrollo territorial mediante modelos que articulan movilidad, servicios públicos y cuidados. Para México, avanzar hacia una planeación de infraestructura más inclusiva representa una oportunidad para complementar los objetivos de crecimiento económico con metas de bienestar, igualdad y sostenibilidad de la vida. De esta forma, la inversión pública puede convertirse en una herramienta capaz de reducir desigualdades estructurales y ampliar las oportunidades de desarrollo para toda la población.
1 En este caso, 74.1 % del gasto en obra pública dirigido a la función desarrollo económico, 42.8 % se destina a combustibles y energía (36.7 % se destina a petróleo y gas natural, es decir, hidrocarburos) y, 30.6 % a transporte (22.3 % se destina a transporte por ferrocarril).
2 Los montos corresponden a los establecidos en el Anexo transversal 31.
