A partir de 1990, con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, México inició formalmente el trabajo gradual por el reconocimiento y cumplimientos de los derechos de niñas y niños. De esta manera, Organismos Autónomos, Sociedad Civil y a nivel legislativo se ha trabajado en generar y articular políticas públicas en pro de los derechos de niñas y niños, siguiendo el principio del interés superior de la niñez.
No obstante, las brechas respecto al cumplimiento de los derechos humanos de niñas y niños han aumentado entre países y dentro de ellos, a 30 años de la creación de la Convención de los Derechos del Niño (Unicef, 2019). La situación empeora al tratarse en el caso exclusivo de los derechos de niñas y adolescentes mujeres.
Para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en general, y de niñas y adolescentes mujeres en particular, los tres poderes de gobierno, así como los diferentes niveles y Organismos Autónomos, son los encargados no sólo de promoverlos, sino de incorporarlos en su planeación financiera, para así destinar y ejercer los recursos necesarios para garantizarlos (ONU, 2016).
A pesar de que varias instancias internacionales y nacionales como la ONU, el CEDAW y la CNDH, han recomendado al Estado mexicano integrar en el ciclo presupuestario la perspectiva de género y asignar recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, el análisis realizado en el presente documento revela que de 2017 a 2021, no se ha contado con ninguna unidad responsable o programa presupuestario que tuviera como población objetivo específicamente a las niñas y/o adolescentes mujeres.
En este documento se estima el gasto dirigido a niñas y adolescentes mujeres por medio de la metodología de Ruta de Gasto Público desarrollada por el CIEP. Se concluye que la inversión pública destinada a niñas y adolescentes mujeres entre 2017 y 2021, en promedio para cada año, se ubicó en 0.7% del PIB y 2.6% del gasto total anual de México. Este gasto público ha presentado aumentos, principalmente en los últimos dos años, 2020 y 2021, debido a los programas prioritarios de becas para los niveles educativos básica y media superior, así como el gasto para maestras y maestros.
Asimismo, el gasto para niñas y adolescentes mujeres se concentra en el eje de derechos para el Desarrollo (83.7% promedio anual), el cual incluye, principalmente, acciones ligadas a la educación.
La eliminación de brechas entre niñas y niños se traducirá en mejores oportunidades para ellas en el futuro, contribuyendo a mejorar sus vidas, pero también a mejorar a la sociedad mexicana.
