El derecho a la protección de la salud en México, se encuentra inscrito en la Carta Magna. Actualmente existen dos modalidades mediante las cuales el Estado provee de servicios de salud a sus ciudadanos. Por una parte, los trabajadores formales, los trabajadores del estado y sus respectivas familias, obtienen estos servicios mediante las instituciones de seguridad social. El resto de la población tiene el derecho de ser atendida en los servicios de la Secretaría de Salud (SSA) y sus representaciones estatales.

El presente boletín tiene como objetivo mostrar el gasto en salud y su distribución entre la población, según deciles de ingreso, para 2013, según condición de aseguramiento en alguna institución pública nacional de seguridad social, a nivel federal. Para la construcción de estos resultados se utilizó el simulador fiscal,  desarrollado por CIEP.

1 El gasto en Salud 2012-2013

Para 2013, considerando la definición del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), se tiene presupuestado para el sector salud 453,671.9 millones de pesos (mdp). Esto equivale al 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa, en total, 2.6% más de lo presupuestado en 2012, en términos reales (Ver cuadro 1).

Por cada persona con seguridad social, para 2013, se tienen presupuestados 4,811.65 pesos. El gasto público en salud para la población con seguridad social se compone por el gasto en salud de las siguientes instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). El gasto en estas instituciones representa el 57.1% del total del sector. Según el SINAIS el 45.5 % del total de la población cuenta con seguridad social, es decir, es atendida por alguna de estas instituciones. Manteniendo esta proporción, se proyecta que 53.8  de mexicanos tengan el derecho de acceder a los servicios de salud brindados por estas instituciones.

Por otra parte, para las personas sin seguridad social se tienen presupuestados 3,015.13 pesos por cada una; es decir un 37.3% menos que la población con seguridad social. El gasto público en salud para la población sin seguridad social  se compone por el gasto en salud de la Secretaría de Salud, el programa IMSS-Oportunidades y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), incluido en el Ramo 33 (Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios).  En esta población se encuentran el 54.5% de los mexicanos, para los que se destinan, en total, 194,690.0 mdp; el 42.9% del total de los recursos del sector.

2 Incidencia del gasto en salud

Al realizar un análisis de incidencia para el gasto en salud, según condición de aseguramiento, se encuentra que, el conjunto del gasto en salud busca la complementariedad de la política del sector. La incidencia del gasto en salud  para las personas con seguridad social tiene un efecto regresivo, cuando la población con mayores ingresos es la más beneficiada. Por otra parte, la incidencia del gasto en salud para la población sin seguridad social sigue una lógica progresiva, beneficiando a los más pobres. (Ver cuadro 2).

3 El Simulador de gasto en salud

El módulo de salud, dentro del “Simulador Fiscal CIEP”, permite estimar el gasto público anual en salud y su efecto distributivo, por tipo de población asegurada. Para efectos de simulación se podrán modificar los siguientes parámetros: el porcentaje de la población con seguridad social y el gasto por persona según condición de aseguramiento. Para la elaboración de este simulador se utilizó la información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, del Sistema Nacional de Información en Salud y las proyecciones de población de CONAPO 2010-2050.

4 Comentarios Finales

La protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos y el Estado tiene el deber de asegurar que se cumpla. En México se destina el 2.7% de los recursos del país para este rubro. Si bien es importante para todos que la población esté protegida, es necesario asegurar la procedencia de estos recursos. Es decir, aunque más de la mitad de la población contribuye para la provisión de sus servicios de salud, el resto no lo hace de forma directa. Para garantizar que estos recursos se sigan proveyendo a la población no asegurada, será necesario vigilar también la procedencia de los recursos y la sostenibilidad de las finanzas públicas.