La recaudación en México se ha transformado mediante cambios institucionales, instrumentos tributarios y fuentes de financiamiento público. Desde los sistemas tributarios mesoamericano y colonial hasta la consolidación del ISR, el IVA y otros gravámenes, el recorrido histórico muestra continuidades en la dependencia de determinadas fuentes de ingreso, tensiones entre órdenes de gobierno y en la distribución de las cargas fiscales. En la actualidad, los ingresos tributarios del Gobierno Federal pasaron de 8.3 % del PIB en 1990 a 15.2 % en 2025, mientras que los ingresos presupuestarios del sector público aumentaron de 19.7 % a 23.3 % del PIB. En perspectiva internacional, la recaudación tributaria de México pasó de 11.5 % del PIB en 1990 a 18.3 % en 2024, frente a 21.7 % en América Latina y el Caribe y 34.1 % en la OCDE en ese último año. La estructura tributaria actual muestra que parte de los retos contemporáneos en materia de recaudación, distribución de la carga tributaria y encuentra antecedentes en la formación histórica del sistema fiscal mexicano.

Recaudación y formación del Estado

La historia fiscal permite observar cómo el Estado obtiene recursos, cómo los distribuye, qué grupos soportan la carga tributaria y cuáles se ven beneficiados de los programas de gasto y proyectos de inversión. Recaudar no es sólo una tarea administrativa. También expresa relaciones sociales, decisiones políticas y arreglos territoriales que determinan quién contribuye, mediante qué instrumentos y con qué propósito.

A lo largo de la historia del país, las guerras y los cambios de régimen interrumpieron la administración fiscal, alteraron las fuentes de ingreso y elevaron las necesidades de gasto. En esos periodos, los gobiernos recurrieron a tributos existentes, préstamos, emisión extraordinaria de papel moneda, gravámenes extraordinarios y cargas sobre el comercio o la producción. La transformación fiscal, por tanto, fue gradual y estuvo limitada por la inestabilidad política, los conflictos territoriales y la resistencia de grupos con capacidad para preservar privilegios (Aboites, L. y L. Jáuregui, 2005; Knigh, A., 2010; Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

Objetivo

Esta investigación analiza la evolución histórica de la recaudación en México para identificar cómo se han distribuido los ingresos fiscales y las circunstancias que dieron origen a distintos impuestos, considerando los cambios políticos, económicos y sociales.

Antecedentes: Mesoamérica y Colonia

Antes de la formación del Estado nacional, los sistemas tributarios ya cumplían funciones económicas, políticas y militares. Por ejemplo, la estructura mexica y el régimen colonial muestran que la capacidad de recaudar dependía tanto de la organización administrativa como del control territorial y social (Marichal, C., 2012; Retchkiman Kirk, B., 1985).

El tributo mexica

La Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan controló una parte amplia del territorio mediante un sistema de tributos aplicado a pueblos sometidos. El pago podía realizarse con bienes o con servicios. Se entregaban productos agrícolas, textiles, animales, metales y otros bienes, mientras las faenas comunitarias constituían una forma de contribución en trabajo (Marichal, C., 2012; Retchkiman Kirk, B., 1985).

La Matrícula de Tributos o Códice Mendoza registró productos, cantidades y características de las entregas. Esta capacidad de cuantificación y organización permitió que la generación de excedentes sostuviera las estructuras políticas, militares y religiosas. Sin embargo, la carga no se distribuía de manera uniforme. Los macehuales y los pueblos sometidos sostenían el sistema, mientras caciques, funcionarios, sacerdotes y militares se encontraban entre los grupos que no tributaban (Declerqc, S., 2021; Retchkiman Kirk, B., 1985).

El sistema fiscal colonial

Después de la Conquista, la administración colonial aprovechó parte de la estructura tributaria preexistente e incorporó instituciones españolas. El resultado fue un sistema híbrido que conservó plazos, lugares de pago, trabajo comunal y elaboración colectiva, pero los subordinó a la explotación colonial de recursos y de mano de obra (Retchkiman Kirk, B., 1985; Sánchez Santiró, E., 2009).

La minería, la ganadería y el comercio exterior ampliaron la base económica. Al mismo tiempo, se incorporaron gravámenes como la alcabala, el almojarifazgo y los estancos. La alcabala gravaba ventas y traslados de mercancías y podía cobrarse más de una vez al atravesar garitas. El almojarifazgo recaía sobre mercancías, mientras los estancos establecían monopolios de producción, como el del tabaco (Marichal, C., 2012; Retchkiman Kirk, B., 1985).

Durante el siglo XVIII se fortaleció la Real Hacienda mediante el régimen de intendencias. El superintendente y las tesorerías buscaban conocer y administrar la situación fiscal de territorios con actividades económicas diferenciadas, como la minería en Zacatecas y Guanajuato o la función aduanal de Veracruz. Esta organización elevó la capacidad de recaudar, pero mantuvo una estructura desigual que contribuyó al descontento social (Jáuregui, L., 2012; Lira González, A., 1968). Cambios sociales y en las actividades económicas han ido acompañados de nuevos impuestos y estructuras de adminstración tributaria.

Independencia: reorganización fiscal y escasez de recursos

La Independencia modificó la autoridad política, pero no sustituyó de inmediato la estructura fiscal heredada. La abolición del tributo de indios representó una ruptura relevante; sin embargo, la guerra dejó una Hacienda desarticulada, una economía debilitada y una administración con escasa capacidad para sostener los gastos del nuevo Estado (Bonilla López, I., 2002; Retchkiman Kirk, B., 1985).

La Constitución de 1824 estableció la coexistencia fiscal entre la federación y los estados. A las entidades se les asignaron, entre otros ingresos, la alcabala y contribuciones directas; la federación conservó gravámenes sobre aduanas, producción y venta de tabaco. No obstante, esta distribución no resolvió el déficit ni las tensiones entre el centro y las provincias. Los estados reclamaban autonomía fiscal y moderación en sus aportaciones, mientras el gobierno federal enfrentaba necesidades permanentes de financiamiento (Aboites, L. y L. Jáuregui, 2005; Jáuregui, L., 2012).

Durante el gobierno de Agustín de Iturbide se recurrió al papel moneda para cubrir sueldos de militares y servidores públicos. También se planteó reducir el gasto del ejército, fomentar la minería, mejorar el estanco de tabaco y fortalecer la contribución directa. Asimismo, ante resultados insuficientes, se consideraron préstamos forzosos, el restablecimiento de impuestos y restricciones a la salida de recursos (Carbajal Arenas, L., 2012).

El debate fiscal enfrentó dos orientaciones. Una proponía contribuciones directas como base de la Hacienda y que la tributación fuera general, equitativa y proporcional al ingreso o la riqueza. Otra favorecía el crédito externo y rechazaba los impuestos directos y los préstamos forzosos (Cuadro 2). La disputa política impidió consolidar una reforma amplia y mantuvo al Ejecutivo en una situación de escasez recurrente (Carbajal Arenas, L., 2012).

Reforma: federalismo, guerra y fiscalidad liberal

La Reforma buscó reorganizar el Estado bajo principios republicanos, federales y liberales. No obstante, la confrontación entre liberales y conservadores produjo gobiernos paralelos, guerra interna e intervención extranjera. La prioridad fiscal volvió a ser el financiamiento militar y la defensa de la soberanía (Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

Durante el periodo se promovió el libre comercio, se suprimieron impuestos al consumo que dificultaban el traslado de mercancías y se eliminó el estanco de tabaco. También se organizaron contribuciones sobre servicios del Estado, comercio, industria, propiedad y guerra.

En 1861 se estableció una contribución federal adicional de 25 % sobre pagos realizados en oficinas de la federación y de los estados (Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

La política minera incluyó la libre exportación de plata y minerales, la recuperación gubernamental de casas de moneda, la supresión de algunos impuestos y la adopción de un gravamen único sobre utilidades mineras. Estas medidas coexistieron con cambios frecuentes en la legislación y con dificultades para hacer cumplir las contribuciones en un territorio fragmentado por el conflicto (Bonilla López, I., 2002; Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

La inestabilidad impidió que las reformas fiscales se consolidaran. Persistieron gravámenes heredados, vacíos administrativos y una distribución desigual de las cargas. Los recursos se orientaron prioritariamente al ejército, mientras la capacidad de construir una Hacienda estable permaneció limitada (Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

Revolución: petróleo, exportaciones e impuesto sobre la renta

El Porfiriato centralizó el poder fiscal y promovió reformas financieras, pero mantuvo una fuerte dependencia de impuestos indirectos, comercio exterior y transacciones internas. La abolición gradual de las alcabalas coexistió con mayores gravámenes al timbre, la cerveza, el tabaco y otros bienes. El crecimiento económico no modificó de fondo la distribución de la carga tributaria (Knigh, A., 2010; Marichal, C., 2012; Retchkiman Kirk, B., 1985).

La Revolución interrumpió la actividad económica, debilitó el sistema bancario, afectó el ferrocarril y redujo los ingresos. El financiamiento se apoyó en la emisión de papel moneda, exportaciones y gravámenes sobre sectores estratégicos. La regionalización económica también definió el mapa fiscal: minería y ganadería en el norte, petróleo en el centro y sur, y una tendencia del gobierno federal a centralizar los recursos (Knigh, A., 2010; Uhthoff, L., 2001; Uhthoff, L., 2005).

El petróleo adquirió un papel central. El gobierno constitucionalista creó instituciones para gravar el comercio exterior, estudiar la industria y establecer una legislación específica. Los impuestos petroleros buscaron restringir privilegios de empresas extranjeras, sujetarlas a regulación y convertir la explotación de recursos naturales en una fuente relevante de ingresos federales (Uhthoff, L., 2001).

En paralelo, el impuesto sobre la renta (ISR) se introdujo de manera tentativa en 1921 mediante el Impuesto del Centenario, se desarrolló en 1924 y se estableció de forma definitiva en 1925. Su adopción representó un cambio relevante hacia la tributación directa, aunque no sustituyó el peso de los impuestos indirectos ni resolvió por sí sola los problemas estructurales del sistema (Retchkiman Kirk, B., 1985).

Durante las décadas posteriores se expidieron nuevas leyes financieras y fiscales, se modificó el ISR y se unificaron tarifas de comercio exterior. Aun así, la recaudación se mantuvo en niveles bajos y la carga continuó concentrándose en impuestos indirectos, con efectos mayores sobre contribuyentes de menores ingresos (Retchkiman Kirk, B., 1985).

Actualidad de los ingresos públicos

La consolidación del ISR, la incorporación de nuevos impuestos y los cambios en la administración fiscal modificaron la forma en que el Estado obtiene sus recursos. Esta evolución también se observa en el peso de los ingresos respecto al tamaño de la economía y en la composición de la recaudación actual.

Estructura

En 1990, los ingresos presupuestarios del sector público representaron 19.7 % del PIB, en 2025 alcanzaron 23.3 % (véase Figura 1). En el mismo periodo, los ingresos tributarios del Gobierno Federal pasaron de 8.3% a 15.2% del PIB, mientras que los ingresos del Gobierno Federal en su conjunto pasaron de 12.4 a 17.1% del PIB.

La composición de la recaudación tributaria también cambió. El ISR pasó de 3.5% del PIB en 1990 a 8.2% en 2025 y el IVA de 2.8 a 4.2% del PIB. El IEPS representó 1.2% del PIB en 1990 y 1.9% en 2025, mientras que los impuestos a las importaciones pasaron de 0.7% a 0.5% del PIB (SHCP, 2026).

Perspectiva internacional en la recaudación tributaria

El aumento de la recaudación tributaria también puede observarse en perspectiva comparada. En México, los ingresos tributarios pasaron de 11.5 % del PIB en 1990 a 18.3% en 2024. En el mismo periodo, el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) pasó de 14.5% a 21.72% del PIB, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pasó de 30.8 a 34.1% del PIB (véase Figura 2).

Persistencias y aprendizajes históricos

El recorrido histórico no describe una secuencia lineal de modernización fiscal. Cada transformación modificó instituciones, fuentes de ingreso y relaciones territoriales, pero también conservó componentes del régimen anterior (Cuadro 3). La estabilidad de la recaudación dependió de la capacidad administrativa y de los acuerdos políticos que permitieran aplicar las normas (Aboites, L. y L. Jáuregui, 2005; Sánchez Santiró, E., 2009).

La estructura actual es resultado de un proceso en el que se incorporaron nuevos impuestos y se modificaron las fuentes de ingresos del Estado. En la reconstrucción histórica, los ingresos del Gobierno Federal representaban 4.7% del PIB, 3.6% en 1910, 6.1% en 1925, 8.1% en 1960 y 11.9% en 1976. Desde 1990, los ingresos tributarios del Gobierno Federal pasaron de 8.3% a 15.2% del PIB en 2025.

Implicaciones de política pública

FORTALECER EL SISTEMA TRIBUTARIO La historia muestra una debilidad persistente de los ingresos fiscales. Desde los sistemas tributarios mesoamericano y colonial hasta buena parte del siglo XX determinados sectores conservaron privilegios. Esta trayectoria plantea la necesidad de que el diseño tributario considere no sólo cuánto se recauda, sino también quién contribuye y en qué proporción. Una política económica orientada a la equidad requiere que la carga guarde correspondencia con la capacidad económica de las y los contribuyentes y reduzca la dependencia de instrumentos que afectan proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos (Retchkiman Kirk, B., 1985; Macías, M., s.f).

CONSOLIDAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Las guerras, los cambios de gobierno y la interrupción de registros, tesorerías y disposiciones fiscales limitaron la aplicación de distintas reformas. La experiencia histórica indica que la creación o modificación de impuestos debe acompañarse de instituciones capaces de administrarlos, información suficiente sobre la actividad económica y reglas que aseguren continuidad en su cobro. La capacidad recaudatoria depende, tanto del diseño de los tributos como de la fortaleza administrativa para aplicarlos de manera estable (Aboites, L. y L. Jáuregui, 2005; Lira González, A., 1968; Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO La distribución de las facultades tributarias entre la federación y los estados fue una fuente recurrente de tensión durante el siglo XIX. La coexistencia de proyectos centralistas y federalistas dificultó la delimitación de responsabilidades, la asignación de fuentes de ingreso y el financiamiento de las funciones públicas. Esta experiencia muestra que la política económica requiere mecanismos de coordinación que definan con claridad qué orden de gobierno recauda, sobre qué bases y con qué responsabilidades de gasto (Aboites, L. y L. Jáuregui, 2005; Jáuregui, L., 2012).

DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INGRESO En distintos momentos históricos, las finanzas públicas dependieron de actividades específicas como el comercio exterior, la minería, el tabaco y, posteriormente, el petróleo. Estas fuentes permitieron financiar al gobierno y sostener periodos de recuperación económica, pero también expusieron los ingresos públicos a los cambios en la producción, los precios y el contexto internacional. La trayectoria histórica sugiere la importancia de contar con una estructura tributaria diversificada, que no concentre la capacidad de financiamiento en un solo sector o actividad económica (Knigh, A., 2010; Marichal, C., 2012; Uhthoff, L., 2001).

VINCULAR LA RECAUDACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Algunos gravámenes aplicados al comercio, la circulación de mercancías y la producción llegaron a obstaculizar la actividad económica. La alcabala, por ejemplo, podía cobrarse en distintas etapas del traslado o intercambio, mientras otros impuestos y barreras afectaban al comercio interior y exterior. Al mismo tiempo, la eliminación de contribuciones sin fuentes alternativas debilitó los ingresos públicos. La política tributaria debe equilibrar ambos objetivos: recaudar los recursos necesarios para financiar al Estado y evitar distorsiones que fragmenten los mercados, desalienten la producción o encarezcan innecesariamente el intercambio (Marichal, C., 2012; Retchkiman Kirk, B., 1985; Sánchez Santiró, E., 2009).

PROTEGER LA ESTABILIDAD FISCAL ANTE PERIODOS DE CRISIS Los conflictos armados elevaron las necesidades de gasto y redujeron simultáneamente la capacidad de recaudar. En estos periodos, los gobiernos recurrieron a contribuciones extraordinarias, préstamos, papel moneda y gravámenes sobre exportaciones o actividades estratégicas. Aunque estas medidas permitieron obtener recursos inmediatos, no siempre consolidaron una base fiscal permanente. La experiencia histórica muestra la relevancia de construir ingresos estables y capacidades institucionales que reduzcan la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios ante crisis políticas, económicas o militares (Carbajal Arenas, L., 2012; Knigh, A., 2010; Rhi Sausi Garavito, MJ., 1996).

ENTENDER LOS RETOS ACTUALES A PARTIR DE LA TRAYECTORIA FISCAL La estructura fiscal actual es resultado de un proceso acumulado de reformas, cambios institucionales y decisiones sobre las fuentes de financiamiento público. A lo largo de este recorrido se incorporaron nuevos impuestos y aumentó la recaudación respecto al PIB; sin embargo, parte de los retos actuales, como el reducido espacio fiscal, encuentra antecedentes en la formación histórica del sistema fiscal mexicano.

En conjunto, el recorrido histórico muestra que una transformación fiscal no consiste únicamente en crear nuevos impuestos. Requiere combinar progresividad, capacidad institucional, coordinación territorial, diversificación de ingresos y estabilidad recaudatoria. Estos elementos permiten que la política tributaria financie las funciones públicas sin reproducir desequilibrios históricos en la distribución de las cargas ni depender de fuentes vulnerables a cambios políticos o económicos. La historia también muestra que los cambios sociales, las nuevas actividades económicas y los avances tecnológicos requiere de adecuaciones en los esquemas, impuestos y estructuras tributarias.