En 2025 el crecimiento de la economía mexicana fue 0.6 %, mientras que la inversión total se ubicó en 22.7 % del PIB. El componente privado participó con 19.6 puntos porcentuales (pp) y el público con 3.1 pp, esto es, por debajo del 4 % – 6 % propuesto por diversos estudios para las economías emergentes. En un contexto de ajuste fiscal, la inversión pública ha registrado una tendencia a la baja, con variaciones promedio de -5.4 % durante cerca de año y medio. Para tratar de estimular la inversión pública y, con ello, el crecimiento, el Gobierno Federal ha impulsado diversos mecanismos que van desde la planeación estratégica hasta la creación de nuevos vehículos de financiamiento y ejecución, incluyendo esquemas de inversión mixta. El principal desafío es asegurar que la implementación de estos esquemas contribuya a elevar la inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Panorama de la inversión pública y estrategias recientes

La inversión pública se ha mantenido en niveles reducidos frente a las necesidades del país. Si bien el PEF 2026 prevé una inversión pública de 3.3 % del PIB ¹, persisten dudas sobre el alcance de las metas planteadas; tan sólo en el primer bimestre de 2026, la inversión física observó una contracción de 44.9 % respecto del mismo período de 2025 (SHCP, 2026).

El Plan de Inversión en Infraestructura contempla recursos adicionales por 5.6 billones de pesos a lo largo del sexenio, con el objetivo de incrementar los niveles de inversión pública y, al mismo tiempo, mejorar su articulación institucional, acelerar su implementación y ampliar la participación del sector privado y social en los proyectos de inversión e infraestructura pública (DOF, 2026b).

Las propuestas recientes del Gobierno Federal en materia de inversión se fundamentan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025 – 2030 y el Plan México. Adicionalmente, el 7 de abril pasado se aprobó por el Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Objetivo

El objetivo de este documento es mostrar las acciones recientes que el Gobierno Federal ha implementado para impulsar la inversión pública y privada en México, con el fin de identificar algunos de sus posibles alcances y limitaciones, así como analizar su coherencia, articulación y los principales retos que enfrenta su implementación.

En la siguiente sección se muestra información sobre la composición de la inversión, la evolución reciente de la inversión pública en el país, así como su aporte a la tasa de crecimiento económico. Posteriormente se muestran algunos de los planteamientos en el PND, el Plan México, el Plan de Infraestructura y en la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, que pretenden impulsar sectores específicos, mejorar el ambiente y la certidumbre para impulsar nuevos proyectos de inversión. En la última sección se presentan algunas implicaciones de política pública.

Evolución reciente de la inversión (2005 – 2025)

En 2025, la inversión (medida a través de la Formación bruta de capital fijo) como porcentaje del PIB se ubicó en 22.7 % (1.6 % del PIB por debajo de 2024). La inversión privada participó con 19.6 pp, y la inversión pública lo hizo con 3.1 pp. Respecto de 2024, la inversión privada se contrajo en 0.9 % del PIB y la pública 0.8 % (Ver Figura 1).

Figura 1: Composición de la inversión, 2005 – 2025Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2026).

El nivel más alto fue en 2012, ya que la inversión se ubicó en 25.03 % del PIB. Además, en 2009 la participación del sector público fue la más elevada, con 5.9 % del PIB (Ver Figura 1).

Al observar el comportamiento del índice de formación bruta de capital fijo, se observa que a partir de la segunda mitad de 2024 la variación anual del índice de la inversión comienza a desacelerarse, la última variación positiva ocurrió en agosto de 2024 con 3.4 %, mientras que en enero del 2026 observó una variación de -2.2 %, con lo que ha registrado caídas durante cerca de un año y medio (Ver Figura 2).

Figura 2: Índice de la Formación bruta de capital fijo, 2005m1 – 2026m1Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2026).

Los continuos recortes a la inversión pública han funcionado desde hace décadas como mecanismo de ajuste fiscal. Tan sólo en 2025 tuvieron un efecto negativo en la tasa de crecimiento de la economía de 0.7 puntos porcentuales, el cual es el más significativo de 2005 a la fecha (Ver Figura 3).

Figura 3: Descomposición del crecimiento real del PIB, 2005 – 2025

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2026).

Planes y acciones para el impulso de la inversión

Como respuesta a los bajos niveles de inversión pública y ante la necesidad de impulsar el crecimiento, el Gobierno Federal ha propuesto diversos mecanismos y estrategias que buscan incrementar el monto de inversión, fortalecer el marco institucional, promover la participación del sector privado y social, y crear nuevos instrumentos para el financiamiento de la infraestructura e inversión pública.

Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define los objetivos y estrategias del gobierno durante el sexenio. En el PND 2025 – 2030 se presentan algunas propuestas en materia de inversión e infraestructura, las cuales buscan fortalecer la capacidad productiva, impulsar proyectos estratégicos y fomentar una mayor participación del sector público y privado en el financiamiento y ejecución de obras.

En él se precisa que la inversión pública se mantendrá como motor del desarrollo nacional, a través de proyectos estratégicos que incentiven el crecimiento y fortalezcan la producción con mayor valor agregado nacional. Además, busca impulsar la inversión privada y extranjera en los sectores de educación, salud, energía, vivienda y transporte (PND, 2025).

En materia de infraestructura y transporte el PND 2025 – 2030 plantea:

• Ampliar el Tren Maya e incorporar su operación como tren de carga.
• Terminar la Línea K del Tren Interoceánico.
• Construir más de 3 mil km de trenes de pasajeros.
• Caminos artesanales para conectar comunidades.
• Desarrollo de puertos, aeropuertos, carreteras e infraestructura para el comercio interno y transfronterizo.
• Construcción de al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes, acceso a créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración (PND, 2025).

Estrategias del PND

Estas propuestas se resumen en los objetivos y estrategias contenidas en los cuatro ejes centrales del PND que guían las acciones del gobierno en materia de inversión.

Primer eje En materia de infraestructura e inversión, se plantea garantizar la certeza jurídica en el actuar de las entidades gubernamentales (estrategia 1.3.6) como condición para generar confianza (PND, 2025).

Segundo eje Busca impulsar la inversión en infraestructura social, particularmente en educación (estrategia 2.3.2), en salud (estrategia 2.7.7) y vivienda (estrategia 2.9.1 y 2.9.2). De igual forma, se pretende promover el desarrollo de infraestructura económica mediante el fortalecimiento de los sistemas de transporte (estrategia 2.10.1), así como la construcción de infraestructura resiliente (estrategia 2.10.4) ante riesgos ambientales y al cambio climático (PND, 2025).

Tercer eje Contempla acciones para ampliar y modernizar la infraestructura de transporte terrestre, ferroviaria, aérea y marítima para mejorar la conectividad y la integración territorial (estrategias 3.7.2, 3.7.3 y 3.7.4), junto con la infraestructura de telecomunicaciones para ampliar la conectividad digital (estrategia 3.8.1). Adicionalmente, se busca atraer inversión mediante la mejora del marco normativo y la promoción de proyectos estratégicos, incluyendo esquemas de participación público-privada, particularmente en sectores como el turismo (estrategia 3.11.4) en estados y municipios (PND, 2025).

Cuarto eje Incorpora acciones para crear infraestructura ambiental para promover la mitigación de impactos (estrategia 4.3.7), la ampliación del acceso a energía asequible y sustentable (estrategias 4.4.1 y 4.4.3), así como el desarrollo y modernización de la infraestructura hídrica (estrategias 4.6.1, 4.6.3 y 4.6.7), con el objetivo de potenciar el impacto de la inversión en el crecimiento económico y el desarrollo regional (PND, 2025).

De esta forma, el PND sienta las bases para la formulación de políticas en favor de la inversión pública, aunque no desarrolla los mecanismos que permitan concretar las propuestas, lo que podría limitar su implementación y resultados.

Plan México

En línea con los planteamientos del PND 2025 – 2030, el Plan México implementa estas estrategias con el objetivo de detonar la inversión. Así, de acuerdo con el Gobierno Federal, el Plan México es una estrategia de desarrollo de largo plazo para alcanzar objetivos en materia de crecimiento, mediante el fortalecimiento de la inversión, así como la generación de condiciones que favorezcan su expansión y sostenibilidad.

Dentro de sus 13 metas ², destacan la 2, la 8 y la 10 por su énfasis en la inversión. La meta 2 plantea elevar la proporción de inversión respecto del PIB, manteniéndola por encima de 25 % a partir de 2026 y de 28 % en 2030. Por su parte, la meta 8 busca reducir de 2.6 a 1 año el tiempo para concretar una inversión mediante un 50 % menos trámites y requisitos en una ventanilla única digital de inversiones. En tanto que la meta 10 incorpora un enfoque transversal de sostenibilidad ambiental, al promover inversiones con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza ASG, incluyendo el reúso de agua, promover las energías limpias, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario (Plan México, 2025).

En términos sectoriales, el Plan concentra la inversión pública en áreas clave como energía, agua, transporte, educación y vivienda (Cuadro 1).

Cuadro 1: Inversión pública destinada a sectores específicosFuente: Elaborado por el CIEP, con información de: Plan México (2025).

Plan de Inversión en Infraestructura 2026 – 2030

Para atender las necesidades de infraestructura el Gobierno Federal presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026 – 2030 con el que pretende fortalecer el Plan México y los objetivos del PND.

Este plan precisa una inversión de 5.6 billones de pesos adicionales a lo presupuestado, a lo largo de 2026 a 2030, comenzando con 722 mil mdp (1.9 % del PIB) en 2026, en adición al monto de 1 billón 253 mdp (3.3 % del PIB) aprobados en el PEF 2026.

El Plan de inversión en infraestructura se sustenta en cuatro pilares:

1. Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión;
2. Nuevos vehículos de inversión;
3. Actualización de la normatividad (para los nuevos contratos mixtos);
4. Base de datos nacional (para una mejor planeación e información como métricas e indicadores).

El Consejo será coordinado por la presidenta de México, identificará proyectos prioritarios y les dará seguimiento y atención. Por su parte, los vehículos serán esquemas de inversión especializados en infraestructura a través de los cuales se materialice la inversión. Por lo tanto, cuantifica un monto específico de inversión y destaca los principales pilares que dan forma a la estrategia de inversión, orientando la asignación de recursos hacia sectores prioritarios (Gobierno de México, 2026b).

Los sectores en los que se prioriza la inversión son: energía, transporte (trenes, carreteras, aeropuertos), puertos, salud, agua y educación. El sector energético concentra la mayor parte de los recursos (54.15 %), seguido por la infraestructura ferroviaria (15.63 %) y carretera (13.94 %). En menor medida, se destinan recursos a puertos (6.48 %), salud (6.23 %) y agua (2.83 %), mientras que los sectores de educación (0.34 %) y aeropuertos (0.04 %) presentan una participación marginal (Gobierno de México, 2026a).

El propio Plan de Inversión en Infraestructura señala que las inversiones serán de carácter mixto, pero diferentes a las inversiones a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), es decir, se realizarán en conjunto con el sector privado y social. En las inversiones mixtas se especifican reglas de operación y objetivos, por lo que serán diferente al otorgamiento de concesiones. Además, bajo los nuevos esquemas, los beneficios y riesgos se reparten entre los sectores participantes.

Los esquemas de inversión se pretenden realizar a través de la Banca de Desarrollo y Comercial, los contratos mixtos, mercado bursátil, e instrumentos como las FIBRAS y FIBRAS E. Se espera que estos esquemas fortalezcan la capacidad del Fonadin, la CFE, Pemex y la SICT, para desplegar infraestructura en distintos sectores mediante contratos mixtos (Gobierno de México, 2026a).

Para generar certeza y transparencia se planteó crear un marco legal y una base de datos. Lo anterior es fundamental ya que involucra grandes montos de recursos, múltiples actores y procesos complejos de asignación y ejecución, lo que los vuelve especialmente vulnerables a ineficiencias, riesgos y prácticas de corrupción. En este sentido, la existencia de reglas claras y de información sistematizada permite mejorar la planeación, facilitar el seguimiento de los proyectos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, contribuye a reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones, al tiempo que brinda mayor certidumbre a los inversionistas y a las instituciones involucradas.

Ley de fomento a la inversión

Para sentar las bases de los cuatro pilares del Plan, el 17 de marzo el Ejecutivo envió al Congreso la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Su principal objetivo es establecer un marco normativo que regule los mecanismos de inversión destinados a fomentar el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica (DOF, 2026b).

Tras su discusión y aprobación por parte del Congreso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de abril de 2026 (DOF, 2026a).

La nueva Ley pretende, conforme al Plan México y tomando como base los cuatro pilares de la inversión en el Plan de Infraestructura:

• Expedir un marco legal para regular las inversiones mixtas en infraestructura;
• Crear Nuevos Vehículos de inversión, específicamente los Vehículos de Coordinación en Inversiones;
• Regular mediante el marco legal, los Contratos de Inversión Estratégica;
• Establecer el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura.

En términos generales, la Ley retoma los sectores estratégicos enunciados en el Plan México y el Plan de Infraestructura que podrán acceder a estos proyectos de inversión mixta, entre ellos: los sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energía, salud, educación, urbano, turístico, parques industriales, tecnologías, o cualquier otro conforme al PND 2025-2030 (DOF, 2026a).

La Ley plantea una forma distinta de organizar y ejecutar la inversión en infraestructura, al incorporar nuevos instrumentos, vehículos financieros y contratos, así como una mayor participación de los sectores privado y social. Además, busca materializar los objetivos y estrategias de los planteamientos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 y, directamente, en el Plan México y el Plan de Infraestructura.

Cabe señalar que los proyectos de inversión mixta (incluye los sectores público, privado y social) contenidos en esta Ley tendrían el carácter de preferentes en el PEF y estarán sujetos a reglas de vigilancia y transparencia (DOF, 2026a). La Ley, por tanto, busca dar certidumbre al financiamiento de los proyectos de inversión mixta en un contexto en el que históricamente se han presentado recortes continuos a la inversión pública que terminan afectando el crecimiento económico.

Otros cambios (Reforma LFPRH)

Junto con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, se introdujeron modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el propósito de que los proyectos de inversión mixta sean objeto de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, además de incorporar nuevos conceptos y de redefinir el concepto de GCE.

Con las modificaciones aprobadas, se agregan a la definición gastos adicionales que se excluyen del gasto neto total, por lo que quedaría de la siguiente forma:

“Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, los programas sociales universales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios personales correspondientes a las funciones de gasto de Educación, Salud y Seguridad Pública, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal” (DOF, 2026a).

El cambio en la definición implica que el monto del gasto corriente estructural será menor debido a que se excluyen más elementos del gasto, por lo que será necesario aclarar tanto en la LFPRH como en su reglamento que la nueva definición no implicará presiones adicionales de gasto o eleve el límite máximo al que puede crecer.

Otro de los cambios fue la incorporación del concepto Proyectos para el desarrollo con Bienestar. Su incorporación hace referencia a los proyectos de infraestructura, adquisición de bienes y prestación de servicios que se desarrollen por medio del Plan de Infraestructura.

Además, la Secretaría de Hacienda podrá autorizar a las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y las entidades que comiencen los procedimientos de contratación, aún sin contar con la suficiencia presupuestaria. Y, en caso de otorgarse dicha autorización, la dependencia o entidad debe realizar las adecuaciones correspondientes para contar con los recursos requeridos (DOF, 2026a).

Implicaciones de política pública

Por años la inversión pública en México ha sido la variable de ajuste en las finanzas públicas; sin embargo, reducir la inversión erosiona el crecimiento y la propia economía, lo que implica menores opciones de recaudación futura (CIEP, 2025).

Aunque en el PND 2025 – 2030 se argumenta que la inversión pública seguirá siendo un motor del desarrollo nacional, esta se encuentra en niveles inferiores a lo recomendado internacionalmente para una economía como la nuestra.

Tanto el PND, el Plan México, el Plan de Infraestructura y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura buscan dar certidumbre al financiamiento y materializar los objetivos en materia de inversión, su efectividad dependerá en gran medida de la rigurosidad con que se elaboren los
estudios de factibilidad y de la forma en que operen en la práctica.

Los nuevos esquemas de inversión mixta y los cambios en la normatividad plantean retos importantes en materia de gobernanza, fiscalización y transparencia; la participación de múltiples actores y el uso de nuevos vehículos de inversión incrementan la complejidad en la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos, lo que puede generar ineficiencias, discrecionalidad y corrupción si no se cuentan con mecanismos sólidos de control institucional (Banco Mundial, 2009, 2020).

Uno de los desafíos de los cambios en la normatividad es asegurar que las propuestas aumenten la inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni la calidad del gasto público. Una opción adicional es el fortalecimiento de los ingresos públicos tanto a nivel federal como local, que permita, entre otras cosas, financiar la infraestructura pública de calidad que la sociedad reclama.

¹ Diversos estudios de organismos internacionales señalan que la inversión debería ubicarse en un rango de entre 4% y 6% del PIB (CEPAL, 2022; FMI, 2019; Inter-American Development Bank, 2022; World Bank, 2003).

² Cabe recordar que las metas son: (1) fortalecer la competitividad internacional; (2) elevar la inversión respecto al PIB; (3) generar empleo formal en sectores estratégicos; (4) aumentar el contenido nacional en la proveeduría; (5) impulsar el crecimiento mediante la integración a cadenas globales de valor; (6) incrementar las compras públicas nacionales; (7) desarrollar capacidades en el sector salud y farmacéutico; (8) reducir tiempos y simplificar trámites para la inversión;(9) formar capital humano técnico y profesional; (10) promover la sostenibilidad en las inversiones; (11) ampliar el acceso al financiamiento para PYMES; (12) posicionar al país como destino turístico relevante; y (13) disminuir la pobreza y la desigualdad (Plan México, 2025).