Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C.

Gasto Público en Pensiones

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La seguridad social en México ha sido generalmente entendida como un paquete de cuatro seguros: de salud, de riesgos del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida.

Estas obligaciones del Estado han sido traducidas en un pasivo contingente, entre los que destaca el pago en pensiones. El presente boletín tiene el objetivo de mostrar las asignaciones presupuestales destinadas al pago en pensiones en los distintos esquemas federales, así como los beneficiarios de los mismos.

1 Las Leyes de Seguridad Social

El derecho al acceso a la seguridad social se ha establecido a través de las distintas Leyes que protegen, por una parte a los trabajadores del Estado y por otra a los trabajadores formales de los organismos privados y los entes autónomos. Aunque en esencia, todas incluyen el pago de una pensión mínima garantizada, las pensiones promedio y otras prestaciones adquiridas pueden variar según los acuerdos logrados bajo cada uno de los regímenes.

A nivel federal, existen cinco distintos esquemas públicos de protección social. Un trabajador, de estar asegurado, puede hacerlo por los beneficios adquiridos en Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y por el gobierno federal (administrado por el ISSSTE). A la fecha también existen compromisos vigentes, adquiridos mediante la extinta Luz y Fuerza del Centro (LYF). Estos esquemas de seguridad social pueden variar, según los acuerdos establecidos en cada contrato colectivo de cada institución, poniendo distintos tipos de presión a las finanzas de cada institución en particular y, como consecuencia, al gasto público federal.

2 Gasto Público en Pensiones

Para 2012, el monto presupuestado para el pago de pensiones, de los distintos esquemas federales, sumó 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 392,373.7 millones de pesos (mdp)*. Anualmente el gobierno federal, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), destina a las distintas entidades erogaciones para el pago en pensiones. En conjunto, estas erogaciones representan el 10.6% del PEF. Estos montos, son asignados a los distintos fondos para pensiones creados por cada institución (PensionISSSTE, Fondo Laboral de Pemex, entre otros). Ver cuadro 1.

Del total del gasto en pensiones, en promedio de los últimos 3 años, el 48.8% se destina al IMSS, el 39.1% a las administradas por el ISSSTE (que incluye al Ramo 19), 7.7% a PEMEX y el 4.4% a CFE. Resalta que para 2012, el presupuesto asignado a las pensiones de PEMEX sea del 8.4% del total. El crecimiento en el gasto público asignado a pensiones es una presión en las finanzas públicas. Del 2007 a la fecha, el total de este gasto ha sido mayor que el crecimiento del PIB. Cabe mencionar, que estos crecimientos tampoco son proporcionales al crecimiento de la población pensionada en cada dependencia. Ver cuadro 2.

3 Pensionados por Institución Pública

Actualmente el sistema de pensiones federales en México atiende a más de cuatro millones de pensionados. De este total el 76.5% se encuentra en el IMSS, el 20.1% en el ISSSTE, 2.3% en PEMEX, y el restante 2.5% en CFE y LYF. Esta estructura de la población beneficiaria es contrastante con las asignaciones de gasto, lo cual permite reflejar las disparidades entre los beneficios por pensiones que tienen los trabajadores en cada una de las estructuras. Al observar las asignaciones de gasto por pensionado resulta que para 2010, se asignaron 5,160.74 pesos mensuales para quienes estuvieran bajo el régimen del IMSS. Tomando como base a este instituto, se erogaron 3.1, 5.3 y 8.5 veces más al ISSSTE, PEMEX y CFE, respectivamente. Adicionalmente, las asignaciones presupuestales por pensionado para PEMEX y CFE se incrementaron, en términos reales, en 3.8 y 9.7 por ciento respectivamente. Ver cuadro 3.

4 Comentarios finales

Entre los compromisos firmados en el Pacto por México [7] se encuentra el establecer un mecanismo de seguridad social universal. Para ello, en 2013 se asignaron en el PEF 26,000.9 mdp al programa de pensión de adultos mayores de 65 años, equivalente a 0.2% del PIB. Esta asignación, aunada a lo que ya se gasta en las instituciones dedicadas a la protección social en México, contribuye al incremento las presiones fiscales, derivadas de pensiones. Para poder lograr una protección de la seguridad social, de manera universal y con equidad, será necesario evaluar la sostenibilidad de cada uno de los sistemas, con base en los beneficios que cada contrato colectivo proporciona a sus trabajadores.

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