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Una política pública sin presupuesto es difícil de implementar. A pesar de que la universalización de los servicios de salud se ha impulsado en los últimos años, México sigue teniendo un sistema de salud fragmentado y con atención desigual (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), 2019b). Para lograr avances en materia de cobertura sanitaria universal es necesario tomar en cuenta el crecimiento demográfico, la transición epidemiológica y su financiamiento.

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a los que el país se ha comprometido, refiere a Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entre las metas que se han establecido para 2030 está reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2017).

Mientras que, en 1990, los años perdidos por enfermedad y muerte prematura (DALYs por sus siglas en inglés) se debían a causas maternas e infecciones (ver Figura 1.1); en 2017 las causas principales se debían a diabetes, enfermedades cardiovasculares, violencia y cáncer. Esta  transición ocasiona que los costos de atención se eleven debido a que los padecimientos representan un mayor impacto presupuestario al sistema de salud.

En 2019, con la reforma a la Ley General de Salud (LGS), a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) que busca brindar servicios de salud a toda la población sin seguridad social. En específico, para el tercer nivel de atención, donde se incluyen Enfermedades No Transmisibles (ENT), se sustituye el FPGC por el FSB y se espera ampliar paulatinamente las intervenciones de salud.

Uno de los puntos débiles de la creación del INSABI radica en la ausencia de un esquema de financiamiento congruente con los objetivos que planea el instituto (CIEP, 2019a). En cuanto a la atención en general, se propone pasar de una población potencial de 55 millones de mexicanos a más de 72 millones de personas. Sin embargo, el aumento en presupuesto no es equivalente. De tal forma que, el gasto per cápita anual se reduce 33 %, pasa de $3,607 en 2020 a $2,602 en 2021 por persona.

Los padecimientos de alta especialidad serán financiados con el FSB. Este fondo contaba con un saldo, al segundo trimestre de 2020, de 97 mil 108 millones de pesos (mdp). Para el arranque del INSABI se contempló utilizar 40 mil mdp del FSB; a raíz de la Covid19 se mencionó que se podría disponer de recursos adicionales de este fondo, incluido el monto para la compra de la vacuna contra Covid19.

A pesar de estas presiones de gasto y de la ampliación en términos de población a la que se espera atender, no se ha presentado un plan, esquema o alternativa de financiamiento del sistema de salud. El tema de financiamiento vuelve a ser un punto débil y agravado en el contexto actual por la crisis sanitaria y económica por la Covid19.

El objetivo de esta investigación es conocer la evolución del FSB; estimar los recursos necesarios para la atención de ciertos padecimientos incluidos en el fondo considerando la ampliación propuesta por el INSABI y conocer esquemas de financiamiento que utilizan otros países.