Una política pública sin presupuesto es difícil de implementar. A pesar de que la universalización de los servicios de salud se ha impulsado en los últimos años, México sigue teniendo un sistema de salud fragmentado y con atención desigual (CIEP, 2020). Para lograr avances en materia de cobertura sanitaria universal es necesario tomar en cuenta el crecimiento demográfico, la transición epidemiológica y su financiamiento.
Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a los que el país se ha comprometido, refiere a Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entre las metas que se han establecido para 2030 está reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles (PNUD, 2021).
Mientras que, en 1990, los años perdidos por enfermedad y muerte prematura (DALYs por sus siglas en inglés) se debían a causas maternas e infecciones (Figura 1.1); en 2019 las causas principales se debían a diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esta transición ocasiona que los costos de atención se eleven debido a que los padecimientos representan un mayor impacto presupuestario al sistema de salud.
En 2019, con la reforma a la Ley General de Salud (LGS), a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que busca brindar servicios de salud a toda la población sin seguridad social. En específico, para el tercer nivel de atención, donde se incluyen Enfermedades No Transmisibles (ENT), se sustituye el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) por el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) y se espera ampliar paulatinamente las intervenciones de salud.
De 2004 a 2019, el Seguro Popular (SP) fue la política pública para la atención a la salud de la población sin seguridad social. En 2019, 51.9 millones de personas se encontraban afiliadas al SP, con la entrada de operaciones del Insabi, la población objetivo de este fue 66.3 millones de personas. Sin embargo, solamente 51.5 % se autorreportó como afiliada al Instituto, esto significó una disminución de 17.8 millones de personas menos respecto al SP (CIEP, 2021).
Uno de los puntos débiles de la creación del Insabi radica en la ausencia de un esquema de financiamiento congruente con los objetivos que plantea el instituto (CIEP, 2019). Por consiguiente, el gasto per cápita anual se reduce 18.8 %, al pasar de $3,876 pesos en 2019 con SP a $3,148 pesos en 2022 por persona con Insabi.
Los padecimientos de alta especialidad serán financiados con el Fonsabi. Este fondo cuenta con un saldo, al tercer trimestre de 2021, de 69 mil 902 millones de pesos (mdp). Para el arranque del INSABI se utilizaron 28 mil 807 mdp del Fonsabi. Asimismo, en abril de 2021, se tomaron 33 mil mdp adicionales para la atención de la Covid19 que se concentraron en el presupuesto de la Secretaría de Salud (SSa).
A pesar de estas presiones de gasto y de la amplicación en términos de población a la que se espera atender, no se ha presentado un plan, esquema o alternativa de financiamiento del sistema de salud. El tema de financiamiento vuelve a ser un punto débil y agravado en el contexto actual por la crisis sanitaria y económica por la Covid19.
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