En México, desde 1917, se habla sobre la seguridad social  en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue hasta 1929 que se retomó previendo la creación de una institución de seguridad social: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La fundación del IMSS fue en 1943. En el presente boletín se muestra el estado actual de la Seguridad Social, haciendo énfasis en los servicios de salud y pensiones a los que tienen derecho los mexicanos.

El estado actual de la seguridad social

Según la Ley del Seguro Social, “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. Sin embargo, las personas que cuenta con seguridad social y reciben una pensión de tipo contributiva, en México son sólo aquellos que se encuentran en el sector formal y que están afiliados a alguna de las siguientes instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las compañías en liquidación: Luz y Fuerza del Centro (LFC) y Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES). Actualmente no existe una institución que integre, coordine y vigile por la sostenibilidad del pago de la seguridad social en el largo plazo. Esto es, que sea garante de que cada instituto de seguridad social, de operar por separado, tenga las reservas financieras necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en el corto y largo plazo.

En 2013, la población estimada de México fue de 118, 395,054  millones de personas[1], de las cuales 49.5 millones se encuentran ocupadas de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo (ENOE) del segundo trimestre de 2013. De igual manera, el INEGI, reporta que 59.1% de las personas ocupadas, se encuentran laborando en el sector informal[2], lo que representa alrededor de 29.2 millones de personas (y sus familias) que no reciben servicios de salud ni recibirán pensiones a su retiro.

El gobierno federal ha realizado diversas acciones para proveer de las condiciones de seguridad social a las personas que no cuentan con ella. Sin embargo, han sido acciones separadas. Por un lado se creó el Programa Seguro Popular cuyo objetivo es otorgar servicios de salud a personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y no están afiliados a alguna institución de seguridad social. Además, existen otras iniciativas como el Seguro Médico para una nueva generación, el cual asegura a todos los niños que han nacido a partir del 1 de diciembre 2006 y que no cuentan con seguridad social.

Por otro lado, desde 2007, han existido programas que otorgan una transferencia monetaria a adultos mayores, conocida también como pensión no contributiva. Inicialmente, este beneficio se otorgaba a adultos mayores de 70 años en zonas rurales. Este programa se fue expandiendo hasta convertirse, actualmente, en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y su objetivo es “Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.”[3]

 Cobertura y gasto en Salud

Las instituciones de seguridad social en México, además de proveer de atención médica y pensiones, otorgan otras prestaciones como guarderías, centros vacacionales, capacitación, créditos, entre otros. Por tanto, al hablar de servicios de salud, se incluyen las prestaciones en mención.

Sobre la cobertura en salud del país, es decir, el número de personas que reciben atención médica y servicios de salud, es difícil llegar a una conclusión ya que existen cifras de diferentes fuentes que no coinciden. El cuadro 1 muestra los datos de cobertura en salud para el año 2012.

Se observa que, de acuerdo a los registros institucionales, las instituciones de salud cubren a más personas del total de la población del país. Esto podría sugerir que existe cobertura universal en salud y que todos los mexicanos contamos con atención médica, la mayoría, por parte de las instituciones públicas (sólo 1.8% por instituciones privadas). Sin embargo, existen duplicidades en la condición de aseguramiento, por ejemplo, una persona puede recibir atención médica por parte de IMSS-oportunidades y por el Seguro Popular. Esta es la razón por la que los registros institucionales suman más personas que la población total nacional.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) arrojan datos muy diferentes. Es probable que las diferencias se expliquen por la falta de conocimiento de los individuos entrevistados sobre su afiliación a alguna institución de seguridad social o al Seguro Popular. De acuerdo a estos resultados, aproximadamente 90.2 millones de personas reciben servicios de salud por parte de instituciones públicas y privadas. El Informe General de la ENSANUT 2012 especifica que existe 21.39% de la población sin atención médica.

Por último, el análisis que la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo con los padrones de beneficiarios y derechohabientes[4] arroja coberturas parecidas a las auto-reportadas en la ENSANUT 2012, con un total de 97.09 millones de personas afiliadas a las instituciones de seguridad social y al Seguro Popular. Es importante mencionar que este mismo documento encuentra que alrededor de 13% del padrón del Seguro Popular cuenta con servicios de salud otorgados por alguna institución de seguridad social.

Los registros institucionales se calculan con base en estimaciones con base en coeficientes familiares, los cuales se interpretan como un promedio del número de miembros por familia y se aplican al número de asegurados directos y de pensionados. Respecto a los datos provenientes de la ENSANUT, se obtienen a través de encuestas que se aplican una muestra de hogares a nivel nacional. Finalmente, los números reportados por la Secretaría de la Función Pública se refieren al número de derechohabientes y/o beneficiarios que las dependencias y entidades integran al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).

La institución con más presupuesto es el IMSS, seguido del Seguro Popular. El gasto promedio por beneficiario/derechohabiente es 2,398.36 pesos. Sin embargo, es importante señalar el gasto promedio por derechohabiente de PEMEX el cual asciende a más de 16 mil pesos, 13 veces más que el gasto promedio de del Seguro Popular (Cuadro 2).

El sistema de pensiones

A partir de la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, se ha transitado a un sistema de cuentas individuales para los trabajadores formales afiliados al IMSS, y después de 2007 para los afiliados al ISSSTE. Esta transición, tiene por objeto eliminar las presiones en el largo plazo de las finanzas públicas, ya que el pago de pensiones fondeado sólo por el Estado no es sostenible.  A pesar de este esfuerzo, los pagos por jubilación proporcionados por otros institutos gubernamentales (PEMEX, CFE, ISSFAM,  las extintas LFC y FERRONALES) no han incorporado el esquema de cuentas individuales para el pago de pensiones futuras. Además, a partir de 2007, con la incorporación del programa 70 y más, se promueve una pensión mínima garantizada para aquellos que no reciben ingresos por jubilación por parte de alguna institución de seguridad social; este programa se fondea mediante asignaciones presupuestales directas.

En el cuadro 3 se muestran las asignaciones presupuestales que el gobierno federal ha asignado a los distintos fondos de pensiones. Cabe mencionar que estas asignaciones representan sólo el monto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no el fondo para pensiones que cada institución tiene (en caso de contar con él). Las instituciones que mayor presupuesto reciben para pensiones son el IMSS e ISSSTE congruente con su número de afiliados, seguido por PEMEX y CFE.

Al considerar los crecimientos de las asignaciones presupuestales para pensiones contributivas (sin incluir las aportaciones federales al IMSS e ISSSTE), respecto del año anterior, se muestra un crecimiento del 7.7% para el 2013 y del 20.5% para el 2012. Mantener estos crecimientos en el largo plazo, pueden representar una carga para el sistema fiscal. En 2013, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas representa 4.1% del PIB. Para 2014, se propone un total de 45,225.5 millones de pesos (mdp) para el programa Pensión para Adultos Mayores (pensión no contributiva), un 68.2% más que en 2013. Por su parte, para las prensiones contributivas (sin incluir aportaciones) se propone un gasto  de 479,306.4 mdp, un 15.5% más que el año anterior.

Comentarios Finales

En el reciente Paquete Económico 2014 se introdujo el Sistema de Protección Social Universal como un nuevo derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, además de velar por los beneficios que  trae para la población, habrá que observar la sostenibilidad en el largo plazo de la provisión de éstos servicios. Si bien existen en México varios sistemas de salud y sistemas de pensiones, no existe un órgano que concentre la información de cada uno de los institutos, lo cual permita el análisis del uso de los recursos en el corto y el largo plazo.