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A partir de la última década del siglo pasado, México se ha embarcado en transformar su sector eléctrico con la adecuación del andamiaje institucional para permitir la participación privada en diversos segmentos de la cadena de valor. En 1992, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) fue modificada con el objetivo de permitir que empresas privadas participasen en actividades relacionadas con la generación eléctrica. Las figuras legales de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente de energía, exportación e importación abrieron espacio a la inversión y ampliaron la oferta de energía eléctrica.

En contraste, la comercialización o suministro persistió como actividad controlada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una organización industrial en el sector eléctrico de “comprador único” en la que las sociedades de autoabastecimiento y cogeneración sólo podían vender sus excedentes de energía a CFE y no directamente a los consumidores finales. Este comprador único actuaba como monopolio en las actividades de transmisión, distribución y comercialización, situación que dejaba a los consumidores finales como clientes cautivos de CFE.

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