Distribución del FASP per cápita

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En los últimos años, en algunas entidades federativas, la inseguridad ha incrementado de forma importante. Con esto, surge la pregunta de si los estados tienen o no el presupuesto suficiente para enfrentar esta problemática. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) es una de las principales fuentes de recursos con la que gozan las entidades federativas para el combate a la delincuencia. Este boletín analiza si la distribución del FASP está relacionada o no con el nivel de homicidios, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de vehículos con violencia y robo de vehículos sin violencia.

1. Introducción

     La Ley de Coordinación Fiscal, en el Artículo 44, establece que la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) depende del nivel de población, del índice de ocupación penitenciaria, de programas para la prevención del delito, entre otros. Las ponderaciones y fórmulas de estos conceptos son determinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[1]. En los últimos 10 años, el nivel de población ha tenido un peso importante en la distribución del FASP. De 2005 a 2015, la ponderación por los niveles de población ha oscilado entre 25% y 40%[4][7][12]. Sin embargo, como se observa en los Cuadros 1 y 2, las entidades federativas que tienen los mayores niveles de población son aquéllas que reciben los menores recursos del FASP per cápita. Como se observa en el Cuadro 9, a través de correlaciones, se puede corroborar esta relación inversa para 2005, 2010 y 2015.

     A continuación, a través de comparar el monto que reciben las entidades federativas por FASP con el nivel de algunos delitos por cada 100 mil habitantes, se muestra que la distribución de los recursos del FASP tampoco está relacionada con la frecuencia de homicidios, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de vehículos con violencia y robo de vehículos sin violencia. Esta falta de relación se puede corroborar con el Cuadro 9, en donde se observa que no hay correlación entre el FASP per cápita y la frecuencia de estos delitos. Tan sólo el FASP per cápita 2010 y el FASP per cápita 2015 tienen correlación inversa con el robo de vehículos con violencia por cada 100 mil habitantes (ver Cuadro 9).

2. Relación de la frecuencia de algunos delitos con la distribución del FASP

     Como se observa en los Cuadros 3 y 4, Guerrero es la entidad federativa con mayor número de homicidios y homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; seguido de Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Michoacán. Sin embargo, per cápita, estos estados están lejos de ser los que más recursos reciben del FASP (ver Cuadro 1). De forma contraria, por cada 100 mil habitantes, Tlaxcala que tuvo 9.19 veces menos homicidios dolosos que Guerrero en 2014 (Ver Cuadro 3), tuvo un crecimiento del 102.06% en los recursos obtenidos del FASP per cápita en los últimos 10 años. En 2015, por cada habitante, Tlaxcala recibirá 80.54% más recursos del FASP que Guerrero (ver Cuadro 1). En las Figuras 1 y 2, se puede observar que no hay relación entre el FASP per cápita y la frecuencia de homicidios y homicidios dolosos.

     Como se observa en el Cuadro 5, Tamaulipas es la entidad federativa con mayor número de secuestros por cada 100 mil habitantes, seguido de Morelos, Tabasco, Guerrero y Michoacán. Sin embargo, por habitante, tampoco hay una relación de la frecuencia de secuestros con el monto del FASP otorgado a las entidades federativas (ver Cuadro 1, Figuras 1 y 2). A nivel nacional, el número de secuestros por cada 100 mil habitantes se ha cuadruplicado en los últimos 10 años (ver Cuadro 5). De 2004 a 2014, a nivel nacional, por cada 100 mil habitantes, los homicidios dolosos incrementaron 19.23% (ver Cuadro 3) y las extorsiones aumentaron 128% (ver Cuadro 6). De 2004 a 2013, a nivel nacional, por cada 100 mil habitantes, el robo de vehículos con violencia incrementó 64.59% (ver Cuadro 7) y el robo de vehículos sin violencia aumentó tan sólo el 1.04% (ver Cuadro 8).

     Como se observa en el Cuadro 7, Morelos es la entidad federativa con mayor número de extorsiones por cada 100 mil habitantes, seguido de Quintana Roo, Baja California, Jalisco y Distrito Federal. En Morelos, el robo de vehículos por cada 100 mil habitantes también es elevado (ver Cuadros 8 y 9). El número de extorsiones en Baja California Sur por cada 100 mil habitantes es 5.03 veces menor que en Morelos. Sin embargo, per cápita, Baja California Sur recibe 127.1% más recursos del FASP que Morelos (ver Cuadro 1). En las Figuras 1 y 2, se puede observar que no hay relación entre el FASP per cápita y la frecuencia de extorsiones. El Estado de México es una de las entidades federativas que más sufre robo de vehículos por cada 100 mil habitantes (ver Cuadros 7 y 8). Pero el Estado de México también es la entidad federativa que menos recursos recibe del FASP per cápita (ver Cuadro 1). En las Figuras 1 y 2, se puede observar que no hay relación entre el FASP per cápita y la frecuencia de robo de vehículos.

     El Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Veracruz reciben recursos del FASP per cápita menores al promedio nacional (ver Cuadro 1). Estas entidades federativas que son muy pobladas (ver Cuadro 2), por cada 100 mil habitantes, tienen tasas de homicidios y homicidios dolosos menores al promedio nacional (ver Cuadros 3 y 4). Sin embargo, el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco sufren un alto número de extorsiones por cada 100 mil habitantes (ver Cuadro 6).

3. Conclusiones

     A pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal lo propone, no hay una relación entre la distribución de recursos del FASP per cápita con los niveles de población ni con la frecuencia de homicidios, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de vehículos con violencia y robo de vehículos sin violencia. De esta forma, se puede concluir que la distribución actual de los recursos del FASP no considera que las entidades federativas con mayores niveles de inseguridad como Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas no cuentan con suficientes recursos para enfrentar esta problemática. Quizás, muchos delitos podrían prevenirse con una mejor estrategia de distribución de recursos del FASP.

Cuadro-1-16-de-junio

Cuadro-2-16-de-junio

Cuadro-3-16-de-junio

Cuadro-4-16-de-junio

Cuadro-5-16-de-junio

Cuadro-6-16-de-junio

Cuadro-7-16-de-junio

Cuadro-8-16-de-junio

Cuadro-9-16-de-junio

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