El diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México analiza la asignación y efectividad de los recursos etiquetados para la igualdad de género desde una perspectiva de política fiscal feminista. En un contexto donde América Latina y el Caribe siguen siendo de las regiones más desiguales en términos de género, este estudio resalta la necesidad de integrar la perspectiva de género en la política fiscal para garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos. El enfoque se centra en la evaluación del Anexo 13, «Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres», analizando su evolución, impacto y áreas de mejora.
La metodología del estudio incluyó una revisión exhaustiva de la normatividad y técnicas presupuestarias nacionales e internacionales; la identificación de seis atributos clave para evaluar la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto: multidimensionalidad, oportunidad, orientación a resultados, inclusión, sostenibilidad y transparencia; un análisis de la evolución del presupuesto del Anexo 13 y la construcción del Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), una herramienta que mide el grado de integración del enfoque de género en los programas presupuestarios.
Los hallazgos revelan que, aunque el presupuesto del Anexo 13 ha crecido, alcanzando en 2025 un monto de 479,248.4 millones de pesos, existen diferencias significativas entre los recursos aprobados y ejercidos, lo que limita su efectividad. Además, la perspectiva de género está escasamente integrada en la planificación presupuestaria, pues solo el 21.1% de los programas incluyen objetivos explícitos para reducir brechas de género. El índice ISAIS muestra un puntaje promedio de 29%, lo que indica que la mayoría de los programas no cumplen con los criterios de un presupuesto igualitario y carecen de estrategias claras para generar un impacto real en la igualdad de género. También se identificaron deficiencias en la transparencia y rendición de cuentas, ya que, aunque todos los programas publican información presupuestaria, solo el 31.5% desglosa beneficiarios por sexo y apenas el 22.1% ha sido auditado con un enfoque de género en los últimos cinco años. Asimismo, los programas mejor evaluados en el ISAIS reciben menores asignaciones presupuestarias, mientras que los de menor puntuación concentran la mayor parte de los recursos.
Ante estos desafíos, el estudio propone ampliar la mirada más allá del Anexo 13 para garantizar que la igualdad de género se integre de manera transversal en todo el presupuesto público. Se recomienda reformular las reglas de operación y los mecanismos de evaluación de todos los programas presupuestarios para incluir criterios claros de reducción de desigualdades, establecer una perspectiva interseccional y territorial, desde la ética feminista, que asegure que los recursos lleguen a las poblaciones más vulneradas (por las desigualdades sistémicas) y se orienten a transformar de raíz las condiciones que reproducen la desigualdad. También se recomienda fortalecer la transparencia y rendición de cuentas con auditorías sistemáticas y la publicación de datos desagregados.
El análisis del Anexo 13 demuestra que, el análisis de este demuestra que, aunque se han logrado avances en la asignación de recursos para la igualdad de género, persisten deficiencias estructurales en su diseño, ejecución y evaluación. Para lograr una política fiscal verdaderamente feminista, es fundamental trascender el mero etiquetado presupuestario y asegurar que la igualdad de género se convierta en un principio rector de todo el ciclo presupuestario en México.
En este sentido, los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal establecen que los mecanismos a través de los cuales los Estados se hacen de recursos públicos, para después elegir cómo, cuánto y en qué gastarlos, son instrumentos indispensables para la garantía de los derechos humanos, toda vez que la política fiscal se encuentra sujeta a los compromisos y obligaciones asumidos por los Estados a nivel internacional (IPDHPF, 2021).
La incorporación de estos Principios brinda tanto un marco de referencia como una visión para fortalecer la legitimidad fiscal —esto es, la conexión entre todos los agentes de la sociedad y la política fiscal—. Respecto a la igualdad de género, se establece que este es un principio que debe ser aplicado de manera transversal, y que los Estados tienen la obligación de “promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad” (IPDHPF, 2021; pg. 32).
En función de este principio rector, los Estados deberían seguir estas directrices: i) reconocer el valor de la economía del cuidado y usar la política fiscal para redistribuir y reducir las cargas, ii) incorporar un enfoque de género en sus sistemas tributarios, iii) elaborar presupuestos con enfoque de género y iv) asegurar la inversión en políticas para la igualdad de género.
El Anexo 13 se cataloga dentro de la tercera directriz. Por ello, es de suma importancia realizar un análisis exhaustivo de esta herramienta, a fin de evaluar si contribuye al avance de sus objetivos: hacer uso de los presupuestos públicos con enfoque de género como mecanismos de transformación social para promover la igualdad de género. No obstante, desde una propuesta feminista, que es también una apuesta de esta Red, la elaboración de presupuestos con enfoque de género no puede ir separada del reconocimiento del valor de la economía del cuidado y la redistribución de las cargas, señaladas en la primera directriz. Por lo que, si bien, en este documento este tema no se trabaja de forma exhaustiva, pues no existen programas en el Anexo 13 que cubran este tema, sí se considera fundamental para un cambio real y sustantivo en la vida de las mujeres.
