Este documento analiza la evolución de la deuda pública en México y los retos que esta implica para la sostenibilidad fiscal. Si bien el indicador tradicional de deuda como porcentaje del PIB mostraría una estabilización en 52.3%, según la SHCP (2025), esta medida no refleja la posición fiscal del gobierno ni las presiones estructurales que impulsan el actual endeudamiento, como el aumento en pensiones, el costo financiero y la caída de los ingresos petroleros. Se exploran indicadores alternativos (como la deuda respecto a los ingresos presupuestarios y la deuda per cápita), que permiten una evaluación más completa de la carga fiscal y sus implicaciones para el bienestar social y la equidad intergeneracional. A partir de este análisis, se argumenta que una reforma fiscal es necesaria para garantizar la sostenibilidad sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones.

1 Lo que indica el indicador

El indicador de la deuda como porcentaje del PIB es ampliamente utilizado a nivel internacional, ya que permite comparar y mostrar la capacidad económica de cada país para enfrentar sus pasivos en relación con su generación de ingresos. Facilita también comparaciones a lo largo del tiempo, al estandarizar el monto nominal de la deuda con una variable temporal común. Cuanto más alto es este indicador, mayor es el riesgo de impago o de un eventual ajuste fiscal (ya sea mediante aumentos en los ingresos o recortes en el gasto). Por esta razón, un año atrás, la administración 2024–2030 se comprometió a una consolidación fiscal: esto es, reducir el endeudamiento de 5.7% del PIB observado en 2024 a 2.9% en 2027, con el objetivo de mantener un SHRFSP en 51.4% del PIB hacia 2030.

1.1 Lo que no indica el indicador

Sin embargo, el Paquete Económico 2026 aumentó la estimación del SHRFSP a 52.3% del PIB, a partir de 2025 y hasta 2031. Con ello, la SHCP (2025) afirma que, aunque la razón deuda/PIB continúa incrementándose, su estabilización implicaría “una trayectoria sostenible y una gestión fiscal prudente”. Si bien este indicador refleja la capacidad de una economía para enfrentar sus pasivos, no refleja la posición fiscal del gobierno ni de la población para hacerles frente. Por ello, es necesario recurrir a otros indicadores que ofrezcan nuevas perspectivas sobre el costo y las implicaciones de los endeudamientos observados.

1.2 Objetivo del documento

En este contexto, el presente documento desarrolla y explica indicadores clave sobre la deuda pública y su impacto en la sostenibilidad fiscal. Se hace especial énfasis en las propuestas del Paquete Económico 2026, el cual posterga la consolidación fiscal de 2027 a 2028, manteniendo niveles de RFSP de 4.3% y 4.1% del PIB para 2025 y 2026, respectivamente. El objetivo es contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de la deuda pública en México, mediante el análisis de distintas métricas que permiten dimensionar su sostenibilidad. Para ello, se delinean otras medidas para la deuda, las cuales buscan reflejar sus costos y sus implicaciones fiscales.

2 El inicio del endeudamiento

Del 2003 al 2007, el SHRFSP mostró una tendencia a la baja, pasando de 33.2% del PIB a 27.5%. Sin embargo, el Paquete Económico 2009 ejerció, por primera vez en la década, RFSP en niveles de 3.9% del PIB (estando previamente en 0.8%), con el objetivo de enfrentar la crisis financiera internacional. Quince años de endeudamientos ininterrumpidos después, el Paquete Económico 2024 registró un máximo de 5.7% del PIB. Ahora, el Paquete Económico 2026 plantea que, para 2025, este indicador rondará el 4.3% del PIB (superior al aprobado de 3.9%), y que para 2026 alcanzará el 4.1% del PIB; niveles que, aunque relativamente menores, permanecen entre los más altos observados. Esto indica que el desbalance entre ingresos y egresos parece irreversible y eso ha provocado un crecimiento sostenido de la deuda.

2.1 ¿Para qué sirve la deuda?

El uso de deuda pública suele intensificarse durante periodos de crisis económicas, como la de 2008-2009, ya que permite a los gobiernos mitigar los efectos negativos de caídas abruptas en la actividad productiva, el empleo y, por ende, en los ingresos públicos. En estos contextos, el endeudamiento funciona como un instrumento contracíclico que financia aumentos temporales en el gasto público o disminuciones transitorias en los ingresos sin recurrir a ajustes fiscales. Esta estrategia busca estabilizar la economía y proteger a la población más vulnerable, bajo el supuesto de que, una vez superada la crisis, se restablecerá el balance fiscal mediante mayores ingresos o menor gasto estructural (tal como lo establece la LFPRH). En línea con este principio, la SHCP (2025) estima que los RFSP deben reducirse a 3.5% en 2027 y a 3.0% en adelante, con el fin de preservar la sostenibilidad y mantener constante el SHRFSP en 52.3% del PIB.

2.2 ¿Por qué endeudamientos sin crisis?

No obstante, durante la crisis sanitaria de 2020, el endeudamiento fue menor que lo observado entre 2021 y 2025, e inferior al estimado para 2026. Si bien las razones son múltiples, la principal responde a un aumento del gasto no derivado de shocks externos, sino de condiciones estructurales, como el crecimiento sostenido de las pensiones y la disminución permanente de los ingresos petroleros. Ambos factores han llevado a que los RFSP alcancen niveles históricos y han contribuido al aumento del costo financiero, reduciendo aún más el espacio fiscal. Para 2026, se destinará el 4.1% del PIB al pago de intereses, por encima del gasto en salud (desde 2023) y del gasto en educación (desde 2025).

2.3 ¿Crisis de productividad?

Más aún, México enfrenta otro problema estructural: su decreciente productividad laboral¹, que se encuentra por debajo de los niveles observados en 2005 e incluso por debajo de los registrados durante la crisis de 2009. Esto implica que, en promedio, una persona trabajadora produce hoy menos que en esos años. Si bien, entre 2005 y 2031, considerando las estimaciones de los CGPE 2026, la economía habría crecido en promedio 1.7% anual, dicho crecimiento se explica por una mayor participación laboral, no por un incremento en la productividad. Cuando el país alcance el final del bono demográfico, esta situación podría volverse aún más difícil de revertir.

3 Indicadores para la deuda

El indicador de deuda como proporción del PIB se ve afectado por seis factores, que pueden clasificarse según su grado de control gubernamental y su efecto:

1. Déficit primario, con influencia directa sobre el aumento de la deuda. Depende directamente de las decisiones fiscales, su magnitud puede variar según el ciclo económico y las decisiones de endeudamiento pasadas.
2. Crecimiento económico, que tiende a reducir el indicador, salvo en contextos de recesión. Este factor actúa como denominador y refleja la expansión de la economía.
3. Tasas de interés, que elevan el costo de la deuda y presionan el saldo total. Están mayormente fuera del control del gobierno nacional.
4. Tipo de cambio, con efecto variable dependiendo de la composición en moneda extranjera de la deuda. También escapa al control gubernamental directo.
5. Inflación, que puede reducir el valor real de la deuda en términos del PIB nominal, aunque su efecto sobre el bienestar puede ser no deseado. Generalmente es un fenómeno exógeno.
6. Déficit no presupuestario, asociado a operaciones extrapresupuestarias o ajustes contables, parcialmente controlables por el gobierno.

La interacción de estos factores implica que el indicador deuda/PIB no sigue una trayectoria lineal ni completamente predecible, aunque las proyecciones de la SHCP (2025) suponen una estabilización en 52.3% del PIB.

Si bien esta situación no representa un compromiso de pago inmediato, sí indica que el saldo de los pasivos públicos equivale a poco más de la mitad de la capacidad de generación de ingresos dentro del territorio nacional en un año.

3.1 Deuda como % de los ingresos

Ahora bien, el gobierno federal (responsable de la deuda pública) tiene una capacidad recaudatoria limitada. Por ello, el indicador de deuda como proporción de los ingresos presupuestarios refleja mejor el esfuerzo fiscal requerido para atender sus obligaciones. En este sentido, para 2026, la deuda representaría el 232% de los ingresos presupuestarios o 347% de los ingresos tributarios. En términos teóricos, se requerirían alrededor de dos años y un trimestre de recaudación o tres años y medio de impuestos para cubrir el saldo total de los pasivos públicos.

3.2 Deuda por persona

Por último, el indicador de deuda per cápita sustituye el PIB por el tamaño de la población, lo que reduce su variabilidad, ya que el crecimiento demográfico es más estable que el económico. Este indicador parte del supuesto de que, si la deuda pública se distribuyera de manera uniforme, se obtendría una estimación del compromiso financiero por persona. Para 2026, esta equivalencia sería de aproximadamente 151 mil pesos por habitante. Según la ENIGH 2024, ello representaría hasta 3.8 años de ingresos para el decil I o 1.2 meses para el decil X. A diferencia de los indicadores anteriores, que muestran cierta estabilización, la deuda per cápita seguiría aumentando hacia 2031.

4 Implicaciones de política pública

La deuda pública en México ha aumentado en los últimos años, incluso por encima de los niveles registrados durante crisis anteriores. Esto evidencia que el endeudamiento no responde a shocks externos, sino a presiones estructurales, como el envejecimiento poblacional, el costo financiero de la deuda o la situación fiscal de Pemex. Indicadores como la deuda respecto a los ingresos presupuestarios (232%) o la deuda per cápita (151 mil pesos en 2026) muestran que la carga sobre la población sigue creciendo, incluso bajo los escenarios de consolidación planteados en los CGPE 2026. El desbalance fiscal ha sido de tal magnitud que, para 2026, el costo financiero de la deuda será equivalente al endeudamiento, ambos en 4.1% del PIB.

Lograr una trayectoria decreciente en el endeudamiento implicaría mantener recortes en el gasto público, particularmente en la inversión y en el medio ambiente, tal como lo proyecta la SHCP (2025). De mantenerse esta tendencia, podrían comprometerse el crecimiento económico, la productividad (actualmente en su nivel más bajo) y la recaudación futura. Aunque el indicador de deuda como porcentaje del PIB plantea una posible estabilización en 52.3%, según la SHCP (2025), esta dependerá de múltiples factores (varios fuera del control del gobierno), como el crecimiento económico, las tasas de interés, el tipo de cambio o la inflación. Además, dicho indicador no incorpora los efectos de la transición demográfica, epidemiológica o energética. Esto generará mayor presión sobre las finanzas públicas, debido al aumento en la demanda de servicios de salud, cuidados y pensiones.

Por estas razones, la sostenibilidad fiscal no puede evaluarse únicamente a través del indicador deuda/PIB. Es necesario adoptar un enfoque más amplio que considere la evolución del endeudamiento, la presión sobre los ingresos públicos y los compromisos intergeneracionales. Esto requiere una reforma fiscal responsable e integral, que priorice no solo la estabilidad macroeconómica, sino también la equidad, la eficiencia del gasto y la protección del bienestar social, asegurando el financiamiento público sin comprometer a las futuras generaciones.