Entre 2015 y 2024, el sector público mexicano emitió más de 678 mil millones de pesos en bonos sostenibles y, a partir de 2020, el Gobierno Federal impulsó gran parte de este crecimiento al concentrar el 55.6% del total, el restante lo comparte la CFE, Bancomext, Banobras, NAFIN y FIRA. Estos instrumentos han financiado proyectos sociales y ambientales en condiciones más favorables que la deuda tradicional. Sin embargo, en 2022 y 2023, programas de gasto corriente como Becas Benito Juárez y Sembrando concentran el 19.2% y 18.3% de los recursos provenientes de bonos soberanos sostenibles, respectivamente. Esta asignación puede generar tensiones con el marco legal, el cual prioriza el uso de deuda para inversión en infraestructura. Para que los bonos sostenibles cumplan con su propósito, resulta clave transformar su potencial discursivo en proyectos públicos con impactos económico, sociales y ambientales, verificables y sostenibles en el tiempo.

Bonos con objetivos: el novedoso financiamiento público

En los últimos años, México ha intensificado el uso de bonos sostenibles¹ como un instrumento novedoso, ya que permiten financiar proyectos que contribuyen al desarrollo económico sustentable, con un costo financiero menor en comparación con otros financiamientos. En el país, los bonos sostenibles han alcanzado sobredemandas de hasta 6.1 veces el monto colocado entre los inversionistas (CMFS). Estos instrumentos se han consolidado como mecanismos clave para el sector público.

Desde 2020, su emisión no solo ha crecido en volumen, sino que también se ha diversificado con bonos sustentables, bonos soberanos sostenibles, bonos verdes y, más recientemente, con bonos azules. Este auge responde tanto a criterios financieros como al compromiso de México con las metas de desarrollo sostenible y financiamiento climático.

Sin embargo, su crecimiento plantea dos desafíos. El primero, ¿en qué medida estas emisiones contribuyen de manera efectiva al financiamiento sostenible. Segundo, ¿cómo impacta en la deuda y en la sostenibilidad fiscal del país?

Objetivo del documento

Este documento tiene como objetivo evaluar la evolución y el desempeño de las emisiones de bonos sostenibles por parte del sector público en México durante los últimos años. En primer lugar, se examina cómo se han utilizado los recursos obtenidos a través de estos instrumentos financieros. En segundo lugar, se analizan las implicaciones de política pública que surgen a partir de su uso, particularmente en los temas de endeudamiento y del marco normativo vigente. El análisis busca aportar elementos para reevaluar el destino de los recursos y la implementación de mecanismos de financiamiento sostenible para canalizarlos hacia proyectos con impactos económicos, sociales y ambientales, verificables y de largo plazo.

Evolución de los bonos sostenibles en México

¿Qué son?

Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas para financiar proyectos que generan beneficios ambientales, sociales o ambos. A diferencia de los bonos tradicionales, que pueden utilizarse para cualquier fin general, estos instrumentos deben destinarse a usos específicos definidos desde la emisión y están sujetos a seguimiento, reporte y evaluación de su uso.

¿Cómo funcionan?

En términos generales, el emisor obtiene financiamiento mediante la colocación del bono en los mercados, comprometiéndose a pagar intereses y devolver el capital al vencimiento. Lo que los distingue es el compromiso de canalizar los recursos hacia proyectos alineados con criterios de sostenibilidad, respaldado por marcos de referencia y habitualmente sometido a revisiones externas como segundas opiniones y reportes anuales de impacto (BID 2023).

¿Cuánto se ha emitido y quiénes son los emisores?

Entre 2015 y 2024, el sector público mexicano ha emitido un total acumulado de 678 mil 25 mdp en bonos sostenibles (CMFS). La Figura 1 muestra la evolución de los montos anuales emitidos por tipo de bono. El año con mayor volumen fue 2022, con 179 mil 268 mdp, seguido por 2024 con 175 mil 593 mdp. Las emisiones que han predominado han sido la de los bonos soberanos sostenibles, por parte del gobierno federal, que representan el 55.6% del total.

El Cuadro 1 muestra las emisiones acumuladas por tipo de bono y emisor. Destaca el Gobierno Federal, que ha emitido 377 mil 171 mdp en bonos soberanos sostenibles desde 2020. Le sigue la CFE con 106 mil 848 mdp y BANOBRAS con 77 mil 863 mdp. En 2022 se introdujo por primera vez un bono azul emitido por FIRA cuyo monto ascendió a 11 mil 667 mdp.

Destino de los recursos

Como se mencionó anteriorme, el uso de los recursos obtenidos mediante bonos sostenibles varía según el tipo de bono, el emisor y el marco de asignación definido en cada emisión. Una característica central de estos instrumentos es la obligación de destinar los fondos a proyectos previamente identificados y clasificados conforme a criterios ambientales, sociales o de desarrollo sostenible, además de reportar periódicamente los avances e impactos asociados.

Bonos soberanos sostenibles

Los bonos soberanos sostenibles emitidos por el Gobierno Federal están vinculados al cumplimiento de los ODS. Una característica de estos instrumentos es que, una vez obtenidos, los recursos se integran al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), asignándose a programas presupuestarios etiquetados como prioritarios en materia social, ambiental o de desarrollo.

La Figura 2 muestra la distribución porcentual de los montos asignados a cada ODS entre 2020 y 2023. Los recursos se han concentrado en los ODS 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar) y 4 (Educación de Calidad).

En particular, destaca la asignación de recursos a dos programas sociales:

• Becas para el Bienestar Benito Juárez, vinculado al ODS 4. En 2023, este programa concentró 9 mil 313 mdp, equivalentes al 28.2% del monto asignado a dicho ODS en ese año (SHCP 2024).
• Sembrando Vida, asociado al ODS 2. En 2023, recibió 12 mil 986 mdp, lo que representa el 69.8% de los recursos asignados al ODS 2 mediante esta vía (SHCP 2024).

En 2023, los programas Becas Benito Juárez y Sembrando Vida concentraron conjuntamente el 19.2% del total emitido en bonos soberanos sostenibles, lo que equivale a 22 mil 299 mdp. En 2022 representaron el 18.3% (21 mil 046 mdp), y en 2021 el 23.1% (8 mil 343 mdp), lo que muestra una tendencia constante de asignación a estos programas sociales prioritarios (SHCP 2023, 2024).

En este sentido, los bonos soberanos sostenibles canalizan recursos de manera efectiva al desarrollo económicos sostenible, conforme al Marco de Referencia emitido por la SHCP (2020). No obstante, como se mostró, una parte de estos instumentos de deuda se destina a subsidios, lo cual representa un elemento a considerar para reevaluar el destino de los recursos hacia tales programas.

Esta situación adquiere mayor relevancia si se considera que el propio Marco de Referencia establece que los bonos deben respaldar “gastos sostenibles elegibles” mediante un proceso de evaluación, seguimiento y reporte. Sin embargo, su uso recurrente para financiar programas como Sembrando Vida o las becas Benito Juárez plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal en el largo plazo.

Bonos verdes y sustentables

 CFE

Desde 2022, ha intensificado el uso de instrumentos de deuda verdes y sustentables para financiar proyectos de infraestructura energética con impactos ambientales y sociales positivos. Sus bonos verdes representan el 9.7% y los sustentables 90.2% del total.

Los bonos con etiqueta verde han sido destinados principalmente a proyectos de generación con fuentes renovables y eficiencia energética. Del total asignado entre 2020 y 2022, el 89.2% se canalizó a energía renovable (CFE 2024), incluyendo:

• Compra de energía renovable de plantas eólicas y fotovoltaicas: 41 mil 997 mdp
• Refaccionamiento de centrales geotermoeléctricas e hidroeléctricas: 5 mil 537 mdp
• Mantenimiento de centrales eólicas y fotovoltaicas: Mil 576 mdp

BANCOMEXT

En octubre de 2023, BANCOMEXT asignó el 78.3% de sus emisiones a proyectos sociales y el 21.7% a proyectos ambientales. Se financiaron proyectos de eficiencia energética, agua y transporte limpio, así como actividades económicas de MiPyMEs en regiones de bajos ingresos. Entre los impactos reportados se encuentran: 2 mil800 empleos mantenidos o generados, ahorro de más de 1.38 millones de kWh anuales, y tratamiento de 108 mil m³ de aguas residuales por año (BANCOMEXT 2024).

BANOBRAS

Entre 2017 y 2021, BANOBRAS emitió bonos sustentables destinados a 197 proyectos en siete categorías: infraestructura básica, servicios públicos, recuperación ante desastres, transporte sostenible, energía renovable, eficiencia energética y manejo de aguas. Particularmente, los proyectos de energía renovable representaron la financiación de 12 parques solares y eólicos y una planta hidroeléctrica, que en conjunto superan los 2,200 MW de capacidad instalada y más de 7,000 GWh de generación eléctrica anual estimada (SUSTAINALYTICS 2021).

NAFIN

En 2021, emitió un bono sustentable del cual el 97.8% se destinó a apoyar MiPyMEs en municipios vulnerables al cambio climático, y el 2.2% a proyectos de eficiencia energética. Este financiamiento permitió otorgar mil 620 créditos, mantener 4,523 empleos y evitar la emisión de más de 103 mil toneladas de CO₂e anualmente (NAFIN 2022).

Bono azul

En diciembre de 2024, FIRA emitió el primer bono azul en México destinado a financiar actividades pesqueras y acuícolas con criterios de sostenibilidad. Los recursos se canalizan a proyectos como la acuacultura responsable, la pesca ribereña de bajo impacto ambiental y la pesca de altamar con certificaciones sostenibles, priorizando prácticas que reduzcan la sobreexplotación, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad.

Los bonos sostenibles en México han canalizadode manera efectiva recursos hacia programas y proyectos con objetivos sociales, ambientales y de desarrollo claramente definidos. Esta orientación se confirma con la ratificación de la opinión favorable de Ratings (2025), que reconoció el cumplimiento la transparencia en los procesos de selección y seguimiento, y la congruencia de la estrategia nacional con los ODS, el Acuerdo de París y el Plan Nacional de Desarrollo.

Estos instrumentos se han enmarcado como novedosos por implicar un menor costo financiero para el gobienro federal en comparación con otros instrumentos financieros. En 2023, las emisiones de bonos ODS presentaron tasas cupón que variaron entre TIIEF + 0.14 % y TIIEF + 0.24 %, mientras que una colocación internacional a 30 años ofreció una tasa fija de 6.34 % en dólares, y otra en pesos a 12 años alcanzó 8.00 % (SHCP 2024). En contraste, para el mismo año, el Gobierno Federal realizó una de Bonos M a 3 años con un rendimiento del 9.4 %. Ante esto, los bonos han permitido acceder a financiamiento en mejores condiciones para las finanzas públicas.

Implicaciones de política pública

Más allá del beneficio financiero, estos instrumentos siguen representando deuda pública. Al igual que cualquier otra forma de financiamiento, los bonos sostenibles se suman al SHRFSP del país, que en 2025 alcanzaría el 52.3% del PIB (SHCP 2025). Si bien los recursos pueden orientarse a objetivos de desarrollo sostenible, su uso también implica compromisos fiscales a futuro y presiona el espacio fiscal.

Este punto adquiere mayor relevancia al considerar el marco normativo vigente. De acuerdo con la Ley General de Deuda Pública, los financiamientos contratados por el sector público deben destinarse preferentemente a proyectos de inversión en infraestructura productiva. No obstante, en el caso de los bonos ODS, sus recursos ha sido canalizada a programas de gasto corriente como a las Becas Benito Juárez y Sembrando Vida. Esta situación plantea un dilema: aunque se busca avanzar en metas sociales y ambientales, el destino hacia gasto corriente podría limitar el impacto estructural de estos instrumentos y debilitar su justificación como mecanismos de financiamiento sostenibles.

Para que los bonos sostenibles cumplan con su objetivo, es clave alinearlos con el marco legal vigente y orientarlos a inversión pública con impacto a futuro. De no hacerlo, se corre el riesgo de que la sostenibilidad quede en el discurso y no en los resultados.