SIN EMBARGO, Daniela Barragán, 20 de marzo de 2018
Durante 2017, el Gobierno federal destinó un mayor estímulo fiscal para amortiguar los precios de la gasolina y diésel –porque aumentaron los precios internacionales del petróleo–, lo que le costó al erario público 67 mil 900 millones de pesos.
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), removiera el subsidio a combustibles en 2016 con la finalidad de aumentar la recaudación, el saldo final de ésta fue negativo en 2017.
Alejandro Limón, investigador de Energía y Finanzas Públicas del CIEP, detalló que, de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2017, el estímulo fiscal tendría un costo de recaudación para la SHCP de 65 mil 929 millones de pesos. En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017, la SHCP estimó recaudar 284,432.3 millones de pesos por concepto de IEPS a combustibles; sin embargo, si restamos el costo del estímulo fiscal, la recaudación del IEPS se redujo a un monto neto de 218,503.3 millones de pesos.
El investigador del CIEP destacó que el aumento en el precio de la mezcla mexicana, con respecto al estimado en los Criterios Generales de Política Económica en 2017, implicó mayores ingresos petroleros; no obstante, fueron inferiores al gasto que significó el estímulo fiscal, de manera que el saldo final por un alza en el precio de la mezcla mexicana fue de -27,991.9 millones de pesos en 2017, equivalente a nueve veces el presupuesto aprobado para 2018, en conjunto, de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En México, consumir gasolinas y diésel implica pagar diferentes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como la cuota federal, cuota estatal y cuota de carbono. Sin embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el precio final de los combustibles, con el fin de estimular su consumo.
De acuerdo con el CIEP, el año pasado el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación tuvo una tendencia creciente, por lo que el Gobierno federal aumento el estímulo fiscal a gasolinas y diésel para suavizar el impacto del alza en los precios.
En lo que respecta a la cuota de carbono, ésta es fija durante el año y se actualiza anualmente con la inflación. En 2017, la cuota fue de 11.41 centavos por litro para las gasolinas y de 13.84 c/L para el diésel. Este tipo de impuestos, cuyo objetivo es encarecer el consumo de combustibles fósiles, es una de las herramientas más efectivas y baratas de reducir las emisiones de CO2 .
No obstante, el impacto de esta cuota fue superado por el estímulo fiscal, que en 2017 tuvo un valor promedio anual de 1.36 pesos, 0.24 centavos y 1.44 pesos para la Magna, Premium y diésel, respectivamente. Es decir, el estímulo fiscal fue 11.9 veces mayor que la cuota al carbono para la Magna, mientras que fue superior en 2.1 y 10.4 veces para la Premium y diésel, respectivamente.
“Habría que cuestionarse si el objetivo de la cuota al carbono, que es internaciolizar los costos ambientales que el consumo de combustibles fósiles genera al medio ambiente, va acorde al la política recaudatoria del IEPS a combustibles”, destacó el CIEP.
El análisis del CIEP detalló que si bien un mayor precio del petróleo puede traer mayores ingresos petroleros, el beneficio adicional podría verse disminuido por la pérdida del potencial recaudatorio que el estímulo fiscal ejerza sobre el IEPS a combustibles, como sucedió en 2017.
La Reforma Energética, que fue la acción política más importante de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene ahora un saldo negativo para la economía nacional y para los bolsillos de las familias mexicanas, lo que por primera vez se ha expresado con molestia por parte de los ciudadanos, quienes incluso se han lanzado a las calles para protestar contra medidas como los llamados “gasolinazos” y las alzas continuas a las tarifas eléctricas.
Desde los primeros días de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la población fue bombardeada con promesas que buscaban la aprobación social de la Reforma Energética. En los eventos públicos se hablaba de ella y se pagaron millones en publicidad para convencer que sería sinónimo de modernidad para el país.
No sólo fue la Presidencia de la República, el discurso también lo tomaron el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Codwell, quien hasta hoy permanece en el cargo.
Hubo también promesas de otra índole: que bajarían los costos de la gasolina y de la electricidad, que habría 500 mil nuevos empleos en el sector, que se crearía mayor infraestructura, que no se tendría que recurrir a mayor endeudamiento público y que los índices de crecimiento serían positivos.
Pero hoy, a cuatro años de la aprobación de la Reforma Energética, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se prometió en 2013. Ni para los hogares mexicanos ni para el propio Gobierno.
En 2017, de acuerdo con el más reciente reporte de Pemex, el 71.58 por ciento de la gasolina utilizada por los mexicanos fue importada. Hubo un total de 570.6 miles de barriles diarios traídos del extranjero, especialmente de Estados Unidos. La cifra es histórica: es un aumento de 12.96 por ciento respecto a 2016 y es la más alta desde que se tiene registro (2006).
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el costo de las gasolinas en México de 2012 hasta el 29 de noviembre de este año se ha incrementado en un 60 por ciento.
La SHCP gastó 67 mil 900 millones de pesos durante 2017 en cubrir el estímulo fiscal que se ha aplicado para amortiguar los precios de la gasolina y diésel.
