Reforma – 28 de Agosto, 2014

Una intensa campaña gubernamental lleva como idea fuerza la frase “estamos moviendo a México”. En una incesante difusión de spots de radio y televisión, el propio presidente Enrique Peña Nieto habla de obras de infraestructura que se han iniciado, escuelas y hospitales inaugurados, programas sociales que reconocen y atienden el hambre, y reformas que permitirán enfatiza explotar al máximo los recursos energéticos.

De cara a su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente dice en esos spots que no hay que esperar a que México se empiece a mover un martes o un jueves, “como si tuviera una fecha en el calendario”. Y repite: México ya está en movimiento.

Asegura Peña Nieto que las reformas estructurales, “audaces y reconocidas mundialmente”, son signo de ese movimiento. Y da por cerrado el ciclo reformador surgido del Pacto por México.

Pero los expertos afirman que las reformas son, si acaso, el piso para emprender un cambio de rumbo, y apuntan al menos tres grandes áreas en donde los resultados aún no están a la vista: crecimiento económico, inseguridad y violencia, y combate a la corrupción.

Tres asuntos cruciales en los que México aún no está en movimiento.

ECONOMÍA: EL CRECIMIENTO NO LLEGA

Comenzó su gobierno en medio de la euforia por lo que en el mundo se denominó el Mexican Moment. Veinte meses después, la expectativa de que México despuntaría como potencia económica durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se desvaneció.

En lo que va de la presente administración, el Congreso aprobó una reforma fiscal que creó nuevos impuestos e incrementó otros ya existentes; el Ejecutivo federal anunció una inversión histórica de 7.7 billones de pesos en infraestructura para el resto del sexenio; el Presupuesto de Egresos de la Federación registró una cifra récord de cerca de 4.5 billones y, según la Secretaría de Hacienda, desde el primer día de 2014 la administración federal comenzó a ejercer puntualmente los recursos públicos.

A pesar de ello, el crecimiento económico es uno de los grandes pendientes del actual gobierno. Cifras del Banco de México señalan que el año 2013 inició con una expectativa de crecimiento económico de 3.55 por ciento; para el cierre de ese año, el crecimiento registrado fue de sólo 1.3 por ciento.

En 2014 la meta de crecimiento también ha caído prácticamente de manera ininterrumpida. En enero la estimación era de 3.4 por ciento del PIB; para julio pasado dato más reciente el Banco de México la redujo a 2.56 por ciento; mientras que Hacienda la mantuvo en 2.7 por ciento.

Como consecuencia, el mercado laboral tampoco ha mejorado a pesar de que la actual administración arrancó con una reforma laboral promulgada un mes antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón.

Datos del IMSS indican que, entre diciembre de 2012 y julio de 2014, se crearon cerca de 904 mil nuevos puestos de trabajo formales, muy por debajo del millón de empleos anuales que, como candidato presidencial, Peña Nieto admitió como una necesidad para el país.

El mercado interno tampoco ha despuntado debido a la pérdida de poder adquisitivo de la población. En lo que va de la presente administración, el salario mínimo promedio aumentó sólo 5 pesos (de 61 pesos diarios en diciembre de 2012 a 66 pesos diarios en 2014). Desde 2011, el salario mínimo crece, en promedio, 5 pesos anuales.

Ante ello, el poder adquisitivo de las familias se redujo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que en el cuarto trimestre de 2012, las familias tenían un ingreso laboral promedio mensual para satisfacer sus necesidades básicas de mil 592 pesos; para el segundo trimestre de 2014, ese ingreso se redujo a mil 516 pesos.

En contraste, entre 2013 y julio de 2014, el precio de la canasta básica para el ámbito rural se incrementó de 824 pesos a 860 pesos; mientras que para el urbano aumentó de mil 159 pesos a mil 232 pesos.

Para Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el deterioro económico del país se explica por el débil desempeño de la economía estadounidense, el desconcierto generado por la reforma fiscal aprobada el año pasado que congeló las inversiones temporalmente y el retraso en el ejercicio del gasto público por parte del gobierno federal.

El economista señala que, si bien reformas como la fiscal y la energética fueron aprobadas con el argumento de que activarían la economía del país, los efectos de éstas no se reflejarán en el corto plazo; de ahí que la proyección de crecimiento para este año es de alrededor de 2.56 puntos porcentuales, cifra inferior a los 3.4 puntos proyectados originalmente.

“Es muy probable que (con la reforma energética) sí vengan inversiones muy importantes, pero esto no va a ocurrir inmediatamente. Nosotros estamos estimando un horizonte de dos o tres años para que, como motor de la economía, esté funcionando bien por ahí del 2017”, sostiene.

Villarreal advierte que dicho plazo conlleva un problema financiero, pues el gobierno federal ha contraído compromisos que deberá fondear en tanto comience la aplicación de las reformas.

“Se habla de un gasto en infraestructura enorme, de todo esto de la seguridad social, de la expansión de los servicios de salud; el secretario de Hacienda acaba de declarar que se le va a dar particular importancia al gasto social y a nosotros no nos salen las cuentas, ¿de dónde van a sacar los recursos?”, cuestiona.

El economista advierte sobre la posibilidad de que estos compromisos se financien con deuda pública. “Pareciera que un tema que este gobierno ya sacrificó es que vamos a tener que seguir adquiriendo deuda en los próximos años. Difícilmente el gobierno va a cumplir con todo lo que dijo sin recurrir a déficit importantes en lo que resta del sexenio”, indica.

Ante este panorama, Villarreal sostiene que, aunque la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto registrará crecimientos económicos importantes derivados de los efectos de las reformas estructurales, ésta también se enfrentará a grandes presiones financieras derivadas del déficit y los compromisos adquiridos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN: COMPROMISO OLVIDADO

Fue el primero de los 266 compromisos que firmó ante notario público como candidato presidencial, el tema principal de las primeras dos iniciativas formales enviadas al Congreso como Presidente electo y el argumento de fondo para la aprobación de las reformas estructurales más importantes. A pesar de ello, el combate a la corrupción es la agenda que menos avances registra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, la actual administración propuso tres acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción: crear una Comisión Nacional Anticorrupción, establecer un órgano que vigile los contratos de publicidad entre el gobierno y los medios de comunicación y otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Los tres puntos provenían de la agenda que el candidato Peña Nieto se vio obligado a asumir luego de que el movimiento #YoSoy132 irrumpiera en la campaña presidencial enarbolando esas banderas. Lo prometió, de hecho, al día siguiente de las elecciones en las que ganó con suficiente ventaja.

Veinte meses después, sólo la tercera propuesta ha sido aprobada; la primera se encuentra atorada en la Cámara de Diputados y la segunda ni siquiera ha sido presentada.

En noviembre de 2012, todavía como Presidente electo, Peña Nieto presentó, a través de los senadores del PRI y el PVEM, sus primeras dos iniciativas de reforma al Congreso. La primera proponía la extinción de la Secretaría de la Función Pública; la segunda planteaba la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que no sólo sustituyera a la SFP sino que contara con autonomía y facultades para prevenir, investigar y sancionar administrativamente actos de corrupción cometidos por funcionarios de los tres órdenes y niveles de gobierno, así como de particulares.

La iniciativa proponía también crear un Consejo Nacional para la Ética Pública, un organismo ciudadano cuyo objetivo sería desarrollar acciones de mitigación y de coordinación de las instancias encargadas de prevenir y combatir la corrupción en el país.

En enero de 2013 fueron aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales establecieron la desaparición de la SFP. No obstante, la creación de la CNA, instancia que la sustituiría, continúa en un impasse debido a los desacuerdos entre los principales partidos políticos respecto a sus atribuciones y autonomía.

El PRI proponía que la CNA dependiera del Ejecutivo y que se le otorgaran facultades para sancionar administrativamente los casos de corrupción; mientras que PAN y PRD buscaban que este nuevo organismo fuera autónomo y con atribuciones para perseguir delitos solicitando incluso cateos y detenciones.

Lo anterior dejó en la indefinición no sólo el modelo de combate a la corrupción de la nueva administración, sino el que opera actualmente. Desde hace año y medio, la SFP funciona con un encargado de despacho: el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones, Julián Alfonso Olivas, quien dirige una Secretaría desmantelada, pues la reforma implicó también la desaparición de los Órganos Internos de Control oficinas de la SFP integradas a la estructura orgánica de cada dependencia del gobierno federal. Hoy, la labor de control en cada instancia gubernamental la ejerce, otra vez, un funcionario nombrado por los titulares de las instituciones a las que debe auditar.

Con nivel de subsecretario, el contralor en funciones, no forma parte del gabinete legal.

Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, en marzo pasado se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción que depende de la PGR.

Actualmente dicha Fiscalía es inoperante, ya que no cuenta con titular y, según lo declarado por Peña Nieto el 19 de agosto pasado en el programa Diálogos a Fondo, “habrá que ver cómo se concilia con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción”.

Además, esta Fiscalía es mucho más acotada. La iniciativa de creación de la CNA plantea que ésta tenga injerencia en los tres niveles y órdenes de gobierno; mientras que la Fiscalía tiene facultades sólo en el ámbito federal.

Para el investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo, esta indefinición es una responsabilidad compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“En donde no se han construido las coaliciones que permitan avanzar en aprobar esta reforma es el Legislativo. Del lado del Ejecutivo hay un problema que, efectivamente, es esta definición de qué ocurrirá con la SFP, porque nos quedamos en un esquema en el cual no hay el ímpetu, no es un actor que pueda lanzar nuevas estrategias”, sostiene.

La CNA no es la única propuesta en la congeladora. Tampoco se ha conformado el Consejo Nacional de Ética Pública y la propuesta de creación del organismo encargado de vigilar la contratación de publicidad gubernamental ni siquiera se ha presentado.

Temas incluidos por el Ejecutivo, el PRI, el PAN y el PRD en el Pacto por México, pero que no merecieron el mismo “impulso reformador”, el empeño y las horas de negociación que dieron paso a las otras reformas.

Hasta ahora, la única iniciativa aprobada es la que amplía las facultades del IFAI: en febrero de 2014, se promulgó la reforma en transparencia que otorga autonomía al Instituto, además de facultarlo para atraer y resolver cualquier solicitud de información no sólo del gobierno federal sino de entidades federativas y de cualquier institución que reciba recursos públicos, incluidos partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

Con las reformas anticorrupción inconclusas, el 12 de agosto pasado, tras la promulgación de la reforma energética, Peña Nieto declaró concluido el ciclo reformador.

Guillermo Cejudo advierte que el impasse en la aprobación de la reforma en materia de combate a la corrupción no es asunto menor, pues pone en riesgo la implementación y los resultados de las reformas.

“Este conjunto de reformas supone esencialmente que tenemos una administración pública capaz, integrada y funcional, que tenemos un sistema federal que permite la cooperación y la delimitación clara de responsabilidades y competencias y que tenemos mecanismos de rendición de cuentas que permiten que las cosas se vigilen, se corrijan y se mejoren, y la verdad es que las tres cosas son supuestos, no es la realidad. Si no se trabaja para convertir esos supuestos en realidad, vamos en el proceso de implementación a encontrar serios problemas en todas las reformas”, advierte.

El académico sostiene que el país está en un momento clave para modificar de fondo el sistema de transparencia y combate a la corrupción o seguir padeciendo los efectos negativos de ésta en el desarrollo del país.

Diez días después de ganar las elecciones presidenciales de 2012, apremiado por la agenda pública impuesta entre otros por los jóvenes del #YoSoy132, Enrique Peña Nieto se comprometió a combatir la corrupción, describiéndola como un mal que debía ser atacado urgentemente.

En la entrevista colectiva organizada por el FCE, en la víspera de su informe de gobierno, la describió como “un tema de orden cultural” y dijo que espera que ésta se vaya combatiendo con medidas de largo plazo, como la reforma educativa.

La oposición en el Senado reaccionó, anunciando que impulsará que se retome el compromiso que hizo el Presidente en campaña y se cree la Comisión Nacional Anticorrupción.

Peña Nieto ya dio por concluido el “ciclo reformador”, pero este tema que, según especialistas, es urgente e imprescindible para el funcionamiento de las demás reformas volvió ya a la agenda pública.

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