El País – 19 de agosto de 2015

México ha colocado una red de protección financiera sobre sus Estados y municipios. Los distintos escalones de la administración tendrán que apretarse el cinturón. Dos años después de la aprobación de Ley de Disciplina Financiera, el Gobierno ya tiene preparada la letra pequeña. La definitiva puesta en marcha de la norma, que llega en un contexto general de contención de gasto por la merma de ingresos petroleros, pretende prevenir y corregir la inflamación excesiva de la deuda de algunos Estados. El límite máximo será del 10%, pero solo para aquellas entidades saneadas. La ley establece incluso la prohibición de seguir engordando la deuda pública para los Estados que presentan desequilibrios muy acusados.

La deuda municipal y estatal de México representa apenas 3% del PIB, pero su progresión en los últimos años ha sido vertiginosa. Si en 2009 rondaba los 15.000 millones de dólares, al cierre del año pasado se había multiplicado por dos: 30.000 millones, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La tendencia del endeudamiento ha sido creciente en algunas entidades, e incluso algunas ya presentan problemas para el pago a contratistas y proveedores”, reconoció este martes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, durante la presentación de la normativa. Además de los nuevos límites al endeudamiento, los canales de financiación de los Estados se estrecharán en el corto plazo también por otra vía. El Gobierno federal asestó a comienzos de año un severo tijeretazo al gasto público. El recorte de casi 9.000 millones de dólares adelgazará considerablemente los presupuestos federales para el año que viene, incluyendo las transferencias del Estado central a las entidades federativas.

La deuda municipal y estatal representa el 3% del PIB, pero su volumen se ha multiplicado por dos desde 2009.

Un reciente informe de la agencia Moody’s alertaba de la tendencia a apostar por más deuda ante un contexto de menores transferencias federales. “Los niveles de deuda de los estados históricamente han tendido a aumentar a medida que las participaciones del Estado crecen más lentamente o disminuyen”, apunta el informe.

Con esta legislación México busca ordenar y disciplinar la autonomía financiera de las entidades a través de medidas prudenciales como el límite al crecimiento del gasto en servicios personales, priorizar el destino de los ingresos excedentes en la amortización de deuda y en la ejecución de proyectos de inversión. Se establecen también restricciones a la herencia de deudas. Los gobiernos salientes deberán saldar sus compromisos tres meses antes de concluir su mandato.

El paquete normativo también prevé nuevos mecanismos de medición y control de balance fiscal de Estados y municipios. La creación del Registro Público Único pretende ser un foco de transparencia en el que los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán hacer públicas todas sus obligaciones financieras.

Los Estados con un mayor endeudamiento son el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. En todo caso, del total de 32 entidades, 21 tiene un nivel de endeudamiento menor que el Estado (en torno al 40%). Además, según un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre la evaluación del apalancamiento público en la última década, el perfil crediticio de los Estados ha mejorado. La tasa media de interés es menor a la de hace una diez años y el plazo es más largo.

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