Ante una reforma energética, está presente la posible modificación al sector eléctrico, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), monopolio público, tiene un papel central. Este cambio a la constitución surge principalmente, en un contexto donde las finanzas de dicha comisión son deficitarias. En este boletín se describe el contexto financiero de CFE, las propuestas de los tres principales partidos políticos, así como, las implicaciones en las finanzas públicas que cada una conlleva.

Contexto Financiero de la CFE

En el año 2012, la empresa paraestatal con el objetivo de otorgar menores precios a la sociedad mexicana asumió un subsidio de 77,036.2 millones de pesos (mdp) de los cuales 44,779.1 se subsanaron con el pago del aprovechamiento a favor del Gobierno Federal restando 32,257.1 mdp del subsidio que no se cubren con el aprovechamiento. Aunado a ello, se descontaron del patrimonio de CFE 33,452.9 mdp, de los cuales 23,695.7 mdp pertenecen a la pérdida de ejercicio, sin contar el déficit financiero de 32,257.1 mdp ocasionado por el subsidio. En los primeros seis meses del 2013, el patrimonio de la empresa disminuyó en 35,520.0 mdp; cifra superior a la registrada en todo el año anterior. Por ello, de continuar las tendencias actuales el patrimonio neto de la empresa será negativo a finales del año 2014. Incluso, en el año 2012 hubo pérdida en la operación por 10,495.7 mdp. Los elevados costos administrativos [1] en su operación, en unión con la disminución del patrimonio, muestran la situación financiera por la que pasa dicha institución.

Además, las tarifas no son competitivas y la complejidad del esquema tarifario ocasiona un déficit de transparencia y claridad en el cálculo de los montos a pagar por los usuarios. Promediando todas las tarifas, incluyendo el subsidio, son 25% superiores a las de Estados Unidos de América (EE.UU.) [2] con diferencias mayores en segmentos clave de la industria y el comercio, lo que representa mayores costos de producción para la economía mexicana. En el primer trimestre de 2013, las  tarifas residenciales de la CFE fueron 14% menores a las equivalentes en EE.UU. incluyendo la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que no cuenta con subsidio. Sin embargo, la tarifa DAC por si sola es 149% mayor a la residencial promedio del país vecino mientras que las tarifas residenciales subsidiadas son 24% menores. Esto equivale a un monto subsidiado de 57,016 mdp, cercano al 0.75% del PIB en el mismo periodo. Por otra parte, el esquema tarifario de la CFE maneja, aproximadamente, 300 cuotas diferentes entre todos los sectores. Dependiendo de cada uno es la estructura por lo que pueden modificarse conforme cambia la demanda consumida, según la región, y  sí se está o no en verano, por mencionar algunas variantes.

Por otro lado, se encuentran la antigüedad de las líneas de transmisión, las pérdidas a nivel de la distribución y el desabasto de gas natural. El 47% de las líneas de transmisión de la CFE tienen más de 20 años de antigüedad y en los últimos 5 años, se ha construido solo el 8% de éstas. Además, a nivel de la distribución tuvo pérdidas que en promedio varían entre el 16.0 y el 18.0% y en algunas zonas del país son cercanas al 30.0% porcentajes mayores en comparación con el 6.0% de la producción de EE.UU. Mientras que el desabasto de gas natural en el mercado interno obliga a la CFE a sustituir gas natural por combustóleo aumentando directamente sus costos de producción con 18,900 mdp en 2012 y 8,400 mdp en el primer cuatrimestre de 2013.

Propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto

La propuesta de reforma del Presidente Enrique Peña Nieto, respaldada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea incluir la participación de particulares en busca del desarrollo del sector. Es decir, se busca abrir un mercado de generación de electricidad sin que el Estado pierda la rectoría en el control del Sistema Eléctrico Nacional ni la exclusividad de transmitir y distribuir la energía. Esto se justifica pues en la estructura actual del sector la ausencia de un mercado que permita vender capacidad y energía a clientes, distintos a la CFE, ha aumentado el riesgo de inversión y ha concentrado los beneficios de la participación privada en pocos actores, lo que se ha traducido en costos económicos y financieros que se trasladan a los usuarios finales. El Gobierno Federal a través de la reforma busca acceder a diversas fuentes de energía confiables, limpias y a precios competitivos. De forma más específica, busca reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas para prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de la CFE; así como, diversificar la matriz de generación para hacerla más limpia y flexible.

La forma de llevarlo a cabo será contando con una entidad/operador independiente que realizará la planeación y la operación de la red de transmisión, es decir, que controle la operación del Sistema Eléctrico Nacional, el cual seguirá a cargo del Estado. También, el Estado mantiene la titularidad sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica. Sin embargo, CFE podrá celebrar contratos con particulares es decir, podrá auxiliarse de terceros para proveer el servicio.

En síntesis, la propuesta del PRI busca disminuir el déficit financiero abriendo al sector privado el área de generación con la idea de reducir los costos de producción. Busca crear un operador independiente que planifique la red de transmisión y supone que ante la apertura se modernicen las líneas de transmisión y con ello, poder invertir en generar electricidad más limpia. Sin embargo, no se aborda el déficit de transparencia dentro de la comisión, ni las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Además, queda pendiente la clarificación y simplificación del esquema tarifario, y del financiamiento del subsidio, así como, una mayor actuación de dicha comisión.

Propuesta del PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) propone una reforma para el sector eléctrico cuya motivación es su modernización y competitividad. En concreto propone una reforma a la constitución que elimine las restricciones a la competencia en el sector y posteriormente una reforma legal que separe las funciones de la CFE (es decir, distintas filiales) en actividades de generación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica. Con el objetivo de lograr un competencia plena en las áreas de generación y comercialización.

Por otro lado, propone transformar el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) en un Operador Independiente del Sistema y del Mercado (OISM). El Estado dictaría las políticas en materia energética y tendría a su cargo el OISM. Replantea el papel de la Secretaría de Energía (SENER) y de la CRE. Establece que la SENER sería la responsable de la política y la planificación del sector eléctrico mientras que la CRE regularía la transmisión y distribución (tarifas, condiciones contractuales, calidad del servicio) y vigilará la competencia en generación (a través de permisos y reglas de mercado), incluida la CFE. En específico, tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares, fomentaría la sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios y propiciaría una adecuada cobertura nacional.

La propuesta replantea la forma de trabajar de la CFE al establecer que contará con autonomía de gestión, no sería parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, estaría sujeta a un techo financiero y a un nivel de capitalización. Aparte de, busca substituir el programa de subsidios generalizados por uno de subsidios focalizados en los insumos energéticos.

En resumen, la propuesta del PAN contempla modernizar al sector permitiendo la competencia plena en las áreas de transmisión y distribución. Es decir, supone que ante la competencia, la CFE enfrentará menores costos de producción, los usuarios tendrán menores precios por el servicio (por lo que deja de lado la reestructura del esquema tarifario de la CFE) y se modernizaran las líneas de transmisión. También, contempla la implementación de un operador independiente y explica, en detalle, la nueva forma de trabajar de la SENER y CRE otorgándoles más facultades para regular el sector. Establece la autonomía de la CFE y propone que tenga definido un techo financiero así como el nivel de capitalización; esto en aras de disminuir el déficit financiero y la disminución en el patrimonio que la paraestatal ha tenido en los últimos años. Asimismo, propone una cambiar el esquema actual de subsidios por uno más enfocado.

Propuesta del PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone ordenar el sistema de precios y tarifas para que refleje el costo real de la energía, del funcionamiento del sistema de suministro, y de los impactos ambientales con la finalidad de propiciar el uso eficiente de la energía. A su vez, propone modificar el programa de subsidios por uno focalizado en beneficiar a los que realmente los necesiten.

Finalmente, la propuesta del PRD se concentra en dos ideas, modificar los esquemas de subsidios y tarifas eléctricas con la finalidad de que reflejen la realidad de sus costos de producción y ambientales. Es decir, busca que el nivel tarifario promueva el uso eficiente de la energía y que los subsidios también, estén enfocados. Sin embargo, deja de lado, el otorgar mayores facultades a la CRE, no aborda el déficit financiero, ni las pérdidas en la distribución, ni la antigüedad de las líneas de transmisión que enfrenta la comisión.

Comentarios Finales

Tomando en cuenta el contexto financiero se pueden analizar las circunstancias bajo las que opera el sector eléctrico y ante esto, identificar las implicaciones de cada una de las propuestas en las finanzas públicas de éste. El contexto menciona por el lado financiero los altos costos administrativos, las pérdidas de operación, las pérdidas de patrimonio, y el déficit financiero a causa del subsidio. Por el lado de los activos se menciona la antigüedad de las líneas de transmisión mientras que la operación del sector está sujeta a pérdidas al momento de distribuir el servicio y a la restricción sobre la compra de combustibles (insumos), es decir, altos costos de producción. Dichos puntos son a los que hay que prestar atención ante una reforma a la CFE y son en estos puntos en los que los partidos políticos deberán ponerse de acuerdo.

Ver referencias

[1] En el 2012, los costos por obligaciones laborales ascendieron a 44,940.8 mdp es decir, el 14.0% del total de costos y gastos de la operación.

[2] La comparación se hace con EE.UU. por ser el país con el que México tiene una mayor relación comercial es decir, en el 2012 destinó el 78.1% de sus exportaciones manufactureras no petroleras a este país. Además, el sector manufacturero del país vecino está creciendo (lo cual implicaría una disminución en las exportaciones de México) debido a los bajos costos de electricidad que actualmente enfrenta.