La población atendida por el Instituto Nacional y Estatales de la Educación para Adultos (INEA e IEEA)  apenas alcanza al 7.0% de los 31.8 millones de mexicanos[1] (35.7% de la población total) que no saben leer ni escribir o tienen primaria y secundaria incompleta[1]. El presupuesto para atender esta política pública (subfunción Educación para Adultos) no ha representado más del 1.7% de todo el presupuesto educativo desde el 2006 (Ver Gráfica 1). Este nivel de presupuesto asignado, nos muestra el nivel de prioridad que tiene el rezago educativo dentro de las políticas públicas educativas.

Para este año, el presupuesto bajo la subfunción Educación para Adultos es de 5,388.6 mdp (0.8% del PEF asignado a educación, 0.11 del PEF total y 0.03% del PIB)  distribuido en cuatro programas (Ver Anexos). De estos cuatro programas, únicamente “Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)” cuenta con Reglas de Operación que especifican en qué y cómo los 3,050.12 mdp de su presupuesto deben ser gastados. El segundo programa con mayores recursos es el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el cual únicamente cuenta con fórmulas para determinar la distribución del fondo entre las entidades pero no tiene lineamientos o criterios que precisen cómo las entidades deben ejercer los 2,233 mdp (41.2% del presupuesto de la subfunción Educación para Adultos) que el FAETA les otorgo para cubrir sus gastos de prestación de servicios educativos.

En línea con lo anterior el presente boletín analiza dos puntos 1) cuál ha sido la proporción del gasto en educación para adultos con respecto al gasto total en educación, con el fin de conocer el lugar que toma dentro de las prioridades del Gobierno Federal 2) cuál es la relación entre cobertura, porcentaje de rezago educativo y porcentaje recibido del FAETA en cada entidad federativa para este 2015, con el objetivo de mostrar si el modelo del FAETA retribuye en mayor medida a las entidades que han logrado alcanzar mayor cobertura de atención o a las que presentan mayor porcentaje de rezago educativo con respecto a su población total mayor a 15 años de edad.

El rezago educativo en los adultos y su importancia en el gasto público educativo

En el 2006, la subfunción Educación para Adultos representaba alrededor del 1.7% del presupuesto educativo, desde ese año el monto asignado a este rubro ha disminuido gradualmente en proporción al gasto total en educación llegando a .08%, el porcentaje más bajo después del asignado en 2014[2]. Los porcentajes muestran que entre la subfunción Posgrado y Educación para Adultos tuvieron una reasignación de sus presupuestos ya que a partir del 2013, el presupuesto de Posgrado ha aumentado y el presupuesto de Educación para Adultos ha disminuido, casi en las mismas proporciones.

Gráfica 1

Elaboración propia CIEP

El presupuesto de la subfunción Educación para Adultos es cien por ciento gasto corriente y se divide en 24 objetos de gasto. Los cuatro grandes tipos de gasto en los que se divide este presupuesto son aportaciones, subsidios, ayudas sociales y servicios de arrendamiento (Ver Gráfica 2). Para proveer los servicios de educación, el INEA se basa en una red solidaria conformada por actores, personas y organizaciones de los sectores público, privado y social que apoyan los servicios educativos que ofrece el Instituto. Por ser una red solidaria, no existe entre sus objetos de gasto el de remuneración de servicios personales; en su lugar se encuentran ayudas sociales y subsidios.

Gráfica 2

Elaboración propia CIEP

Existen otros dos programas (Actividades de apoyo administrativo y Prestación de servicios de educación técnica) que conforman el presupuesto de educación para adultos (Ver Anexos) que tampoco cuentan con reglas de operación, lineamientos ni criterios que definan el cómo sus recursos deben ser distribuidos, más allá de la clasificación de sus objetos de gasto. Estos dos programas representan el 2.13% del presupuesto asignado a la subfunción Educación para Adultos (0.02% del PEF total).

FAETA y cobertura atendida

El FAETA asigna los recursos entre las entidades federativas, de acuerdo a una fórmula[1] que considera el registro de planteles, presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior y cobertura, con el fin de apoyar a los estados a cubrir sus costos de servicios de educación. El FAETA no  especifica qué porcentaje del monto recibido deben destinar al pago de figuras solidarias (aquéllos que facilitan el aprendizaje), costos de arrendamiento, apoyos monetarios a los beneficiarios, entre otros conceptos de gasto, conceptos que sí son especificados en las reglas de operación del programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA).

La entidad que recibe más recursos provenientes del FAETA es el estado de Veracruz (2,233 mdp), seguido por Chiapas (156.17 mdp) y el Estado de México (140.54 mdp). En cuanto a rezago educativo, el mayor porcentaje se presenta en el estado Chiapas (54.4%), Oaxaca (51.8%), Michoacán (50.4%). La cobertura[3] de atención más alta se alcanza en Querétaro (9,7%), Oaxaca (9,4%) y Chiapas (9.0%).

En términos de gasto por población atendida, los estados con menor gasto por estudiante son Chiapas, Oaxaca y Estado de México, que destina 898.6, 905.3 y 909.0 pesos respectivamente (Ver Anexos). El Estado de México, entre ellos, es el que menos cobertura alcanza (4.0%). Baja California Sur, Campeche y Nayarit con 6,625.4 , 3399.4 y 3327.8 respectivamente, presentan los gastos por estudiante más altos. Baja California Sur presenta el porcentaje de cobertura más bajo y ocupa el quinto lugar en rezago educativo a nivel nacional.

El FAETA no muestra una relación entre cobertura y presupuesto asignado (Ver Gráfica 3 y Anexos). Existen entidades como Veracruz (3.7%), Guanajuato (4.8%) y Michoacán (3.7%), que reciben 7.0%, 4.3% y 3.6% del FAETA (dentro de los diez primeros) y alcanzan las coberturas más bajas. De todos los estados, Nuevo León es el que tiene la menor cobertura alcanzada (2.4%) y no recibe recursos provenientes del FAETA porque no se ha suscrito a los convenios correspondientes que estipula el Ramo 33. [4]

Gráfica 3.

Elaboración propia CIEP

Conclusiones

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno en turno, tiene como una de sus cinco metas nacionales “México con educación de calidad para todos”. Esto implica que el presupuesto para llevar a cabo dicha política pública se distribuya de acuerdo a la demanda que tiene cada uno de los grupos de edad, desde los niños que asisten a educación básica hasta los adultos que no saben leer ni escribir o no tengan la escolaridad necesaria para poder desarrollar sus capacidades.

El presupuesto en el 2015 para ofrecer servicios de educación básica a 25.9 millones de niños representa el 71.6% del presupuesto educativo (432,274.7 mdp), mientras que el presupuesto con el objetivo de atender a 31.8 millones de personas con rezago educativo alcanza apenas el 0.8%, con una población atendida de 1,513,291 personas. Además del monto, son 2,338.5 mdp ( 43.3% del presupuesto asignado a la subfunción Educación para Adultos) que no cuentan con criterios que especifiquen el destino y asignación de sus recursos. La distribución del FAETA para este 2015 no muestra tener relación con la cobertura alcanzada por las entidades ni con el porcentaje de población con rezago educativo con respecto a su población mayor de 15 años.

[1] Cifras Oficiales reportadas por el INEA hasta marzo 2015. [2] Los presupuestos de cada subfunción para cada año se encuentran a precios corrientes, siendo el objetivo conocer la proporción que ocupa la subfunción Educación para Adultos y no la variación real que ha existido en su presupuesto asignado.[3] Para conocer variables, metodología y más detalles, consultar el aviso mediante el  cual se dan a conocer las fórmulas, así como las variables para la distribución de los recursos del FAETA disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382610&fecha=19/02/2015

[4] La cobertura se determina a partir de cuantas personas de la población objetivo son atendidas. La población objetivo representada por personas mayores de 15 años con rezago educativo y analfabetismo.[5] Esto también mencionado en la última revisión de la Cuenta Pública 2013 por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

Anexos