• Únicamente el 5.29% del presupuesto puede ser modificable en menos de un año y el 21.71% en el mediano plazo; el restante 73% es inamovible.
  • Un Presupuesto Base Cero incluye un análisis costo-beneficio de las medidas a implementar, además de evaluar otras alternativas para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ninguna de estas dos medidas es considerada por el Gobierno Federal.
  • Hay una población beneficiaria que depende del apoyo que proveen ciertos programas presupuestarios. Antes de quitarlos o recortar el presupuesto de dichos programas, se deberá revisar otras formas de compensar los beneficios que recibe la población.

México D.F., a 13 de abril de 2015.- La reingeniería del presupuesto con perspectiva base cero que pretende llevar a cabo el Gobierno Federal para 2016 no pone en práctica al 100% la metodología base cero creada en 1970. Además, el sector público cuenta con pagos obligatorios, ya sea por compromisos adquiridos en el pasado o por el marco legal, que vuelven solamente al 5.29% del presupuesto modificable en el corto plazo; es decir, en menos de un año. Es por eso que una verdadera reingeniería del gasto, y no una simple reducción, llevará tiempo y tendrá que ser gradual.

Lo anterior parte de un análisis que llevó a cabo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el que subraya que este 5.29% del presupuesto que cuenta con margen de maniobra son programas que no están comprometidos por una ley ni implican un servicio básico directo a la población, por lo que su asignación presupuestaria puede modificarse en el corto plazo.

Asimismo, la investigadora asociada del CIEP Sunny Villa Juárez, detectó que  21.71% de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),después de un amplio estudio de las posibilidades para mejorar su eficiencia, pueden ser modificados pero en el mediano plazo, cambiando la ley y/o revisando la política de gasto anual.

Entre los programas modificables detectados se incluyen los sujetos a reglas de operación (7.31% del PEF) como PROSPERA y el Programa de Inclusión Social y Pensión para Adultos Mayores; Otros subsidios (5.94% del PEF) como el Fondo de Cultura, Fondo Metropolitano y el Seguro Popular; y Específicos (4.92% del PEF) como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía y “Otras Actividades” del Poder Judicial.

La investigadora del CIEP agregó que lo que en realidad propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difiere de lo que, en estricto sentido, es una metodología de Presupuesto Base Cero, ya que no está contemplando los análisis costo-beneficio de las actividades a implementarse ni las alternativas para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La SHCP propone, en otras palabras, una reestructuración del gasto público donde se fusionen programas, se reorganicen las unidades administrativas, se contemplen las métricas de desempeño- aunque la mayoría de las evaluaciones existentes son de gestión, no de resultados ni de impacto- y que se asigne el gasto de operación y administrativo estrictamente necesario”, puntualizó Sunny Villa.

Bajo este esquema “si bien estas acciones son necesarias para buscar la eficiencia del gasto público, habrá que dejar para un ejercicio posterior la eficacia del gasto”, declaró la investigadora.

Asimismo, la metodología para llevar a cabo este tipo de presupuestación incluye pasos que el Gobierno Federal no ha anunciado. Un Presupuesto Base Cero supone que toda asignación de fondos debe justificarse cada año, a partir de cero, con base en su costo y su beneficio. Se deben de evaluar también otras alternativas para alcanzar los objetivos deseados y finalmente, se asigna un presupuesto a cada actividad con base en su costo-beneficio y en su objetivo.

Este tipo de presupuestación trae muchas ventajas, como eficientar el gasto por medio de planes, objetivos y métricas más claras, al igual que evitar duplicidades en las acciones a implementar; es el inicio para crear una cultura de coordinación por objetivos. Sin embargo, en el caso mexicano (donde se tiene una cultura de inercia presupuestal dividida en cientos de programas presupuestarios) implica un arduo trabajo.

Las distintas regulaciones al uso de los recursos públicos implican que partir desde cero sea una tarea, no sólo del poder ejecutivo, sino también del legislativo, dada la responsabilidad de cada uno en la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto. Además, la participación ciudadana y de las organizaciones civiles encargadas de vigilar el gasto público será indispensable en este proceso, para garantizar la objetividad y claridad de la asignación de los recursos públicos.

Primero se debe reconocer que hay compromisos ineludibles que sólo pueden ser modificados en el largo plazo. Además, existe una población que se beneficia de programas que han sido puestos en marcha a través de reglas de operación y actualmente depende de dichos apoyos. Antes de modificar las asignaciones de estos programas, se tendrá que buscar una forma de compensar los beneficios recibidos por la población”, remarcó Villa Juárez.

Actualmente existe la iniciativa 800voluntarios.com, que invita a la ciudadanía a participar en el análisis de los programas presupuestarios, mediante la adopción de un programa e investigación de la información disponible.

Más información disponible en el análisis publicado por CIEP:

ttp://ciep.mx/entrada-investigacion/restructuracion-del-gasto-publico-con-perspectiva-base-cero/