La Jornada – 11 de Junio del 2015

De representar un déficit fiscal para las finanzas públicas, las gasolinas y el diesel se convirtieron durante el primer cuatrimestre de 2015 en un importante ingreso para el gobierno federal, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), creado en 2010 por investigadores y académicos especializados en finanzas públicas.

“Del primer cuatrimestre de 2014 al primer cuatrimestre de 2015, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en gasolina y diesel pasó de ser un déficit de 11 mil 32 millones de pesos a una recaudación de 78 mil 679.9 millones de pesos”, explicó Fernando Ramones, investigador del CIEP.

La recaudación del IEPS por ambos combustibles subió debido al desplome que registró el precio internacional del crudo desde el año pasado. Esos 78 mil 679.9 millones de pesos representan una cifra sin parangón.

Hasta la fecha, los precios de la gasolina son fijados por el gobierno federal con el objetivo mantener un precio constante que no sea volátil ante los choques internos y externos de la economía, así que sólo son ajustados de manera paulatina conforme a la inflación del país y no obedecen a los vaivenes del mercado.

El CIEP advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe revisar desde ahora dicho gravamen, en previsión de que en 2018 dejará de fijar el precio de la gasolina y éste quedará sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional de petrolíferos, es decir a la oferta y la demanda.

“Ante la próxima apertura comercial de gasolinas en enero del 2018, la interrogante es cómo se recaudará el impuesto indirecto IEPS de gasolinas y diesel, cuando el precio de las gasolinas esté determinado bajo las condiciones de mercado internacional y no por disposiciones oficiales”, dijo Ramones.

Hasta antes de 2015, únicamente hubo dos años entre 2005 y 2014 en los que ambos combustibles aportaron ingresos a las arcas públicas. En 2005 con 23 mil millones de pesos y en 2009 con apenas 3 mil 969 millones de pesos.

Fuera de esos años, el IEPS de gasolinas y diesel resultó deficitario para el gobierno federal y la mayor caída fue por 278 mil 986 millones de pesos correspondientes a 2008, cuando comenzó la crisis financiera mundial. La segunda mayor caída del periodo fue apenas hace tres años cuando el déficit sumó 221 mil 466 millones de pesos, según el análisis del CIEP realizado a partir de estadísticas oficiales.

El investigador consideró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe determinar si se creará un nuevo impuesto al consumo para estos energéticos en función de las fluctuciones del mercado, determinar cuál será la cantidad óptima del mismo así como su vinculación con los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Se requerirá pensar en el objetivo del gravamen, acotó, “a sabiendas que los impuestos especiales existen con la intención de reducir las externalidades negativas tales como disminuir la contaminación y/o el tráfico vehicular”. También sugirió que se tome en cuenta la relación del impuesto con programas presupuestarios que vayan en función del objetivo de la externalidad negativa que se pretende reducir.

El IEPS actual para las gasolinas, explicó Ramones, está conformado por dos elementos, uno de índole federal y otro estatal, pero el incremento que ha registrado se debe principalmente por el primero. Sin embargo, ante la caída del precio del crudo internacional y, consecuentemente, la disminución del precio de las gasolinas de referencia que adquiere Pemex, el IEPS federal recaudado por litro de gasolina ha pasado de ser un gasto fiscal a un ingreso del gobierno.

Así que mientras el precio a la venta al público va a la alza, el otra cae porque va en la misma dirección que el precio internacional de referencia. La diferencia entre el precio de venta al público y el precio de ingreso a Pemex se debe, principalmente, a que los precios no se determinan según los movimientos de los mercados internacionales, sino que son parte de la lista de precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal. De esta forma, le corresponde a la SHCP establecerlos y revisarlos, según el artículo 31de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

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